Se trata del caso del asesinato de un vecino de Mataderos que fue sobreseída por una jueza penal porteña.
El expediente es una megacausa que tramitó originalmente ante el juzgado de instrucción número cinco, a cargo de Manuel de Campos, quien investigaba una presunta asociación ilícita integrada por los miembros de la barra brava de Boca, dirigentes del club, policías y funcionarios judiciales.
El expediente se inició a raíz de un homicidio en el barrio de Mataderos a manos de un barra brava de Boca, en el contexto de una disputa trivial: el perro de la víctima hacía pis en la vereda de un vecino amigo del grupo violento de aficionados xeneizes.
A raíz de ese hecho, De Campos abrió una megacausa en la que detectó el mecanismo mediante el cual los controles de Boca permitían el acceso de cientos de personas con carnet de socios apócrifos. En su mayoría se trataba de turistas, que pagaban en promedio entre mil y dos mil pesos para acceder a la popular de La Bombonera.
De Campos fue apartado de la causa a raíz de planteos de las defensas de los imputados y la causa pasó al juzgado de instrucción número 49, vacante desde que se jubiló el juez Facundo Cubas. Ese juzgado está ahora a cargo de la magistrada María Fontbona de Pombo, quien dispuso el sobreseimiento de todos los imputados.
La decisión ya tiene fuerza de cosa juzgada, puesto que ni Angelici querellante en representación de Boca-, ni el fiscal Alberto Vasser, apelaron la medida.
Durante el anterior gobierno, el Ministerio de Seguridad pretendió constituirse en querellante, e incluso en ese rol de pretenso querellante objetó el apartamiento de De Campos, quien había avanzado en la investigación y estaba próximo a concretar medidas judiciales que se insinuaban de altísimo impacto.
La Cámara de Casación porteña tenía a estudio la apelación, pero el gobierno de Cambiemos desistió de su intención de ser querellante, con lo que frustró la posibilidad de que el expediente volviera a De Campos.
Angelici había sido aceptado como querellante en representación de Boca, pese a que varios integrantes de la comisión directiva y empleados del club eran investigados por su supuesta participación en ese mecanismo que, en última instancia, fungía como fuente de financiamiento de la barra brava.
Al haber quedado cerrada definitivamente la causa, un periodista de Tiempo pidió por escrito tener acceso al expediente invocando interés público, habida cuenta de la relevancia que tiene la cuestión de la violencia en el fútbol.
Pero la jueza Fontbona de Pombo, argumentando que los elementos de prueba recolectados en la investigación podrían ser de utilidad en otras causas, rechazó el pedido y respondió con un escrito en el que lacónicamente escribió: no ha lugar.
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