Milei define el plan para tomar revancha con las privatizaciones

La sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara de Diputados se concretó este viernes por la madrugada, cuando se cumplieron seis meses desde su presentación en el Congreso. El trámite implicó negociaciones tortuosas con el arco opositor, incluyó el despido de Nicolás Posse como jefe de Gabinete, obligó al Gobierno a reacomodar la relación con el Legislativo y sumó un intento fallido en febrero por errores no forzados. También originó una serie de concesiones y resignaciones de la versión original para llegar a la ley posible. La Casa Rosada ahora buscará limitarlas o revertirlas, porque los 180 días no sólo fueron el tiempo que Javier Milei tuvo que esperar para contar con las dos primeras leyes de su presidencia. Además es el lapso que fijó el DNU 70/23 para transformar a todas las empresas públicas en sociedades anónimas, uno de los costados menos advertidos del decreto redactado por Federico Stuzenegger. El extitular del Banco Central ahora no tiene cargo pero será designado como ministro de Modernización. El DNU también cumplió seis meses: rige desde el 21 de diciembre, no perdió vigencia porque sólo fue rechazado por el Senado y esta semana, antes de que caduque el plazo previsto, será utilizado para activar su capítulo segundo.

«Los vimos muy heridos por lo que pasó en el Senado. No les gustó nada sacar a tres empresas del paquete de privatizaciones. Estaban obsesionados con Aerolíneas Argentinas», confió a Tiempo una fuente parlamentaria para confirmar que al presidente le quedó un sabor agridulce. La fuente pertenece a uno de los bloques opositores que nunca perdieron la interlocución con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y su segundo, José «Cochi» Rolandi.

Cuando concluyó el debate de la Cámara Alta y fueron introducidas 40 modificaciones, los dos funcionarios regresaron a Diputados y no ocultaron el malestar por la versión  que quedó del paquete de privatizaciones. A pesar de los intentos para que Diputados revirtiera y desconociera los cambios introducidos en el Senado, finalmente la letra de la Ley Bases quedó con un paquete de privatizaciones acotado, sin Aerolíneas, el Correo y Radio y Televisión Argentina. Para su exclusiva venta quedaron Energía Argentina (ENARSA) e Intercargo, mientras que el listado de privatización o concesión incluye a Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales Sociedad Anónima. La nómina se completa con la venta de acciones, con mayoría estatal de Nucleoelectrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

«Parece que con Aerolíneas tienen un comprador», aseguró otro testigo de las negociaciones, que no descarta la llegada al Congreso de un nuevo proyecto de ley para venderla, junto a otras empresas que quedaron afuera del primer paquete de privatizaciones que tenía a 41 empresas públicas que fueron quedando en el camino de la accidentada negociación que afrontó el Gobierno para evitar quedarse sin ninguna ley. En la Casa Rosada anticiparon que preparan un repechaje legislativo para insistir con la venta de Aerolíneas Argentinas y la reforma del Banco Nación para vender una parte de sus acciones, pero siempre con mayoría estatal. Tal como contó Tiempo en su edición digital, avanza la creación de una Unidad Ejecutora de Empresas del Estado, que tendrá en sus funciones el diseño de los pliegos para privatizarlas. El control de cada empresa no quedará en ese organismo, que estaría en manos de Diego Chaher, sino que será transferido a cada ministerio. Actualmente están dentro de la órbita de la jefatura de Gabinete, y ahora que la Ley Bases fue aprobada comenzará otro proceso que combinará la aplicación de la norma, junto a un achicamiento de sus presupuestos para el año próximo, la transformación de las firmas del Estado en sociedades anónimas y el envío de nuevas leyes para insistir con algunas ventas.

El interrogante que comparten diputados y senadores gira en torno a los tiempos. Cerca del ministro coordinador aseguran que la arremetida por Aerolíneas podría concretarse este año, pero frente a un segundo semestre donde la agenda legislativa tiene otros objetivos determinantes. El primero apunta al 15 de septiembre. Ese día vence el plazo para que el Ejecutivo envíe el proyecto de Presupuesto 2025. Podrá ser debatido hasta antes de fin de año, pero ya está en plena redacción dentro del Palacio de Hacienda. Quedan 75 días para que sea terminado y presentado.

Dentro de esa arquitectura presupuestaria, el Gobierno prepara un drástico ajuste en las partidas para las empresas públicas que quedaron afuera de la privatización. «Algo tenemos claro: no las vamos a dejar como están», aseguró un funcionario de Balcarce 50 para reflejar que se guardan una carta para insistir desde el «saneamiento presupuestario».

