Los datos surgidos del anteúltimo censo revelan que se trata de un porcentaje mayor al de Qatar. Las frecuencias más altas se dan en el noreste del país. Preparan una campaña para visibilizar, desnaturalizar y prevenir esta situación.
Se considera matrimonio infantil cuando al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años, según los Comités de la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención de los Derechos del Niño, que reconocen que el matrimonio y las uniones infantiles afectan más a las niñas a nivel global. Es considerada una modalidad de violencia de género contra las niñas y una forma de matrimonio forzado.
América Latina y el Caribe es el tercer continente con mayor incidencia de matrimonios y uniones infantiles: el 25% de las mujeres se unen antes de los 18 años. A nivel global, los matrimonios infantiles disminuyeron en la última década. Excepto en esta región del mundo.
En la Argentina no se habla del matrimonio infantil. Se lo considera un problema ajeno a estos pagos. Lejano. Sin embargo, los (pocos) datos disponibles muestran que existe. “Está naturalizado en Argentina. Las zonas con la mayor frecuencia son zonas donde esto viene ocurriendo desde hace muchos años. Todo el mundo sabe y conoce lo que pasa, no llama la atención. Pero cuando le ponés el nombre, ahí se espantan. Cuando decís que son uniones infantiles, ahí sí impacta”, dice Mabel Bianco, médica y presidenta de FEIM.
De acuerdo a los datos relevados, hay un total de 132.398 niñas, entre 14 y 18 años, que se encuentran unidas o en matrimonio en todo el país. Las frecuencias más altas se dan en Misiones (7,2%), Chaco (6,9) y Formosa (6,4), en la región del noreste argentino (NEA). Le siguen Santa Fe y Entre Ríos (5,4), Santiago del Estero (5,3), Salta (5) y La Rioja (4,9), que superan el promedio nacional.
Para poner el tema en la agenda pública, y sobre todo para trabajar en medidas de prevención y contención, Fundación FEIM (con el apoyo de los Países Bajos) instaló en la Facultad de Derecho de la UBA su «Casa Color de Rosa», que apunta a informar y concientizar sobre el impacto y la magnitud de los matrimonios y uniones infantiles en el país. La muestra puede visitarse hasta el 9 de marzo (en Av. Figueroa Alcorta 2263 con entrada libre y gratuita).
“La casita muestra la desigualdad que viven un considerable porcentaje de las niñas argentinas que no pueden elegir seguir estudiando y desarrollar su vida porque inician estos matrimonios o uniones precozmente. Esto es poco conocido en el país y es necesario que se tome conciencia para poder proteger a esas niñas”.
El informe que dio lugar a la muestra se confeccionó en 2020/2021 (con el apoyo del Fondo Fiduciario de Las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer), principalmente a partir de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (CNPHV 2010). Sobre todo, de la información que surge de la pregunta 24 (“¿convive en pareja o matrimonio?”) de la Cédula Ampliada del Censo. Como la pregunta sólo se realizaba a adolescentes mayores de 14 años, no hay información sobre niñas menores de esa edad.
“La ley sobre el matrimonio (según indica el Código Civil y Comercial) dice que en los menores de 18 años solamente se autoriza matrimonio si el juez o los padres lo aprueban. Hay un proyecto para sacar eso. Pero acá el problema son las uniones, que quedan por fuera de la ley. Hay casos de matrimonios, pero son los menos. El problema son estas uniones donde las chicas no tienen capacidad de decisión, lo deciden los padres y la sociedad las empuja a hacerlo”, alerta Bianco.
“Es ‘natural’ que una chica a los 13 esté conviviendo con un hombre más grande y que a los 15 tenga dos chicos y pasee por el pueblo con un señor. A nadie le impresiona. Por la habitualidad que tiene, hay que hablarlo, explicarlo”, insiste.
“Lo que hay que hacer no es castigar, sino tratar de prevenir. Por eso trabajamos mucho con las maestras, con las escuelas. Porque es donde empiezan a aparecer los signos. Si una chica –en una de las zonas de alta incidencia- empieza a faltar y la escuela averigua, suele ser oportuno porque se puede llegar a tiempo para frenar eso, trabajar con la familia, darle voz a la chica. Porque por lo general decide la familia, la niña no elige”, lamenta la titular de FEIM.
