Mañana iniciarán la Marcha Federal por pan y trabajo, que partirá desde cinco puntos del país y confluirá el viernes con un masivo acto frente al Congreso Nacional. El diagnóstico de las organizaciones, el Episcopado y parte del sindicalismo es dramático: en los barrios más humildes el ajuste exige "respuestas urgentes".
y pasan balas todos los días
y la violencia se pone fría y te espera… sentadita en el cordón.»
(Los piojos- Reggae Rojo
y Negro- año 2000)
Los comedores abarrotados, los merenderos desbordados, las changas que se extinguieron y la plata que no alcanza son, entre otras cosas, los rasgos que le terminan de dar forma a la realidad en los barrios más humildes del Conurbano y del interior del país.
Los movimientos sociales, las parroquias y las intendencias aparecen una vez más como último dique de contención, pero tanto los dirigentes como los funcionarios sostienen que la realidad está a punto de sobrepasarlos. «En los barrios no se soporta un ajuste más», dispara sin miramientos Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita y dirigente de la CTEP, y anticipa una mayor conflictividad social para lo que resta de este 2018.
Ante un escenario cada vez más complejo, los dirigentes de los movimientos sociales tratan de balancear la mirada política que les impone la coyuntura electoral con la situación que se vive en los barrios. Por eso el planteo, que siempre es político, tiene que ver tanto con la necesidad de respuestas «urgentes» como con la intención de comenzar a discutir los «problemas del trabajo con una mirada del siglo XXI».
En ese marco los movimientos sociales encabezarán a partir de mañana la Marcha Federal por el pan y el trabajo que se desplegará por todo el país y confluirá el próximo 1 de junio en el Congreso de la Nación.
Los organizadores estiman que la finalización de la marcha dejará una postal de, por lo menos, 500 mil personas frente al Palacio Legislativo, reclamando, entre otras cosas, la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria y un freno a las políticas de ajuste.
La columna principal partirá desde La Quiaca, Jujuy, el lunes 28 de mayo y llegará a la Ciudad de Buenos Aires el viernes. Estará encabezada por el cura Jesús Olmedo;el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso; y dirigentes de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales. Las otras cuatro columnas saldrán de Posadas, La Rioja, Bariloche y Ushuaia.
Los distintos referentes sociales de la provincia de Buenos Aires que participaron del armado de la movilización coinciden con el diagnóstico de Onorato. «La gente ya no morfa, los merenderos y los comedores no dan abasto. La situación está a punto de desbordar. Si todavía la gente puede comer es por el aporte que hacen los municipios», detallaron ante Tiempo, y agregaron: «Nosotros tratamos de hacer propuestas a futuro, de contener desde la esperanza con proyectos y para eso necesitamos pequeñas victorias como fue la sanción de la Emergencia Social, la ley antidespidos y, ahora, la ley para frenar los tarifazos».
En ese contexto, los dirigentes de los distintos Movimientos Sociales decidieron visibilizar su reclamo ante la seguridad de que un plan de ajuste vinculado al Fondo Monetario Internacional (FMI) traerá un aumento exponencial en la conflictividad social y la profundización de las demandas.
El diagnóstico de los Movimientos Sociales es compartido por la Iglesia, un sector de la CGT y algunos de los espacios políticos de la oposición. Así quedó explicitado en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Congreso para presentar la marcha. El encuentro fue encabezado por los diputados nacionales Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Victoria Donda (Libres del Sur) y contó con la presencia de Onorato (Ctep), Estaban «Gringo» Castro (secretario general de Ctep), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Freddy Mariño (CCC), los diputados Wado de Pedro (FpV), Felipe Solá(FR), Daniela Arroyo (FR), Lucila De Ponti (Movimiento Evita), Juan Carlos Schmid (CGT), Hugo «Cachorro» Godoy (CTA Autónoma) y Fernando Maletti (Obispo Merlo-Moreno); entre otros.
La movilización contará, a lo largo de su recorrido, con el apoyo de distintos dirigentes políticos como el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz, y el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. El complejo andamiaje de la organización a nivel nacional estará sostenido por las distintas parroquias, catedrales e iglesias que la marcha se cruzará en su camino.
