En el tramo inicial, desde aquel 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, las críticas de sectores de la izquierda eran que era un acuerdo a la medida de las multinacionales afincadas fundamentalmente en Brasil y Argentina. Carlos Menem y su reciente plan de Convertibilidad, Fernando Collor de Mello del otro lado de la frontera, eran las caras más visibles de ese acontecimiento, cuando la caída del bloque socialista era un hecho y el neoliberalismo aparecía como la única opción en vigencia.
Con la llegada al poder de Lula da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, se consolidó un bloque decidido a una integración política más profunda y a otra mirada sobre el desarrollo de los países sudamericanos. De ese eje nació, junto con Hugo Chávez, el No al ALCa de 2005 en Mar del Plata y un impulso para reunir a América del Sur en intereses comunes, cosa de hablar más fuerte y más alto en las grandes ligas. La incorporación de Venezuela, en 2012 y pese al rechazo del Senado paraguayo, buscaba ser desde lo económico una buena alianza entre el poderío industrial argentino-brasileño con la energía que podría proveer la nación caribeña.
El golpe contra Fernando Lugo fue como un cross a la mandíbula, en la ciudad donde se gestó ese esbozo de unidad regional, mientras se demoraba el ingreso de Bolivia y Chile.
La llegada de Mauricio Macri, el derrocamiento de Dilma Rousseff y el cambio de paradigma en Brasilia y Buenos Aires, más la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con sus planes de desarticular todos los organismos supranacionales -comenzando por los que integraba Estados Unidos- fue acicate para, por ejemplo, el Brexit en Europa. Cómo no lo iba a ser para una integración latinoamericana siempre dificultosa por los intereses de las oligarquías locales tan ligados a los de los centros financieros internacionales.
Las ideas de libre mercado y baja de aranceles externos, siempre latentes en las elites empresarias, tuvieron más aire desde el 2016. Venezuela fue mala palabra y terminó expulsada del Mercosur, y Paraguay y Uruguay, los socios menores del club, tuvieron más eco con Jair Bolsonaro y el gobierno macrista en su interés por dejar el barco.
Había caldo de cultivo. Porque ese ímpetu inicial del Mercosur y su reconversión de los primeros años del siglo XXI fueron perdiendo fuerza a medida que se profundizaron las crisis particulares en cada uno de sus integrantes por la hecatombe internacional del 2008.
No fueron estos últimos cinco años. No fue con el fallido anuncio de un acuerdo Mercosur-UE. Venía desde las iniciativas internas para proteger la competitividad regional de las industrias argentina y brasileña en los albores del 2010, que terminaron perjudicando a la economía de los socios menores. Ya en tiempos de José Mujica hubo planteos en Uruguay para negociar acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur. Para saltar de ese corset que el actual mandatario, Luis Lacalle Pou, trajo de vuelta a la mesa de discusiones.
Las palabras del presidente oriental fueron duras. Más ásperas fueron las frases con que Alberto Fernández clausuró el encuentro virtual por el trigésimo aniversario de la alicaída organización regional. “No queremos ser una carga para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie”.
Como desde aquel primer encuentro entre Alfonsín y Sarney, el gran dilema del Mercosur es el de cómo defender los propios intereses ante el resto del mundo. Y como entonces, la cuestión de fondo pasa por los aranceles comunes externos. Para Fernández, «la inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra». Pero no todos ven el momento del mismo modo.
Una verdadera integración es una alianza en la que todos ganen. No todos parecen estar satisfechos con el Mercosur que supimos construir en tres décadas. Tal vez no sea solo una cuestión ideológica lo que está en danza. Tal vez no es solo la patente de un automóvil lo que nos identifique, o el Estatuto de Ciudadanía que debe implementarse. Tal vez, la mudanza de magnates argentinos a la otra orilla no sea solo un acto de rebeldía fiscal. Tal vez es la certificación de que lo que falta construir es más complejo que un enfrentamiento por zoom entre mandatarios circunstanciales.
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