El negocio de Farmacity con la urbanización de barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires

«Creemos en la integración sociourbana para nivelar para arriba, y en el desarrollo a través del trabajo». Con esas palabras el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó la medida que implementaron en el Playón de Chacarita para conseguir ese fin: un local de Farmacity.

La sorpresa por la publicidad no tradicional del mandatario porteño hacia la cadena que supo tener como presidente y referente a Mario Quintana (ex funcionario nacional cercano a Marcos Peña durante el macrismo), tiene un antecedente: una ley propuesta y votada por el oficialismo que les ofrece exenciones impositivas a grandes empresas a cambio de que se instalen en zonas vulnerables para su «urbanización».

«Los vecinos de Playón de Chacarita ahora tienen una farmacia cerca de su casa, que le da trabajo a los vecinos del barrio», se explayó Larreta en sus redes, mostrándose en recorrida con María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, y Sergio Fajardo ex alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia exhibiendo «la primera sucursal de Farmacity instalada en un barrio popular de la Ciudad».

Ambos mandatarios estuvieron en el Congreso de Integración y Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires que arrancó este miércoles, donde compartieron «experiencias como esta del Playón de Chacarita«.

La Ley Farmacity

El origen de esta promoción a la farmacia es una ley que votó con escaso debate el oficialismo en la Legislatura porteña a mitad del año pasado. Se la conoció como «Ley Farmacity». La norma propone un Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares. Pero los beneficios directos no los reciben los habitantes, sino las empresas.

Se trata de beneficios impositivos con descuentos del pago de Ingresos Brutos (IIBB) para distintas actividades comerciales. Grandes firmas como Farmacity podrían dejar de pagar hasta un 80% de lo que tributan de IIBB en la Ciudad si ese importe lo invierten en barrios populares. El penúltimo artículo de una ley de 21 puntos sostiene que los beneficiarios deberán contratar al menos hasta un 30% de trabajadoras/es que vivan en esos barrios.

«Claramente el empleo no es la prioridad», criticó el legislador Javier Andrade (FdT), quien agregó sobre el posteo de Larreta en el Farmacity de Chacarita: «No nos equivocamos, por algo se la conoce como Ley Farmacity. Una máscara legal para seguir beneficiando a los empresarios amigos en detrimento de las economías barriales».

Una de las críticas de la oposición a la iniciativa oficial es que la instalación de grandes empresas puede perjudicar a los pequeños emprendimientos de esos barrios, realizados por gente del lugar, a los cuales se les dificultaría competir en igualdad de condiciones, y que además no reciben ninguna ayuda ni exención impositiva del gobierno porteño como sí recibe en este caso Farmacity.

De hecho en la zona del Playón de Chacarita ya hay una farmacia, es la Mutual Sentimiento, con «24 años de coherencia, lucha y autogestión», según se describen. Pero fue invisibilizada en el discurso del mandatario.

Otro tema es cuánto realmente aportarán de empleo genuino estas grandes cadenas al barrio. En el caso de Farmacity en el Playón contiene una sola trabajadora del barrio. Así lo denunció la legisladora Laura Velasco: «¿Saben cuantas personas del barrio trabajan ahí? Una sola. Realidad mata relato. Mientras el Gobierno de la Ciudad le sigue dando la espalda a la Economía Social y Popular, a emprendimientos, comercios barriales, PyMEs que son quienes generan trabajo e integración comunitaria en los barrios».

El año pasado el bloque opositor presentó un dictamen propio donde señala que “la gran mayoría de las actividades promovidas son ya ejercidas por comerciantes, trabajadores y unidades económicas que no son reconocidas por este proyecto (el oficial) como emprendimientos gastronómicos, panaderías, verdulerías, carnicerías y tiendas textiles. La incorporación de actores externos, con mayor capital y beneficios impositivos genera una competencia desleal para las economías barriales”.

El oficialismo defendió el proyecto al afirmar que «es parte de los procesos de urbanización» ya iniciados y que es su «objetivo de generar trabajo», y desde la oposición se lo criticó haciendo hincapié en que beneficia a «grandes empresas» que competirán de manera «desleal» contra los pequeños comercios. «Se permitirá que grandes cadenas, con beneficios siderales, destruyan a las pequeñas unidades productivas», enfatizó la legisladora Claudia Neira (FdT).

El otro barrio popular donde avanza Farmacity es Rodrigo Bueno. Las leyes de reurbanización de los cuatro barrios afectados por esta iniciativa (Padre Mugica,  Rodrigo Bueno, Playón Chacarita y Villa 20) establecen la obligatoriedad de realizar consultas populares con las vecinas y vecinos. Pero no fue el caso en este tema.

Tour empresarial y

Días después de aprobarse la ley, en junio del año pasado, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, realizó un tour empresarial por la villa 31, el Barrio Rodrigo Bueno y el playón de Chacarita «con la finalidad de conocer en terreno las posibilidades de desarrollo urbano y de negocios que ofrece el distrito social y la integración de los barrios populares”, según se leyó en la invitación formal. Hasta contó con un almuerzo ejecutivo para los empresarios que asistieron.

“Nos desayunamos con esta invitación de la ministra Migliore que citó a empresas a recorrer los barrios para ver en qué terrenos se van a asentar sus negocios. Nosotros y nosotras desde las villas no queremos estas empresas, sino que se fomenten los negocios barriales que permita a los microemprendedores poder trabajar en nuestros barrios”, señaló en su momento a Tiempo Silvana Olivera, vecina de la Villa 31 e integrante de la Mesa de Urbanización del Barrio Padre Mugica.

“Ellos vienen con estas grandes empresas a quebrar los negocios barriales, hace poco nos pusieron un Supermercado Diarco y ocasionó que muchos negocios locales cerraran. Están haciendo una gentrificación encubierta”, agregó.

En la Ciudad existe una ley de Promoción a la Economía Social y Popular, sancionada en diciembre del 2020, que establece incentivos para que esos sectores puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización.

Durante el tratamiento de la ley el año pasado, María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) – FIUBA, e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, denunció su falta de financiamiento y aplicación: ”Lo cierto es que esta ley ya aprobada tiene nulo financiamiento, ya que a las familias de la Ciudad que viven de la economía social y popular no les ofrecen créditos ni ningún otro beneficio que estipula la norma, y por el otro lado Larreta se apura a aprobar estos beneficios para las grandes empresas, es muy evidente todo”.