Si bien la presencia de obispo de Merlo y Moreno, Fernando Maletti, en la presentación oficial de la marcha no deja dudas de la participación de la Iglesia en el reclamo, también es cierto que los brazos de la Iglesia van más allá de los movimientos sociales y alcanzan de igual forma a otros sectores del acto opositor.
Por ejemplo, desde que asumió como presidente de la Conferencia Episcopal (CEA), el obispo Oscar Ojea viene sosteniendo una política de diálogo permanente con interlocutores de organizaciones sociales, gremiales y de Derechos Humanos. Por la sede del Episcopado también transitan con asiduidad dirigentes políticos y empresarios interesados en hacer conocer a la máxima autoridad de la Iglesia argentina sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en el país.
El último miércoles, Ojea, quien también es obispo de San Isidro, se reunió en la sede de la CEA con los dirigentes gremiales Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma).
Si bien la entrevista había sido pedida por los sindicalistas hace un más de un mes, la foto con el dirigente Camionero dos días antes de encabezar la multitudinaria marcha de repudio al acuerdo con el FMI no pasó desapercibida.
Así las cosas, la misma Iglesia que fustigó al kirchnersimo por los casos de corrupción y por la manipulación de las estadísticas vinculadas a la pobreza, hoy presta oído y da sostén simbólico a todo lo arco opositor peronista.
El triángulo conformado por la Iglesia, los Movimientos Sociales, y un sector del sindicalismo llegará hasta el Congreso el viernes para reclamar la sanción de cinco proyectos de Ley: Emergencia Alimentaria, Integración Urbana, Infraestructura Social y Emergencia de Adicciones.
«La agenda de los movimientos populares tiene que ser prioridad y lo planteamos con ideas, propuestas y proyectos de ley muy claros, porque mientras el gobierno juega a la timba financiera con sus amigos, el pueblo se empobrece y la dignidad de cientos de miles de familias está en juego», señaló Grosso.
«El paquete de leyes que presentamos tiene un gran consenso entre la mayoría de los diputados y diputadas de la oposición, ahora hay que ponerse a trabajar urgente porque no hay más tiempo que perder, los millones de pibes que pasan hambre no pueden esperar un plato de comida, mientras se pierden millones de dólares por un ‘error’ de Macri», afirmó el diputado.
La agenda urgente, la necesidad de construir pequeñas victorias, y la aceleración de la campaña electoral hicieron que los movimientos sociales presentaran esta semana el brazo político que intentará contribuir a la unidad opositora de cara a las elecciones de 2019. El Frente Vamos está constituido por el Movimiento Evita, Libres del Sur, el Partido del Trabajo y el Pueblo, Unidad Popular, Seamos Libres, MP La Dignidad, MNCI y Patria Grande. Todos serán parte de la Marcha Federal.
Los dirigentes sociales sostienen que «la sociedad cruje y el tejido social se desgarra» y no dudan en advertir que la conflictividad social irá en aumento de aquí a fin de año. En ese marco, se organizan «para proteger a los que menos tienen». «
El clasismo prepara un congreso
Sindicatos, seccionales y agrupaciones gremiales referenciados en el clasismo y los partidos de izquierda convocaron a participar de un congreso el próximo 23 de junio en el que propondrán un plan de acción para enfrentar «el plan de guerra de Macri, los gobernadores pejotistas y el FMI». La resolución surgió en un encuentro convocado por la directiva del Sindicato Único del Neumático (Sutna) y del que participaron más de 300 referentes de este sector del sindicalismo. Los convocados también resolvieron «lanzar inmediatas iniciativas que coloquen la necesidad de un paro activo nacional y un plan de lucha de todos los sindicatos».
Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, señaló que «somos conscientes de que ante la política colaboracionista de la burocracia sindical, la lucha que nos espera exige de una inmediata respuesta obrera unificada, que debemos motorizar los aquí presentes. No podemos dejar pasar sin lucha paritarias del 15%, la eliminación de nuestros convenios, el enorme ajuste de los tarifazos».
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