En las reuniones que mantuvo con el gobierno, reclamó que la reducción se profundice y no sea temporal. La administración de Milei privilegia el superávit fiscal y el dólar barato.
El martes fue el turno de los representantes del Consejo Agroindustrial (CAA), quienes fueron recibidos por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex Afip), Juan Pazo, junto con otros funcionarios. Dos días después fue el turno de la Mesa de Enlace, esta vez en un mano a mano con Caputo.
En ambos encuentros no hubo acuerdo. Los empresarios agropecuarios intentaron sacarle al gobierno algún tipo de compromiso sobre la extensión de la quita de las retenciones o su profundización, de forma de que caigan a la mitad antes de fin de año.
La respuesta que obtuvieron fue una negativa rotunda a comprometer nada en ese sentido. Los integrantes de la Mesa de Enlace lo admitieron cuando enfrentaron a la prensa a la salida de la reunión en Economía.
Andrea Sarnaro, de la Federación Agraria, enumeró que ellos presentaron su pliego compuesto por retenciones, otros impuestos e infraestructura, pero que el resultado concreto fue muy limitado: “Tomamos algunos puntos para seguir trabajando juntos”, resumió.
Lo otro que se destacó fue que Caputo aceptó que él o sus funcionarios acompañarán a los dirigentes agropecuarios en giras por el país: “Que nos acompañen al interior para charlar con los productores y explicar cada medida que se vaya tomando”, dijo Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales (CRA), quien agregó que las partes realizarán reuniones cada dos meses.
De eso no se habla
Los escasos resultados contrastan con la situación que se vive n el conjunto del agronegocio, con problemas financieros extendidos en empresas proveedoras de insumos, productores medianos enojados por la pérdida de rentabilidad y pequeños prácticamente fundidos.
Quizá, lo que no está dando resultados es la estrategia de la Mesa de Enlace y del CAA de atarse a la suerte política del gobierno, por lo que no están dispuestos a llevar adelante críticas de fondo. El sector agropecuario es de los que en términos masivos esperaba un dólar caro y una caída sustancial de las retenciones. Ese sería el beneficio a cobrar de un gobierno considerado “amigo del campo” y al que respaldó ampliamente en las elecciones de 2023.
Pero el gobierno privilegia garantizar el pago de las deudas públicas en dólares y en pesos, lo que requiere de superávit fiscal y control del dólar. Esa elección le impide reducir o eliminar las retenciones, por su peso enorme en la recaudación, y elevar el valor del dólar, por su impacto en la inflación y en su proyecto político.
El nivel de las retenciones se ha vuelto especialmente irritante en un contexto de subas de los costos en dólares por el peso caro, de precios bajos por la guerra comercial global y de menores rindes (o producción) por la sequía.
La vía de escape que significaba la relativa facilidad de crédito en dólares, por la abundancia de divisas tras el blanqueo, dejó de ser una opción con los defaults y posteriores concursos de acreedores de Los Grobo, Agrofina y Rumbos.
La firma Bioceres, que ocupa un lugar relevante en el negocio de semillas y cotiza en el Nasdaq de Estados Unidos, advirtió en su último balance que estas “condiciones macroeconómicas” y el “clima desfavorable” derivaron en un “cambio significativo” en el comportamiento de los productores, que compraron menos insumos. Cálculos del mercado aseguran que ese retroceso se parece aun derrumbe del 30% respecto del promedio de los últimos cinco años. Esa caída de uso de insumos podría provocar cosechas menos rendidoras.
Mañana, la Sociedad Rural de Río Cuarto realizará una asamblea de productores para discutir todo este escenario. Se esperan críticas duras y pedidos de acciones directas.
A apenas tres días de la apertura de los sobres, la licitación de la Vía Troncal Navegable (la hidrovía) agregó un nuevo escándalo: el miércoles pasado, el gobierno removió a la cúpula de la entidad oficial que lleva adelante la compulsa.
Aunque el gobierno trató de calmar las aguas, distintos sectores involucrados con la hidrovía criticaron la medida.
Esta decisión crea más presión sobre una licitación muy cuestionada: la firma belga Dredging Internacional (DEME) presentó una cautelar en la Justicia y la UIA, entre otras entidades, pidieron su postergación.
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