Los precios internacionales y las políticas de los gobiernos han puesto en jaque al campo, que solo existe como negocio financiero.
Según el ministerio de Agricultura de Brasil, las exportaciones de granos a China en el primer semestre de 2024 quintuplicaron a las de Argentina, con una balanza comercial positiva y una buena proporción de valor agregado. Al igual que México, donde el informe de la OMC valora la diversidad y el valor agregado de sus productos. Para los especialistas, en ambos casos, es el resultado de políticas planificadas desde el Estado y con amplia participación de diversos sectores.
Del otro lado del mostrador, un reciente informe de Unicef mostró que 1 millón y medio de niñes no comen todas las comidas en Argentina.
“En cuanto a la situación de la producción, lo que vemos aquí en el interior es que no hay plan. El campo lo resuelve, las exportadoras lo van a resolver. Y el productor va a seguir produciendo, el rinde va a estar porque la gente tiene que sembrar cuando llueva. Pero no hay un plan agrario, agropecuario, pecuario, no existe. Es todo finanzas, es todo Black Rock. El mundo funciona así y en la Argentina hay una desidia en la que los melones se van a acomodar solos, no importa quiénes están adentro del carro”, denuncia Isaías Ghio de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE).
“En el 84 Alfonsín, en Casilda, en un discurso prometió llegar a los 45 millones de toneladas de producción de granos. Hoy estamos produciendo 150 millones. Pero en el Censo Agropecuario de 1988 había 421.000 productores y el último de 2018 hubo 223.000. Desaparecimos la mitad. El problema no era agrandar la torta”, se queja Omar Príncipe de Bases Federadas, un desprendimiento de la Federación Agraria Argentina (FAA), ahora dentro de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA).
“Los pequeños y medianos productores o cooperativas están invisibilizadas y no son parte de las políticas públicas de las últimas décadas. La única manera de modificar esto es con un Estado presente. Con una ley de arrendamiento nueva. Pero después del 2008, lo único que pide la Mesa de Enlace es salir del cepo, la unificación cambiaria o la devaluación y retenciones cero. Es la única agenda que tienen. No ha sabido construir proyectos de ley o de país”, agrega. Desde la MAA se presentó durante el último gobierno un Programa Agrario para el Alimento con diversos proyectos de ley.
“El problema es que el trigo es uno de los cereales de mayor producción extendida del país y por otro lado la base de la alimentación de los argentinos. Con el correr de los años y frente a las diferentes crisis, hubo una fuerte transferencias de recursos hacia los sectores más ricos, golpeando la existencia de los pequeños molinos harineros y concentrando el mercado”, hace historia Martín Montiel, productor de trigo de Rosario y parte de la Red de Comercio Justo del Litoral.
“Hoy en la zona sur de la provincia de Santa Fe, no hay más de tres molinos. Hay cientos de marcas, pero casi todas responden a tres empresas que acaparan el 56% del mercado. Las segundas y terceras marcas además son para evadir impuestos”, aclara Montiel. Y recuerda: “La oportunidad se nos va cuando el conflicto entre Cristina y la patronal del campo. Ese fue el punto de inflexión. Ahí se tendrían que haber empoderado a las organizaciones que estaban en los territorios y haber avanzado fuertemente con la verdadera discusión que era la tenencia de la tierra con muchísimo mayor capital político. Hoy estamos muy alejados de eso y hay que arrancar desde abajo, con pequeños grupos de consumo que puedan sostener las pequeñas experiencias que van a quedar”.
“Nosotros le propusimos a Moreno garantizar las 6 toneladas de trigo que se consumen en pan sin subsidios desde el movimiento cooperativo, solo financiando insumos. En cambio se subsidiaron a los molinos durante muchísimo tiempo y el precio del pan nunca se abarató. Y con el gobierno de Macri le pedíamos créditos al Banco Nación y se lo daban a Vicentín”, cuenta Príncipe.
“Para estos fondos de inversión la siembra de soja o de maíz dejó de ser una cuestión productiva. Porque el negocio es financiero. Muchas veces con lavado de dinero”, explica Príncipe. “Es imposible para un pequeño y mediano productor alquilar. Hasta la década del noventa los chacareros alquilábamos campos y eso genero el desarrollo rural y territorial de la Argentina. Hoy una hectárea te puede dar en el mejor de los casos 40 quintales. También te puede dar 20. Y vos tenés un costo de producción de 25 quintales. Más 17 de alquiler. No existe la rentabilidad. Por eso el productor termina alquilando a los grandes pooles de siembra donde le negocio es otro”, advierte.
“Los que van quedando en la producción están en una peleita de un 10 o un 5% de ganancia. Y a veces a perdida. Y ni hablar del tema animales. Eso se va a resolver, te dicen, y si no lo importamos. Un Estado que está ausente o que no le interesa, que está mirando esto de la finanzas, de cómo pagar las deudas, que son deudas contraídas por esos mismos de siempre, y que terminamos bancando los sectores productivos”, detalla Ghio. “Son los mismos fondos financieros que van a explotar la minería, el petróleo y que los granos los van a procesar en otros lugares para seguir haciendo guita, dándole el valor agregado que los argentinos no podemos dar. Encima tenemos un RIGI para inversiones de 200 millones de dólares. Nadie en nuestro sector tiene ese capital”, sostiene.
Con los precios internacionales en baja, el ajuste fiscal y el dólar planchado para sostener el triunfo de una inflación que mide alimentos que la mayoría de los argentinos no puede comprar, el reducido círculo de beneficiarios de las políticas del gobierno de Milei no incluye a la Sociedad Rural. Que si no abucheó al presidente en Palermo fue por coincidencias ideológicas más que económicas. La apuesta en una economía totalmente deprimida en la que los dólares lleguen de los grandes fondos de inversión internacionales, para los que alimento o mineral, es básicamente lo mismo, una fuente más de dinero.
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