El presidente insistirá por reducir fondos específicos en medio de su conflicto con las gobernaciones de las provincias. Programas como el Procrear y el Progresar podrían desaparecer.
El actual contexto de extrema tensión con las provincias, algunos gobernadores habían logrado frenar en el recinto de la Cámara de Diputados la aprobación del inciso “h” del artículo 4° en el marco del tratamiento del proyecto de la ley ómnibus. El proyecto establecía entregar a Milei la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal”.
Por estas horas, circulan desde la vocería diferentes listados, en un estilo de comunicación oficial poco clara que se asemeja a las idas y vueltas de los dictámenes que se firmaron en el marco del debate del proyecto que fracasó hace dos semanas.
En diálogo con Tiempo, el diputado libertario «Bertie» Benegas Lynch explicó que los fondos fiduciarios que el oficialismo apunta a recortar son cajas “donde está robando la política porque en definitiva esas partidas vienen de lo público y pueden ser para cualquier objetivo que se te ocurra, es un despilfarro total. Esas partidas resultan en su gran mayoría subejecutadas”. “Por la Constitución Nacional se tienen que rendir cada mes en el Congreso y nunca se hace, no queda en ningún informe”, agregó.
Además, Benegas Lynch expresó a este medio que un fideicomiso representa un mecanismo que separa la propiedad legal de los activos de su control económico y beneficio. A través de este acuerdo, se crea una estructura que permite la transferencia de bienes de un propietario a un gestor designado, quien los administra para terceros, sus beneficiarios.
En la búsqueda de terminar con la transferencia de fondos para las obras públicas en las provincias podría ser eliminado el Procrear (decreto 902/12). Se financia con transferencias del presupuesto nacional y con los intereses provenientes de los créditos que se otorgaron. Mediante este fondo, se facilitó el acceso a la vivienda propia de la población en múltiples desarrollos urbanos a lo largo del país.
Por otro lado, en un contexto donde las provincias reclaman por recursos adeudados por la administración de Javier Milei que corresponden al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), otro fideicomiso que entraría en los recortes es el de las becas Progresar (DNU 57/22). Este tiene como función incentivar a jóvenes en situación de vulnerabilidad a continuar sus estudios.
Asimismo, podría desaparecer el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, creado por decreto N° 132 del 19 de marzo de 2022. El objetivo del mismo es garantizar un valor de referencia en el mercado interno que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan. Su financiamiento está compuesto por los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación, en virtud de la aplicación del Decreto N° 131/22.
Se trata de un conflicto manifiesto con el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, a quien responsabilizan desde el oficialismo por la caída del tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados de La Nación.
Otro que podría figurar es el que abastece al Estado de fondos para Manejo del Fuego, creado por el artículo 30 Ley 26.815. El dinero está destinado a la contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales. Esto incluye obras, cursos, gastos de personal, estudios e investigaciones, solventar la logística en la extensión de los siniestros, etc.
Para la población menos favorecida y sobre todo en zonas frías como la Patagonia, sin dudas que la posible derogación del fondo fiduciario para subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo para el programa Hogares con Garrafa (HOGAR) va a ser un tema de abierto conflicto. Se financia con transferencias presupuestarias de la APN a la aplicación de los subsidios dirigidos a los titulares de hogares de bajos recursos.
Celeste López y Mariano Gorini serían los nombres de los agresores.
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