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A mediados de febrero, Hugo Yasky y Sonia Alesso, secretarios generales de CTA y CTERA, denunciaron ante la oficina de la Internacional de la Educación, en Bruselas –de la que Yasky es presidente para América Latina–, a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o, como comúnmente se la denomina, “la de los países más ricos”) por excluir a la Argentina del ranking con los resultados de las pruebas PISA (Programa de Evaluación Internacional de Alumnos) 2015. Lo hicieron a partir de estos antecedentes: 1) la Ciudad de Buenos Aires pidió un relevamiento individual; 2) fue la única del país incluida en el ranking; 3) llamativamente, el crecimiento respecto de 2012 fue de 50,6 puntos, dato que contrasta con otra de las pruebas internacionales, las TIMSS, que dejaron en el anteúltimo puesto a la ciudad gobernada desde 2007 por el PRO.

María Luz Albergucci, licenciada en Ciencias de la Educación y ex directora de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, abrió la sospecha sobre este dato: “No hay antecedentes de ningún país ni economía que haya crecido 50 puntos entre una prueba y la otra como lo hizo la Ciudad de Buenos Aires. Lo máximo que se modificó fue Israel, que lo hizo en 35 puntos.”

La prueba PISA es un examen estandarizado que encara cada tres años la OCDE con chicos de 15 años, de escuelas públicas y privadas, sobre Lengua, Matemáticas y Ciencias. Por su carácter reduccionista, el procedimiento es cuestionado por docentes, académicos y sindicalistas de aquí y del mundo. Es que no se pueden comparar sistemas educativos, por varias razones: los contextos socioeconómicos de cada país son diferentes; su visión es economicista y unilateral; los cambios en educación precisan más tiempo que tres años, especialmente en un país como la Argentina, cuyo sistema educativo fue fragmentado durante la dictadura cívico-militar y vuelto a romper en el menemismo. Pero fundamentalmente porque evaluar integralmente no se agota en tomar una prueba. Quien está frente al aula sabe muy bien que el proceso educativo es complejo y que no debe estandarizar a los alumnos.

El documento presentado en Bruselas, firmado por delegados de CTERA, CTA y prestigiosos pedagogos como Adriana Puiggrós, Graciela Morgade, Gabriel Brener, Patricia Sadovsky, Delia Lerner y Myriam Feldfeber, entre otros, denuncia la maniobra del gobierno de Cambiemos, que pidió a los capos de PISA dejar afuera a la Argentina por “supuestos errores técnicos” de la gestión anterior y –casualidad o no– que sólo tuviesen validez los resultados de CABA.
Los denunciantes plantearon que el verdadero objetivo fue crear un manto de sospecha. Si el problema fue el bajo nivel de cobertura del estudio en la Argentina (55% de la población de jóvenes de 15 años), ¿por qué se incluyó en el ranking a Albania y Brasil (55%), a Costa Rica (50%) o Vietnam (49%)?

Para Albergucci, “la supuesta descalificación fue operada por el gobierno de Cambiemos. Se evidenciaba cierta mejora en los resultados y eso tiene que ver con diez años de políticas públicas que van más allá de la escuela: la AUH, el desarrollo industrial, la gente con trabajo… Era esperable que a la Argentina le fuese un poco mejor. Como no les convenía ese relato, remarcaron el de la “Década perdida”, esa noción de “bochorno” les seguía construyendo el relato del fraude, de la corrupción”. En consecuencia, la difusión de los resultados de las pruebas PISA 2015, en diciembre de 2016, generó una polémica, siempre fogoneada por los medios dominantes (Clarín, 6 de diciembre de 2016:“Pruebas PISA: sacaron a la Argentina del principal ranking mundial que mide la calidad educativa”; La Nación del mismo día: “Pruebas PISA: la Argentina fue excluida del ranking”).

Pero, ¿por qué las pruebas PISA tienen tanta difusión? ¿Qué es PISA para la OCDE?: un caballito de batalla central en todo lo vinculado al mercado educativo. Desde la edición de 2015, la empresa británica Pearson tiene marcada influencia en esas pruebas. Pearson las piensa, Pearson elabora las preguntas, Pearson recibe las respuestas, Pearson genera los sistemas informáticos. En un contexto global que apuntala la concepción de la educación como un mercado deseable.

Los países participantes de la prueba le pagan a la OCDE un canon (la Argentina, 42.200 euros, y la Ciudad de Buenos Aires, por tener una muestra representativa aparte, 35 mil). Es decir, destinan fondos públicos a una empresa privada con fines de lucro. Remata Albergucci: “El círculo es perverso. Después, se miran esos resultados como si fuera una bolsa de valores: ¿Quién cotiza más?. Eso se llama mercantilización de lo público. Me tengo que ver en ese ranking y saber qué tengo que hacer: enseñar de determinada forma, pensar la escuela según ese modelo, comprar los productos PISA. O los productos Pearson.

Pearson ingresa a los países con libros, capacitaciones, evaluaciones estandarizadas. Su facturación en 2015 fue de más de 56 mil millones de euros. El representante de la compañía en la región es el economista Gabriel Sánchez Zinny, director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación y Deportes, al menos hasta ahora, porque sería reemplazado por Oscar Ghillione, director de la fundación “Enseñá por Argentina”, algunos de cuyos socios son el HSBC, Swiss Medical Group, Visa, Roche… A todo esto, desde el ministerio que conduce Esteban Bullrich se propuso en enero la creación de una suerte de “agencia de formación de talentos”. De concretarse, dejarían de existir el INET y la educación técnica en todas sus dimensiones. Y entraría a tallar el mercado. Sánchez Zinny, graduado en la Universidad de San Andrés y director del área educativa del Grupo Sophia –semillero del PRO–, fue fundador y hasta 2015 presidente de Kuepa, una empresa de servicios educativos; y creó Edunexo.com, firma que produce y comercializa software educativo.

Teniendo en cuenta los 12 años de políticas inclusivas del kirchnerismo en educación (planes FINES, Progresar, Nacional de Lectura, Conectar Igualdad, por nombrar sólo algunos), emerge una duda pendiente: ¿por qué se continuó con las pruebas PISA? Algunos ex funcionarios señalan que a través del Mercosur se elevaron informes acerca del daño que causaban esas evaluaciones en pueblos latinoamericanos. A pesar de haberse avanzado en la elaboración de pruebas autónomas para la región, con el arribo de Cambiemos al gobierno, esa iniciativa claudicó.

Esta concepción de la preeminencia del mercado sobre el Estado, de la educación como negocio y no como lo que es, un derecho, suscitó esta demoledora reflexión en el maestro Bernardo Kliksberg (Congreso de Educación Comparada, Facultad de Ciencias Económicas, 2013): “Nos dicen que si no estamos en una posición destacada dentro de las pruebas PISA, out, se terminó. Es el argumento de las elites cuando le fallan todos los otros argumentos.”

Esta nota forma parte de la cuarta edición de la Revista T. La podés conseguir en kioscos.