México: 94 políticos fueron asesinados en campaña, 30 de ellos eran candidatos

Con el asesinato de Aguirre Sánchez, un total de 94 políticos, 80 de ellos del ámbito municipal, fueron asesinados en México en los últimos ocho meses durante la campaña para las elecciones del próximo 1 de julio, la más violenta en los últimos 24 años. De los políticos asesinados entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de mayo último, 30 eran precandidatos y aspirantes a candidaturas, en tanto que otros seis eran candidatos ya registrados como tales. Entre las víctimas hay 12 alcaldes, de los cuales cuatro eran precandidatos o candidatos a la reelección o a otro cargo. 

En un 66% de los casos la consultora Etelekt, autora del informe, identificó un «modus operandi» atribuible al crimen organizado: ataques con armas de alto poder, participación de grupos armados, tortura y violencia extrema. 

Los crímenes se dan en medio de una ola de violencia que dejó 29 mil muertos en 2017, la cifra más alta en dos décadas. 

Además de 267 ataques directos contra políticos, la consultora detectó que han aumentado las amenazas contra candidatos por diversos medios, incluidas las redes sociales.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, solicitó aumentar la protección de la clase política: «Es importante que todos asumamos nuestra responsabilidad, autoridades federales y locales, para generar buenas condiciones». Por lo pronto, se estipula que tanto ese organismo como el resto de las autoridades mexicanas desarrollen protocolos especiales para intentar garantizar la paz en los comicios. 

Heriberto Huicochea, dirigente del PRI en el estado de Guerrero, aconsejó a los líderes de su partido no realizar actividades políticas por las noches pero, a pesar de la tensión, esa fuerza política no suspenderá la campaña electoral en ese territorio.

Hace un mes, el gobierno aumentó la seguridad en Guerrero con 2000 militares mientras que el pasado 3 de mayo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de esa región aprobó la sustitución de 17 candidatos a diputados que renunciaron a sus aspiraciones por precaución ante las actividades delictivas en la zona. Ese día, en el municipio Eduardo Neri un tiroteo interrumpió el arranque de campaña de Olaguer Hernández Flores, candidato del PRI a diputado.

En estos momentos, las autoridades mexicanas estudian otras 90 solicitudes de candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores que prefieren abandonar la arena política para sobrevivir. De manera puntual, la crítica situación en Guerrero provocó que tres candidatos a diputados por el PRI —María de los Ángeles Salomón, Flavia García García y Edel Chona Morales— exigieran seguridad especial, mientras que Jesús Martínez Martínez, quien tiene intención de postularse para ser alcalde de Teloloapanuien, también solicitó protección.

De acuerdo con Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, en este periodo electoral existen zonas focalizadas de alto riesgo, como Durango, Guerrero y Oaxaca, pero sobre todo Michoacán. Frente a esto «es muy importante una colaboración con la Secretaría de Gobernación. Nosotros lo que planteamos es trabajar en un protocolo de seguridad. A nosotros nos toca directamente resguardar la seguridad de los candidatos que entran en campaña».

Pero desde el gobierno no parecen darle al tema la importancia que se merece. En declaraciones al diario español El País, el coordinador de asesores de la fiscalía para delitos electorales, Jorge Lumbreras, dijo que «se ha presentado violencia política contra precandidatos y contra personas que ya ocupaban cargos públicos, como en el caso de Guerrero. Esta es una situación que desde luego a todo el país le preocupa. Sin embargo, el proceso electoral está en marcha y esperamos que sea en paz y en tranquilidad. Es un día en que se movilizan marinos, militares, policías estatales, federales, todas las procuradurías del país». 

El caso de los estudiantes de cine

La Policía Federal mexicana detuvo el viernes a un tercer integrante del grupo que presuntamente asesinó a los tres estudiantes de cine en el estado de Jalisco, crimen que conmocionó a la sociedad mexicana y que rememoró el de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, que fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías municipales de Iguala, entregados a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura cercano, según la versión oficial. 

Salomón Aceves, Marco Ávalos y Daniel Díaz llevaban desaparecidos desde el 19 de marzo pasado, cuando fueron interceptados al regreso de un rodaje por hombres armados que se identificaron como agentes de la Fiscalía, de acuerdo con testigos. Los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales fueron confundidos con miembros de la banda rival Cártel Nueva Plaza, cuando filmaban para un trabajo universitario una finca en Tonalá, sin saber que era un refugio de los criminales de esa banda, y los secuestraron en la ruta, cuando frenaron por un desperfecto de su vehículo. Los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, supuestos asesinos, los disolvieron en ácido sulfúrico. «