Negocios privados, secretos de Estado

Por: Adrián Murano

Columna de opinión de Adrián Murano, periodista.

Hace seis meses que el juez Claudio Bonadio y la corporación mediático-judicial buscan bóvedas y negocios sucios en el sur. Ojalá los encuentren pronto y vayan presos quienes deban ir, así se termina ese folletín y la audiencia pueda al fin enterarse de lo que está ocurriendo hoy.
Hay mucho con qué entretener a televidentes y lectores: tarifazos, pobreza en ascenso, recesión, creciente tensión social. Hay, también, funcionarios con giros patrimoniales inexplicables y movimientos económicos que estimulan sospechas.
Esta semana, por caso, el entramado societario del clan Macri retomó actividad. El pasado miércoles 8 de junio, mediante el acta 15214 inscripta ante la República de Panamá, la firma de abogados Kuzniecky & Co. renunció a seguir siendo agente residente de la sociedad Latium Investments Inc., una firma offshore entre cuyos directores figura Jorge Macri, primo del presidente Mauricio, intendente de Vicente López y titular del Grupo Banco Provincia (BAPRO).
La offshore se constituyó en julio de 2004, poco antes de que Macri –Jorge– asumiera como diputado provincial. En los documentos presentados ante el país caribeño, el primo presidencial figura como secretario y director de Latium, que sigue activa, pero la firma no consta en su declaración patrimonial. Tampoco se sabe para qué fin se constituyó, si tuvo movimiento de dinero y, en caso de haberlo tenido, el destino de esos fondos. Beneficios de estar inscripto en una guarida fiscal.
Hasta ahora, el jefe comunal guardó silencio sobre el asunto, y el caso pasó casi desapercibido para el gran público. La misma –buena– suerte corrió la media docena de dirigentes y funcionarios PRO descubiertos por los Panamá Papers. Sólo el presidente se vio obligado a ofrecer excusas, pero sin mucho esfuerzo: tampoco le exigieron tanto.  
Que el escándalo esté bajo la alfombra mediática no implica, claro, que no pase nada. Rara avis entre los funcionarios judiciales –porque se anima a investigar al poder cuando está en el poder-, el fiscal Federico Delgado busca determinar si el presidente incurrió en omisión maliciosa al no incluir en sus declaraciones juradas las dos sociedades offshore que le detectaron: Fleg Trading Ltd y Kagemusha.
Es probable que en ese camino el fiscal se cruce con el Macri de Vicente López: cuando reciba los documentos que requirió de Panamá, Delgado podrá comprobar que el estudio Kuzniecky & Co., además  de Latium, también era agente de Foxchase Trading SA, otra firma de la constelación offshore que posee el clan Macri.
En los registros panameños consta que el patriarca Franco –papá de Mauricio, tío de Jorge– preside Foxchase, una firma que, a la vez, es socia de Macri Investment Group LLP, que tiene sede en el Reino Unido. Ambas sociedades figuran en la ampliación de investigación emitida por el juez Sebastián Casanello, quien requirió información sobre ellas –y otra decena de sociedades– a cinco países. Cuando le remitan la información, el juez observará que el clan está teniendo problemas con Kuzniecky & Co.: el 21 de abril pasado, a poco de iniciado el escándalo, la firma renunció a ser agente de la Foxchase de Franco, del mismo modo que esta semana se excusó de seguir representando a la offshore del primo presidencial.
Estos movimientos se dieron en simultáneo a dos intentos del macrismo para impedir que el periodismo –y por lo tanto, la opinión pública– accediera a detalles patrimoniales de contribuyentes que blanqueen fondos ocultos y funcionarios públicos. El primer cepo se buscó imponer a través del proyecto de ley de blanqueo que impulsa el gobierno nacional. El segundo lo filtró la gobernadora María Eugenia Vidal, quien decretó pena de prisión para quienes osaran difundir las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses. El pretendido silencio informativo beneficiaba, entre otros, al primo Jorge, presidente del BAPRO. Y parte de un complejo entramado societario que anida secretos que, de a poco, se empiezan a develar.  «

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