Incluirá la premisa de recortar los gastos para asegurar el pago de los intereses sin tomar nueva deuda. El presidente se carga el proyecto al hombro y dice que irá al Congreso a explicarlo.
La decisión política es mantener el resultado fiscal favorable, que hoy por hoy el presidente Javier Milei considera la clave del éxito en la lucha contra la inflación. Hasta ahora, a pesar del relato oficial, el logro ha sido relativamente modesto: los precios continúan a un ritmo crucero cercano al 4 por ciento mensual y si no suben más es porque, a fuerza de privarse de los consumos básicos, los bolsillos exhaustos de la población no pueden convalidar más incrementos.
Milei sabe que su vocación por profundizar el ajuste ya no cuenta con el plafón político que la oposición dialoguista le brindaba en los primeros meses de su gobierno. Por eso amenazó con ir en persona a Diputados a defender la propuesta, quitándole protagonismo al propio Luis Caputo. Esa tarea, habitualmente, la realiza el ministro de Economía durante el debate en comisiones. No se recuerdan antecedentes de que un presidente en funciones haya ido al Congreso en esa instancia del debate. La posibilidad de convocar a una Asamblea Legislativa sólo para fundamentar un proyecto rompe todos los esquemas de los encargados de ceremonial.
Durante el Foro Madrid-Río de la Plata, encuentro libertario que se desarrolló este jueves y viernes en Buenos Aires con la presencia de referentes del partido ultraderechista español Vox, Milei profetizó que los partidos de la oposición “van a hacer lo imposible para que el Presupuesto no salga. ¿Por qué? Porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de los curros”.
La idea que preside la elaboración del proyecto es muy distinta a la habitual. En esta ocasión se proyectará un gasto total que funcionará como tope; si los recursos disponibles son menores, se ajustarán todas las partidas posibles (salvo aquellas en las que por ley se haya acordado una actualización por inflación, como por ejemplo las jubilaciones) en la proporción necesaria para cumplirlo; y si son mayores, se dispondrá la rebaja de impuestos por el excedente.
La metodología había sido anticipada hace tres semanas por el propio jefe de Estado, cuando disertó en el Council of the Americas. “Se va a llamar déficit cero, y eso implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, Argentina deja de tomar nueva deuda. El superávit primario va a ser igual a los intereses; no vamos a tener déficit fiscal. Va a haber una parte del gasto público que se va a acomodar, por ejemplo, que sigue a la inflación, y por diferencia sale el resto del gasto público consistente con esa regla”, explicó.
Lograr ese objetivo será un desafío. Según la Secretaría de Finanzas, las deudas contraídas hasta el 31 de marzo devengarán intereses en 2025 por alrededor de U$S 10.200 millones. A ello se deben agregar los intereses por el “roleo” de vencimientos desde ese momento y otras obligaciones, como el traspaso al Tesoro de los pasivos remunerados que tenía el Banco Central. Todo ello obliga a obtener durante el año próximo un superávit primario (ingresos fiscales menos gastos de funcionamiento del Estado) cercano al 3% del PBI.
El equipo económico cree que se juega gran parte de su reputación si logra ese objetivo. “Tener superávit financiero sin estar en default es inédito, es un salto”, dijo el viernes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, en Mendoza.
A su favor, el gobierno cuenta que logró resultado financiero favorable en seis de los siete meses del año. Claro que para eso apeló a estrategias como la licuación de jubilaciones, la paralización de obras públicas y el “pagadiós” a empresas generadoras de electricidad, que ya no podrá repetir (al menos con la misma intensidad) en 2025.
Para peor, contará con menos recaudación de impuestos. En el informe de avance sobre la elaboración del Presupuesto remitido al Congreso el 28 de junio pasado, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció que la recaudación correspondiente a la Administración Nacional “mostrará una caída de 0,67 puntos porcentuales en términos del PBI” y que el principal motivo será “el impacto de la finalización del impuesto PAIS”, que entre enero y agosto de este año aportó $ 4,9 billones.
Este nuevo sistema para armar el cálculo de gastos y recursos cortará con una costumbre que en los últimos años se había extendido: subestimar los ingresos para reasignar libremente el excedente. También conspira contra la gestión pública, porque no habrá partidas para ningún programa que no esté prefijado al comienzo del ejercicio, ni tampoco para imprevistos.
Y también deja flotando una pregunta: si el Estado se compromete a no incurrir en más gastos, en el marco de una economía en depresión, sin políticas de ingresos, con escasa inversión privada (salvo sectores muy concentrados), con consumo por el piso, y con pobreza y desempleo en alza, ¿quién liderará la reactivación?
El Ejecutivo tiene tiempo para presentar el proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados hasta el 15 de septiembre. Si bien la práctica señala que cuando la fecha cae en domingo el vencimiento se prorroga hasta el día siguiente, en el Ministerio de Economía calculan que podría ser elevado el jueves o viernes previo.
Lo que todavía no se sabe son las previsiones macroeconómicas bajo las que fue elaborado, que suelen servir como guía para saber qué espera el gobierno que ocurra durante todo el año siguiente. Lo poco que trascendió es que se mantiene la pauta de crecimiento del PBI de 5% para 2025, que fue la que se indicó al Fondo Monetario en la última revisión del acuerdo. En el informe de avance preparado en junio se señalaba también que “la recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social en 2025 se estima que aumentará 54,4% respecto a la proyectada para 2024”, aunque por tratarse de la cobranza total acumulada no sirve para inferir cuál es la pauta de inflación de enero a diciembre que espera el equipo económico.
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