México pone contra las cuerdas a fabricantes de armas que pertrechan a los narcos

La resolución definitiva viene demorada. Con su tranco lento, de tortuga vieja y mañera, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos es, desde hace 14 años, y lo sigue siendo, el blanco al que le apuntan las más famosas fábricas de armas del mundo, a las que con una demanda inédita México tiene contra las sogas. Mueven hasta los resortes que no existen –y los oficiales en primer lugar– para evitar que se las sancione por facilitar el flujo del armamento más poderoso hacia los carteles que siembran el terror en México y se disputan el ávido y creciente mercado consumidor de drogas estadounidense. En octubre del año pasado el máximo tribunal federal decidió examinar la demanda mexicana y dentro de dos semanas, el 4 de marzo, oirá a las partes para al fin determinar si las empresas demandadas gozan de inmunidad cuando sus productos aparecen en los arsenales de los traficantes.

En su afán por mostrarse como el ganador en la guerra de los aranceles declarada cuando asumió la presidencia, Donald Trump y su pandilla se niegan a admitir que si bien México cedió su parte para ganar 30 días de calma, EEUU también cedió lo suyo y se quedó enfrentado a los armeros, aunque sea por un rato.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a blindar la frontera y cerrarles el paso a los pobres, mayoritariamente centroamericanos, que pretenden cruzarla para buscar un trabajo más allá del río Bravo. Es lo que dicen al margen de algún comentario zalamero sobre Sheinbaum. Sin embargo, en sus diálogos telefónicos, Trump se comprometió –habrá que ver si cumple– a trabajar en conjunto para atacar el tráfico de armas, un compromiso que se negó a asumir durante su primera presidencia. Es más, ningún gobierno precedente se atrevió a enfrentar la legislación sancionada durante las presidencias de George W. Bush (2001-2009), básicamente la Ley de Protección del Comercio de Armas, que otorga plena inmunidad a fabricantes, distribuidores y vendedores ante demandas civiles por el uso de sus productos por terceros. Eso no lo dice nadie, y viene justo ante la audiencia del 4 de marzo.

Más allá de la tímida apertura de la Corte y el más concluyente dictamen de una jueza de Arizona, que el 29 de enero decidió continuar con el proceso judicial y dio por finiquitado el pedido de cinco empresas dedicadas a la venta de armas, la magistrada dio por tierra con la intención de subordinar este juicio al fallo que, algún día, podrían dictar los supremos con respecto a la demanda que involucra a los grandes fabricantes mundiales. El fallo coincidió con un estudio divulgado por Stop US Arms to México, en el que la fundación de Washington revela y denuncia que «la violencia armada en México aumentó en las dos últimas décadas, coincidiendo con la liberación de la venta de armas de asalto en Estados Unidos en 2004».

«Todo suma y ayuda», señaló la consultoría jurídica de la cancillería mexicana. Después se conoció el más reciente espaldarazo recibido por las demandas de Massahusetts y Arizona. Fue un contundente estudio de la privada George Washington University (GWU), que reveló que sólo en los cuatro Estados norteamericanos fronterizos con México –Arizona, California, Texas y Nuevo México– hay más de 9000 negocios de venta de armas, la mayoría de alto poder de fuego. El Estado que registra las mayores ventas es Texas (43%), gobernado por el republicano Gregg Abbott, un fascista que en la interna partidaria se sienta a la extrema derecha de Trump. Le siguen Arizona (22%) y California (9%). Los dos gobiernos coinciden en que cada año se trafican 200.000 armas hacia México.

La GWU accedió a un informe reservado de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que dice que el número de armerías creció en las dos últimas décadas, al amparo de la Legislación Bush. En ese período se abrió un promedio de 100 puestos de venta por año. En todo el territorio norteamericano existen unas 50.000 armerías. Con esos datos, la Universidad concluye que prácticamente el 20% se encuentra en aquellos cuatro Estados fronterizos. Casi 5000 puestos se ubican en Texas, donde los vendedores cuentan con una legislación generosamente proteccionista garantizada por Abbott, un declarado defensor de la libre portación de armas. La GWU señala que «lo que se debe resaltar no es sólo que haya muchas tiendas y que estén muy cerca de la frontera, sino que en ellas cualquiera puede comprar rifles semiautomáticos, como un poderoso AK-47», por ejemplo.

Como dice la cancillería mexicana, todo suma, y así se ve cuando se observan los aspectos medulares de la demanda dirigida contra los fabricantes. En sus presentaciones, México insiste: «Los vendedores no cumplen con el cuidado al que están obligados, causan daños previsibles, venden armas que se modifican y transforman en automáticas, violan leyes federales y son negligentes por no disciplinar a quienes comercializan sus productos». Todo esto, reunido, «causa un grave daño en México». En ese todo suma, México destaca el acuerdo al que llegó Remington con las familias de 20 niños y 6 docentes de una escuela primaria de Connecticut, masacrados por un tirador que utilizó un rifle de asalto AR-15 producido por el famoso fabricante. Pagó 73 millones de dólares en indemnizaciones, con lo que reconoció su culpabilidad. Eso también pesará en la audiencia del 4 de marzo.

Desde el inicio de su mandato, Sheinbaum subraya la importancia de que EE UU atienda el tráfico ilícito de armas desde su territorio. En enero destacó la relevancia de un informe del Departamento de Justicia estadounidense, que reconoció que el 74% de las armas incautadas en México proviene de territorio estadounidense. Su discurso siempre señala que armas y narcotráfico van de la mano. Mientras haya un rico mercado de consumo y la demanda de drogas no se reduzca en EEUU, «será difícil combatir el crimen organizado, porque además las drogas no se distribuyen solas. Hay una red criminal –dijo– que permite que no sólo se vendan en las ciudades, ya llegan a las zonas rurales. Se trata de un problema de salud pública al que se suma la complicidad del sistema bancario, que facilita el lavado de las formidables cifras que moviliza el narcotráfico».