La enfermera Brenda Agüero es la principal acusada en el inédito juicio que arrancó por las muertes de 5 bebés en el Neonatal y la tentativa a otros 8. Exdirectivos y funcionarios también apuntados. La consistencia de las pruebas y una pregunta clave: si fue ella ¿por qué lo hizo?
El pasado lunes, en una circunstancia inédita para los tribunales cordobeses, se habilitó la feria de verano y comenzó en la Cámara Séptima del Crimen, con la participación de jurados populares, el juicio a la enfermera Brenda Agüero acusada de cinco casos de homicidio calificado (de los bebés Francisco, Benjamín, Angeline, Melody e Ibrahim), y de ocho de homicidio calificado en tentativa. Según nuestro Código Penal, en caso de ser condenada, sólo podrá recibir la prisión perpetua.
Pero además están en el banquillo de los acusados otros diez imputados, entre los que se destacan el extitular de la cartera sanitaria provincial, Diego Cardozo, y la exdirectora del Materno Neonatal Liliana Asís (detenida con prisión domiciliaria). La acusación para los exfuncionarios es, según los casos, de omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento y falsedad ideológica.
Justamente la presencia de autoridades de ese entonces es una novedad mundial ya que en los juicios anteriores por hechos similares en Estados Unidos, Inglaterra y México sólo fueron juzgadas enfermeras. El camino es largo: la lectura del veredicto se podría escuchar entre julio y agosto. Y un objetivo no explicitado: evitar que se entrecruce con las elecciones.
La primera denuncia sobre la muerte de bebitos fue presentada el 4 de julio del 2022 luego de una seguidilla de “muertes raras” en el Hospital. Al “destaparse la olla”, rápidamente el fiscal Raúl Garzón inició la investigación con un metódico rastreo sobre los nacimientos y decesos ocurridos a partir de marzo de ese año, y también durante meses anteriores. Una coincidencia: las víctimas eran bebitos supuestamente sanos que morían por una bradicardia, pero que además tenían pinchazos de agujas, y al menos algunos de ellos altos niveles de potasio como lo confirmaron las autopsias de dos cuerpos exhumados (hiperpotasemia).
La otra coincidencia era la presencia de la enfermera Agüero en la atención de todos ellos. La hipótesis principal es que los inyectaba en la sala de recuperación, en la espalda o en los muslos posteriores y con las ropas puestas. El posterior análisis del celular de la enfermera mostró que había buscado información sobre la inoculación de potasio e insulina como así también sobre sustancias que provocan paros cardíacos y técnicas de reanimación para niños.
El fiscal logró reunir una voluminosa prueba testimonial (con alrededor de 200 testigos); documental, sobre todo con las historias clínicas; y la pericial, con profesionales que cuando sean citados ofrecerán declaraciones fundamentales para ilustrar a los jueces y los jurados, quienes no imponen el monto de las penas, pero sí votan sobre la participación o no de los imputados en los episodios. La prueba científica podría resultar clave para dilucidar lo sucedido.
Desde el Gobierno Provincial y el Superior Tribunal de Justicia pretenden que el juicio esté concluido al menos dos o tres meses antes de las elecciones legislativas de octubre. De otro modo no se entiende “el apuro” para iniciarlo el 6 de enero. Y si bien es importante, la cobertura mediática se reparte por estos días con los festivales y las vacaciones de gran parte de la población.
En lo estrictamente jurídico, el juicio es complejo y los magistrados Patricia Soria, Laura Huberman y José Cesano deberán ser “cristalinos” para despejar las mínimas dudas de quienes piensan que, por cuestiones políticas, todo tiene que terminar sí o sí con condenas, sobre todo a la enfermera. Sólo las certezas pueden sostener un fallo condenatorio.
Así las cosas, al cabo de esta primera semana, el misterio y la incertidumbre están intactos. Se puede pensar que la investigación fue sólida y minuciosa y que por lo tanto permitirá confirmar la verdad de los hechos presumidos. Pero el espacio a eventuales sorpresas se mantiene latente, y para nada se pueden descartar. Los defensores tienen “sus cartas” y las jugarán cuando mejor les convenga. Esta semana insistieron con que todas las pericias psicológicas a Brenda Agüero dieron normal, y se refirieron a una invasión de virus y bacterias en neonatología del Hospital como posible causa.
En el medio, surgen preguntas elementales: ¿los hechos sucedieron tal como los describe la investigación del fiscal Garzón? ¿Brenda Agüero es una asesina serial de bebés o ‘pobre perejil’ como dijo su abogado ? Si es ella… ¿por qué lo hizo? Mientras, las madres y los padres esperan. «
Para los abogados querellantes, Carlos Nayi, Nicolas Ruades y Daniela Morales Leanza, la prueba es «contundente e irrefutable». Pedirán condenas para los once imputados. En declaraciones a Tiempo, Nayi adelantó la hipótesis de las razones que habrían llevado a Brenda Agüero a cometer las atrocidades que se le endilgan.