El relevamiento reflejó que hay más de 132 mil adolescentes en esta situación, pero según Bianco el número real es aún mayor: “Estimamos que son más, porque el factor de pobreza como causal es muy importante –aunque no es único- y con el aumento de la pobreza, seguro que hay más. No lo podemos evidenciar”.
Visibilizar y prevenir
“Sí podemos ver que muchas de estas chicas son vistas en el servicio de salud al quedar embarazadas. En general van con la mamá o con otra chica, no con el responsable del embarazo. Y no les preguntan nada. Entonces no sirve el dato para poder hacer prevención. Por eso nos interesa llegar a capacitar sobre este tema a los agentes que trabajan en la escuela, en salud, en servicios de niñez. Para que busquen, pregunten”, apunta Bianco.
El informe refleja que se registra “una asociación entre zonas con mayor frecuencia de matrimonio o convivencia de niñas con hombres adultos con altos índices de niñas madres”. Y advierte que “se observa que las niñas y adolescentes que conviven presentan más episodios de violencia de género que las que no conviven”.
Desde FEIM se busca difundir para concientizar y reunir fondos para trabajar en la prevención desde el territorio. Sobre todo, con escuelas y agentes de salud y atención de la niñez. Se apunta a identificar a niñas en situación de riesgo para abordar a su familia antes que ocurra el casamiento o unión informal: “Tomamos distintas variables. Si se detectan familias con varios de esos factores implica una situación de alto riesgo. Que sea en una zona de alta frecuencia, que haya antecedentes de hija dada en matrimonio, que estén en nivel de pobreza. Si el índice de alto riesgo da positivo, hay que montar todo un apoyo a esa familia. Así se focaliza”.
Aunque la problemática está naturalizada e invisibilizada, de tanto en tanto emerge. Ocurrió en los primeros meses de 2022, cuando trascendió el caso de una niña salteña de once años que llegó al hospital con trabajo de parto y derivó en la detención del progenitor del bebé. A comienzos de ese mismo año se habían producido tres femicidios de nenas y adolescentes de comunidades wichí que evidenciaban situaciones previas de violencia y abusos, y una de las víctimas había sido mamá a los 13.
Las cifras del Anuario Estadístico de Violencia de Género 2020 elaborado por el Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVCM) indicaron que ese año hubo 114 niñas de entre 10 y 14 años que tuvieron bebés en Salta.
Germán Vildoza, cofundandor de la organización De la Mano Por el Mundo, que genera talleres y acompañamiento de comunidades originarias salteñas, relataba por entonces que al volver al territorio tras la pandemia de Covid-19 a su equipo le había llamado la atención no encontrar a muchas de las niñas con las que habían trabajado previamente.
“La directora de la escuela nos dijo que habían formado familia y se habían ido a otros parajes, en el medio del monte. Armamos una especie de relevamiento con nombre y apellido de las niñas que teníamos en los talleres. Eran alrededor de diez. Empezamos a hacer una búsqueda para detectar en qué situación estaban: nueve de las diez habían sido madres. Tenían 11, 12 y 13 años”.
“A los 10-11-12 años encuentran ‘pareja’ y desertan de la escuela. Se van en busca de mejores oportunidades y a partir de entonces se hacen cargo de las familias. Es una de las razones que hemos detectado. Muchas veces el abusador se las lleva, prácticamente las secuestra y las obliga a que se hagan cargo de la familia en condiciones de extrema vulnerabilidad”.
Tujuayliya Gea Zamora, médica generalista de origen wichí, decía a Tiempo en ese momento: “Hay que pensar en adolescencias con proyectos de vida en la maternidad. ¿Qué pone el Estado? ¿Qué hay para los chicos además de criar a otros chicos? ¿Hay posibilidades de que accedan al sistema educativo jóvenes indígenas? No hay dispositivos que les garanticen lugar de dispersión».
«El monte ya se lo talaron, la posibilidad de seguir una vida tradicional en relación con el ambiente ya la modificaron. La culpa recae siempre sobre la familia indígena y se cuestiona a los jóvenes que forman familias desde chicos, pero no se plantea qué posibilidades hay para la juventud, la adolescencia indígena. Se culturaliza la situación diciendo que ‘las indígenas se embarazan desde chiquitas’ y ahí se hace un borramiento de todas las responsabilidades alrededor”.
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