Apuntan a forzar las privatizaciones como mal menor, como una aparente salida que resulte mejor que un virtual cierre por falta de inversión estatal.

Los amagues para ampliar en el Congreso el universo de empresas privatizables y los recortes de las partidas presupuestarias para 2025 son una parte de la pinza. La otra está en el capítulo II del DNU 70/23. Está dedicado a la «transformación de empresas del Estado en Sociedades Anónimas. El artículo 48 sostiene que podrá aplicarse a todas «las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada», mientras que el artículo 51 fija «un período máximo de transición de 180 días a partir del dictado del presente para la aplicación del artículo 48 y la inscripción de las sociedades transformadas en los Registros Públicos de Comercio que corresponda».

El primero en advertir que los tiempos del DNU estaban corriendo velozmente para el futuro de las empresas públicas fue Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. El legislador rosarino siempre se preguntó si los 180 días previstos «eran hábiles o corridos». Según reconstruyó Tiempo, el gobierno jugará la primera opción para tener más tiempo. Si fuera por los días corridos, los plazos ya habrían vencido. Con la perspectiva de las jornadas hábiles, tiene más tiempo, y el primer paso podría concretarse este lunes, cuando el Boletín Oficial publique la transformación de la agencia nacional de noticias Télam. Dejará de ser una Sociedad del Estado y pasará a funcionar como Sociedad Anónima, pero desdoblada. Una parte será una Agencia de Publicidad del Estado y el sector periodístico pasará a Radio y Televisión Argentina (RTA), una de las tres firmas que quedaron afuera del paquete de privatizaciones de la Ley Bases. RTA tiene como interventor a Chaher desde principios de año. Luego pasará al frente de la unidad ejecutora de empresas públicas, pero ahora está concentrado en la aplicación del capítulo II del DNU 70/23, mientras los trabajadores de Télam ya cumplieron 118 días de acampe en la puerta de la agencia para evitar su cierre. Les faltan dos días para cumplir los cuatro meses de resistencia ante el último intento para cerrar la agencia inaugurada el 14 de abril de 1945. El anterior intento data del gobierno de Mauricio Macri y concluyó con un estrepitoso fracaso, liderado por el actual diputado del PRO, Hernán Lombardi.  Ante las consultas de Tiempo, en la Rosada confirmaron que el decreto ya está listo para su publicación y los cambios se concretarán a partir de este lunes. 

Será el primer paso para aplicar el artículo 48 del 70/23 y abrirá la puerta para que las demás empresas públicas sean transformadas en sociedades anónimas. Luego vendrá el momento de definir las partidas presupuestarias del plan de cuentas nacionales 2025 y ahí se abrirá otra batalla legislativa. Con la frondosidad de la agenda que se viene en el Congreso, aumentan las dudas sobre el momento que elegirá el gobierno para mandar nuevos proyectos de ley para debatir las privatizaciones que no prosperaron dentro de la Ley Bases.

Sin embargo, el paquete de empresas que serán privatizadas por la norma sancionada tiene un camino legislativo que también se cruzará con el debate presupuestario. El gobierno aceptó modificar el capítulo privatizador. No sólo sacó 30 empresas de la lista inicial, sino que además aceptó incluir un complejo control parlamentario: reactiva la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones que funcionó durante la venta de empresas públicas que impulsó Carlos Menem en los 90 y también involucra a la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso y a la Sindicatura General (SIGEN), que está en la órbita del Ejecutivo. El Ejecutivo deberá enviar los pliegos para su análisis y aprobación, pero este año todavía no se constituyeron las comisiones bicamerales.

Todavía falta la reglamentación de la Ley Bases para su aplicación. El Ejecutivo podría tomarse julio para terminar el decreto que la ordene y en el Congreso estiman que la constitución de las bicamercales no se puede postergar más. Serían activadas cuando termine el receso de invierno. Así se abrirá otra negociación para elegir a sus autoridades y los tiempos de una instancia que será la obsesión del gobierno.

¿Hay chances del repechaje con Aerolíneas y las demás firmas?, preguntó este diario en los pasillos del Congreso. Los consultados dudan. «Van a tener que ser mucho más prolijos que en la Ley Bases y ver si siguen teniendo los votos, porque después de estos seis meses hubo reacomodamientos en todos los bloques», resaltó una autoridad parlamentaria para mostrar que un nuevo intento privatizador requerirá nuevos acuerdos cuando el gobierno demuestre que puede gestionar con las dos leyes que le aprobaron. «Los números no están claros y ahora que viene el presupuesto, hay que saber qué plan tienen con las empresas públicas», vaticinó otro escudero opositor.  «