"Mis defendidos son inocentes", aseguró el abogado defensor, Roberto Fernández.
«Mis defendidos son inocentes. Ese día ellos salieron en cumplimiento de la Ley», dijo Fernández en su alegato. Luego, citó una resolución de la Cámara de Apelaciones del seis de junio de 1996, «la misma consideró que los funcionarios públicos salieron en prevención del delito».
«Este juicio se realizó fuera de los tiempos normales», se quejó Fernández. Continuó diciendo que «quiero que se haga justicia porque siempre busco la verdad».
Tras el alegato del defensor de los imputados, la viuda de Edgardo Cicutín expresó a Tiempo que «es evidente que va a utilizar solo lo que le conviene, pero me gustaría que estudie la causa con detenimiento y se dará cuenta de que todos son culpables», aseguró Raquel Gazzanego. Lo que hizo Fernández fue «tomar algunos datos de expediente y los presentó en su alegato en forma incompleta».
«Las escuchas realizadas al teléfono de Héctor Bielsa que menciona, las hizo la misma Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. Es falsa, además es sobre un robo a una sucursal del Banco Macro ubicada en la zona norte», reconstruyó Gazzanego. También recordó que varios testigos «declararon que vieron cuándo los policías ponían dos pistolas en el interior del vehículo en el que iba Bielsa, Mendoza y el remisero Corbo».
El miércoles de la semana pasada la fiscal Viviana Simón, en su alegato final ante el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, pidió la condena de prisión perpetua para los siete expolicías imputados en la Masacre de Wilde. La magistrada sostuvo que a lo largo del juicio quedó totalmente acreditado que aquel día -10 de enero de 1994- los once integrantes de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense asesinaron a balazos a Eduardo Cicutín, Roberto Corbo, Héctor Bielsa, Gustavo Mendoza y Claudio Díaz, que sobrevivió de milagro.
También dijo que quedó al descubierto que los policías salieron directamente a matar, perseguían a una banda de ladrones que trabajaban para la comisaría y que ya no lo querían seguir haciendo y los fueron a buscar para asesinarlos.
La fiscal pidió a los jueces que la condena sea de cumplimiento instantáneo y efectivo sin ningún tipo de privilegios. Solicitó esto en respuesta al pedido del defensor de los imputados, que le dijo al Tribunal que debe tener en cuenta que los acusados ya son personas adultas y con problemas de salud.
Cuatro inocentes fueron asesinados a balazos el 10 de enero de 1994 por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. Los efectivos declararon que perseguían a «delincuentes» que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Después, dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína. Los agentes dispararon 270 balas. Sin embargo, durante la instrucción de la causa se supo que se trataba de una banda de ladrones que trabajaban para ellos. Pero ya no lo querían seguir haciendo y por eso los policías fueron a buscarlos para matarlos.
Una de las víctimas fatales fue Edgardo Cicutín, que tenía 33 años y era padre de Natalia de 8 y de Gonzalo de apenas 8 meses. Sus hijos se criaron en una sociedad de instituciones, pero no creen en ellas. Este hombre era un trabajador, vendía libros para la editorial Cisplatina. Se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió a la balacera policial de milagro. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.
Todos los policías que protagonizaron la masacre prestaban servicio en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José «El Lobo» Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la mutual judía AMIA.
Los imputados son Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto, Hugo Reyes, César Córdoba y Carlos Saladino, de estos últimos uno falleció y otro presentó un problema de salud para no estar en el juicio. Tras veinte años de estar prófugo, Marcos Ariel Rodríguez fue capturado en noviembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda, lo detuvieron por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes de la masacre. Primero dijo que no iba a declarar en el juicio y finalmente lo hizo. Su testimonio sirvió a los jueces para atar nudos en su contra.
Finalmente, la semana pasada la fiscal del juicio Viviana Simón pidió prisión perpetua para todos los expolicías imputados en la causa y que no gocen de ningún privilegió. Esta semana en curso es de alegatos y a partir de la próxima ya esperan el veredicto final.
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