De aprobarse, la nueva ley ampliaría a 365 días corridos las licencias especiales.
Fue en el Salón Perón de la Legislatura porteña y contó con la presencia de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, sindicales, organizaciones sociales y representantes de instituciones locales y nacionales vinculados a la temática.
La iniciativa modifica la actual Ley 360 de Licencias especiales y su objetivo es garantizar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, cuyos padres y madres son trabajadores públicos que se desempeñan en los distintos Poderes de la Ciudad, entes autárquicos y descentralizados, y organismos de control. De esta manera, se apunta no solo a garantizar el cuidado y cumplir con lo establecido en la legislación vigente de protección integral a las infancias, sino también a ampliar derechos de los trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, busca correr esta temática de un paradigma médico, y cumplir con las indicaciones de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, así como la Ley de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes.
En ese marco, Montenegro señaló que “este proyecto viene a ampliar derechos en un contexto de Ciudad con una gran ausencia del Estado. Desde muchos sectores proponen que hay que avasallar derechos y nosotros pensamos que, al contrario, hay que ampliarlos. Este proyecto es el resultado del trabajo de muchos que están día a día en las escuelas y en cada uno los lugares de trabajo. Se trata también de asumir una responsabilidad política ante esta situación. Sabemos que es difícil pero no es imposible. No hay imposibles”.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), trabajadores estatales de ATE, de enfermería, del subterráneo y del sindicato de Apoc entre otros. También hizo uso de la palabra el legislador de Unión por la Patria, Javier Andrade. Entre los fundamentos del proyecto de ley se destaca que “el acompañamiento terapéutico de los niños, niñas y jóvenes adultos es múltiple y diverso. Entender a la discapacidad fuera del paradigma médico, y contemplando a la persona de manera integral en todas sus necesidades requiere también una decisión política de trasladar este paradigma a la legislación, incluyendo a la que regula al empleo”.
Desde que asumió su banca, la diputada porteña impulsó y logró que se constituya una comisión legislativa para abordar temáticas vinculadas a las personas con discapacidad, que hasta entonces no existía.
En ese sentido, Montenegro expresa en la iniciativa que “las licencias solicitadas para acciones terapéuticas, o que involucren trámites para certificaciones no deberían tramitarse bajo el concepto de enfermedad. Homologar los padecimientos a las acciones de apoyo retrocede en la ampliación de los derechos de las personas con discapacidad”.
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