-¿Cuáles son los indicios más importantes?
-Al menos ocho, pero sobre todo su presencia en la sala de recuperación en contacto con los bebitos muertos, su mendacidad, las conductas posteriores, sus llamativas justificaciones, y también los resultados de las pericias psiquiátricas piscológicas.
-¿Qué pasó en el Neonatal cuándo le dieron licencia y la desplazaron del trabajo?
-La verdad es que no hay prueba directa pero los indicios son muy potentes. Cuando Brenda dejó de trabajar, se terminaron las muertes y las descompensaciones de recién nacidos en el Hospital. En los 80 días anteriores, con ella en obstetricia, se registraron los 13 casos investigados.
-¿Por qué cree que Brenda los mató?
-Por su conducta psicopática, manipuladora, su falta de empatía con el dolor ajeno y su impulso para destacarse sintiendo adrenalina en situaciones de urgencia y convirtiéndose ella en la “salvadora”. Sabía lo que hacía y así era la primera en advertir que algo no estaba bien.
-¿El reclamo civil también se dirime en este proceso?
-Así es. Los trece querellantes han entablado una acción civil para lograr por parte de la Provincia (como garante solidaria del sistema de salud), una justa reparación y por una suma millonaria.
Brenda Agüero, de 29 años, está detenida desde el 19 de agosto del 2022. En todas sus declaraciones negó la acusación. En la segunda audiencia del martes, declaró: “los periodistas le han hecho creer al público que soy una asesina serial. No existe que se me cruce por la cabeza hacerle mal a una persona, menos a un niño. Me hicieron muchísimo daño y dijeron cosas que no eran ciertas. Me hicieron ocho pericias y en ninguna salió que tenía problemas psiquiátricos. Hay que buscar un culpable. Las muertes de los bebés existieron, no hay dudas, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo esto”. No respondió preguntas.
Defendida por el exfiscal Gustavo Nievas y por Juan Rivero, la estrategia es negar los cargos y apuntarle a las dudas. Se refirieron a una invasión de virus y bacterias en neonatología del Hospital, como una posible causa. Nievas dijo que la enfermera «es una perejil usada para calmar la ansiedad de la sociedad», y recordó al pintor Gastón Zárate preso por el crimen de Nora Dalmasso, a quien luego tuvieron que sobreseer.
Lo ocurrido en el Neonatal fue tan conmocionante, que no pocos se preguntaron si el gobernador Juan Schiaretti realmente no sabía nada, o no había impartido directivas para que el escándalo no se filtrara a la prensa. Sin embargo, en la investigación penal, la cadena de responsabilidades sólo llegó hasta el exministro de salud Diego Cardozo, involucrando también al secretario de salud, Pablo Carvajal, y a Alejandro Gauto, exjefe de Legales de la cartera. Los tres están imputados por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad de los hechos y por la calidad de funcionarios públicos. El cuarto acusado del Ministerio es el abogado Julio Escudero Salama quien ocupaba el cargo de subdirector de Gestión Administrativa, por encubrimiento agravado y presunta omisión de deberes.
Las primeras denuncias se recibieron en Tribunales en los primeros días de julio, un mes después de que internamente se supiera que “algo raro estaba pasando”. De hecho, en la audiencia del jueves, la médica imputada Claudia Ringelheim recordó que el 6 y 7 de junio se produjeron dos decesos, y dos descompensaciones con bebitos que se recuperaron en terapia intensiva. Además contó que el 8 de junio la funcionaria Marcela Yanover fue al Hospital e hizo un racconto de todos los casos. Por lo tanto, en el Ministerio sabían lo que había pasado desde marzo hasta esos días de junio. La sospecha es que “al caso lo quisieron tapar”, y por eso la correcta clarificación de la secuencia de fallecimientos, de medidas internas y de las denuncias será fundamental para determinar las responsabilidades. Por lo pronto, el exministro Cardozo realizó un breve descargo cuando fue consultado por sus datos personales, y aseguró que ni bien se enteró, el 7 de junio, tomó medidas a partir de las cuales se terminaron los fallecimientos. Luego de comentar pormenores del cáncer que sufre actualmente y que lo obliga a concurrir al juicio con barbijo, aseguró que ni bien se enteró el 7 de junio, dio directivas que «cambiaron la situación un ciento por ciento». Sin embargo, lo que se le reprocha es que desde el Ministerio no denunciaron ante la Justicia lo acontecido. Cuando le consultaron si sabía de la existencia de alguna orden o pedido para silenciar todo, Cardozo se limitó a responder: “no me consta”.
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