No habrá paro de Subte: el gobierno de la Ciudad citó a una reunión con los trabajadores

Por: Alfonso de Villalobos

La medida de fuerza era para exigir una comisión que inspeccione los coches que podrían contener material cancerígeno que se constituiría este miércoles. Legisladores porteños pedirán interpelar a las autoridades responsables.

La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) decidió dejar sin efecto el paro de tres horas que había convocado para el miércoles entre las 5:30 y las 8:30 de la mañana. El propósito de la medida era reclamar la conformación de una comisión que inspeccionara los coches de la línea B que podrían contener asbesto. Se trata de un material cancerígeno que podría afectar la salud de los trabajadores de talleres que los manipulan pero que representar una amenaza también para conductores y hasta usuarios. 

La Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño, luego de una reunión mantenida con los representantes de la UTA, decidió convocar a los metrodelegados de la AGTSyP para este miércoles con el propósito de dar lugar a esa petición y, se presupone, dar inicio a un proceso de inspección para retirar de circulación en forma definitiva los coches CAF 5000 que tienen piezas construidas con ese material  y que ya fueron separados por los propios trabajadores. Pero la inspección deberá concentrarse, además, en revisar los coches modelo CAF 6000 que, sin ese material de origen, podrían contener piezas extraídas de los anteriores como repuestos circunstanciales. La práctica de utilizar coches fuera de circulación como proveedores de repuestos está muy extendida en los subterráneos de todo el mundo y también se la realiza en la industria aeronáutica. 

Esos reemplazos podrían haber sido realizados en Madrid de donde se originan ambos modelos que fueron desechados y donde se registraron tres casos de operarios enfermos de cáncer por asbestosis. La compra de más de 80 coches de ambos modelos se realizó cuando el actual presidente Mauricio Macri era Jefe de Gobierno y se ejecutaron mediante un procedimiento de compra directa cuestionado por no respetar el proceso de licitación.

Con todo, el conflicto podría extenderse toda vez que, según denunciaron delegados de diferentes talleres en una audiencia realizada ayer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires organizada por la banca del diputado porteño por el FIT-PO, Gabriel  Solano, el material cuestionado podría estar presente también en formaciones que circulan en las líneas C y E. En ese caso, la tarea de inspección debiera extenderse hasta tres de las seis líneas actualmente en funcionamiento.

Según los propios delegados presentes en la Audiencia, además, «se utilizan usinas y transformadores también sospechados de contener asbesto y cuestionados por los tipos de aceites que contienen (PCB y CFC) cuya utilización se encuentra prohibida desde hace diez años en todo el mundo. El CFC es considerada la quinta sustancia más contaminante a nivel global.». Por ese motivo reclamaron que también sean objeto de inspección. Por otra parte, exigen que la comisión establezca un proceso de revisiones médicas a los operarios que hayan estado en contacto directo con esos materiales para determinar el alcance del daño y se garanticen las medidas sanitarias adecuadas para, en caso de ser posible, subsanarlo.

En la misma audiencia el diputado  Gabriel Solano adelantó que, desde su banca, se hará una presentación por un pedido de interpelación al Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño Franco Moccia y al presidente de Sbase Eduardo de Montmollíon para que den respuesta sobre las compras directas de coches en estado de obsolescencia, el plan de saneamiento de las formaciones así como un pedido de impugnación de la suba del boleto en tanto “no tienen la autoridad para reclamar un tarifazo.”.

Los delegados, además, se mostraron preocupados por el fallo de la Corte que en los hechos les quito su personería gremial y por la defensa de su jornada de seis horas que, consideran, corresponde por la insalubridad de la tarea y que, sin embargo, se sostiene por una resolución fundamentada en “ruidos molestos” y que, por lo tanto, podría derograse con relativa facilidad. Denunciaron que ya son seis los operarios fallecidos en los últimos años como resultado de las condiciones de precariedad alrededor de las cuales desarrollan su labor.

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