El gobierno de AMLO logró que se declare de “utilidad pública la explotación y aprovechamiento” en oposición a las multinacionales. Junto con el de Luis Arce, fomentan una organización comparable con la OPEP, pero americana. ¿Ponen en una encrucijada a Argentina y a Chile?
El lunes 18, la irónicamente llamada “Bancada Iberdrola” (por la multinacional energética española que domina el mercado local de la electricidad) pretendió abortar una reforma a la Ley Minera mexicana, pero el gobierno impuso su mayoría y, lo más importante, logró con ella nacionalizar el litio. La norma que intentaban evitar las empresas extranjeras y sus aliados de los dos mayores partidos de oposición –el antiguo PRI, volcado a la derecha, y el ultra derechista PAN– declara de “utilidad pública la explotación y aprovechamiento” de este recurso estratégico y escaso, un metal ligero y poco denso empleado en las industrias farmacéutica y aeronáutica y en la fabricación de baterías recargables para automóviles, computadoras, teléfonos celulares y tablets, entre otros usos.
En el fundamento de voto de varios legisladores reapareció una idea esbozada en julio del año pasado, cuando los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia) firmaron una carta de intención rica en conceptos. Entre ellos, el de la creación de una entidad regional del litio. En su momento, los asesores de las partes hablaron privadamente de algo asimilable a lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pero no global sino exclusivamente americana. El acuerdo habla de “cooperación binacional para el aprovechamiento integral del litio” y, aunque evita el uso del término “integración”, se extiende sobre la necesidad de “establecer un diálogo productivo que permita ejecutar proyectos comunes para el desarrollo de la industria del litio”.
Aun así, más allá de las buenas intenciones de los convocantes, todos saben lo que costó el armado de la OPEP, y lo que cuesta mantener los acuerdos y diseñar las estrategias cuando un insustancioso bla, bla, bla es el motor de ciertas diplomacias de poca monta. En los tiempos por venir, si a esa necesidad de establecer un diálogo productivo se le agrega la observancia de una sólida unidad a la hora de la toma de las grandes decisiones –como lo ha hecho la OPEP en sus 62 años de vida–, no habrá espacio para que se repitan las diferencias entre el decir y el hacer que castigan hoy a un efectivo aliado comercial, todo porque los grandes de Occidente necesitan aislar a Moscú. Hasta marzo pasado, cuando Rusia era el malo, pero no tanto, el gigante oriental recibía carbonato de litio desde Chile, Argentina, Portugal, China y Bolivia. Ahora solo le quedan los dos últimos proveedores. Cada uno suma lo suyo, unos prohibiendo a Dostoievski, otros mezquinando el litio.
Estos días, mientras México avanzaba en la nacionalización, Bolivia era la sede virtual del foro Perspectivas del Litio desde la Óptica de América Latina. El encuentro estaba pendiente desde el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales (noviembre de 2019), y es patrocinado por las Naciones Unidas mediante la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Las máximas autoridades del área energética de Argentina, Chile, Bolivia, México y expertos de Cepal fueron citados para «avanzar en la conformación de un espacio común para optimizar la explotación del litio». El encuentro abrió el camino hacia el primer Congreso Internacional del Litio (presencial), del que participarán este año los mismos cuatro más Brasil y Perú, los otros dos países americanos con reservas.
En la última versión de su Resumen de Productos Minerales, el Servicio Geológico de EE UU (USGS) señaló que en el período 2016-2021 se triplicó la producción mundial. Saltó de 35 mil a 100 mil toneladas y el mayor productor fue Australia, seguido por Chile, China, Argentina, Brasil, Zimbabue y Portugal. Sin embargo, al referirse a las reservas mundiales el orden cambia sustancialmente a favor de los países americanos. En todo el mundo se han confirmado reservas por alrededor de 89 millones de toneladas métricas. De ese total, el 60% le corresponde a la suma de tres países americanos: Bolivia, con 21 millones; Argentina, con 19 millones; y Chile, con 9,8 millones (el llamado Triángulo del Litio). A ellos se suman México (1,7 toneladas), Perú (880 mil) y Brasil (470 mil). De tal manera, algo más del 67% de las reservas conocidas le pertenecen a la región americana.
Los países que participarán del Congreso del Litio fueron convocados con “el objetivo de afianzar de manera conjuntas un nuevo espacio institucional regional con un formato que comprometa la defensa de la soberanía de cada Estado miembro”. Deberán tener en cuenta que el futuro del mercado de baterías es de pronóstico difícil y, con miras al futuro, deberán responderse a una pregunta central: ¿qué resultados concretos tuvieron los países que en el siglo pasado se abrieron a las inversiones para entrar al mercado global en carácter de proveedores? Los expertos de la Cepal abrieron el paraguas y advirtieron sobre el riesgo de implementar un nuevo ciclo de dependencia tecnológica y financiera que reproduzca los nefastos tiempos del pasado, de exportación de materias primas sin valor agregado. «
Todo indica, y el gobierno mexicano ya lo asumió, que la nacionalización del litio le traerá graves complicaciones políticas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ocurre que las mejores áreas mineras del país fueron entregadas, especialmente a empresas de Canadá y EE UU, y revisar las concesiones, como prometió AMLO, equivaldría a poner en juego la “seguridad jurídica”, ese enorme cuco esgrimido por las grandes multinacionales en todo el mundo.
Los gobiernos neoliberales que protagonizaron la más grosera entrega del patrimonio mexicano no se anduvieron con chiquitas. Felipe Calderón (2006-2012) regaló el litio de Sonora, en el centro oeste del país, por cien años, un siglo, el equivalente a 17 períodos de gobierno. Lo recibió un amigo que en 2013 lo vendió a la británica Bacanora Lithium con la bendición de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
A partir de la aprobación de la Ley Minera, que reserva para el Estado la propiedad sobre ese recurso estratégico, se abre la puerta a una revisión que, en este caso, involucra a la empresa china Ganfeng Lithium, que adquirió derechos sobre su explotación. El mayor yacimiento de litio conocido hasta el momento, y catalogado como el más rico depósito de mineral del mundo, será explotado por las compañías extranjeras hasta 2115, un tiempo que, aun pese a la generosidad neoliberal, será insuficiente para acabar con el litio que se esconde en las tierras arcillosas de Sonora.
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