Masacre de San Miguel: «Fue ejecutada en el marco de políticas de seguridad que promueven estas acciones»

El hecho aislado –brutal– no tiene explicación: policías de la comisaría de San Miguel del Monte persiguieron y dispararon contra un auto en el que viajaban cinco jóvenes –solo uno mayor de edad– provocando el impacto contra un acoplado estacionado y el consecuente saldo trágico: cuatro ocupantes muertos y una quinta herida de gravedad. Un informe especial de la Comisión por la Memoria (CPM), detalla el accionar ilegal de los agentes, pero al mismo tiempo lo enmarca dentro de un contexto “de reformas legislativas y decisiones de los gobiernos regresivas en derechos humanos”, la incapacidad del poder judicial para “controlar la constitucionalidad de estas medidas” y la proliferación de “discursos mediáticos punitivos”. Por si la situación no fuera lo suficientemente grave, desde el organismo también denuncian que sufrieron espionaje y amedrentamiento durante la presentación del documento.

“La masacre de Monte no es un caso aislado sino el emergente más aberrante y doloroso de una cruda realidad que padecen sistemáticamente las y los bonaerenses. Se inscribe en una trayectoria de violencia policial en la localidad y en la regularidad de una política de seguridad provincial que tiene por objetivo el control de los territorios de las poblaciones precarizadas y de los mercados ilegales. Hostigamiento, persecución, armado de causas, sobornos, violencia física, amenazas y detenciones arbitrarias son prácticas cotidianas que las fuerzas de seguridad aplican, sobre todo, contra jóvenes y pobres”, se lee en las primeras páginas del trabajo.

Los hechos conocidos como la Masacre de Monte ocurrieron el 20 de mayo pasado, alrededor de la una de la madrugada, cuando dos patrulleros de la Estación Comunal de San Miguel del Monte persiguieron y dispararon contra un Fiat Spazio hasta hacerle perder el control, causando la muerte de Danilo Sansone, de 13 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Camila López, de 13; y Carlos Aníbal Suárez, de 22. La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello, de 13 años, que estuvo 25 días internada en grave estado en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Durante los primeros momentos se intentó instalar la idea de un accidente, llegando hasta la falsificación de testimonios para ocultar los disparos de los efectivos. Sin embargo, la desmesura policial no tardó en quedar en evidencia. Por estos hechos se encuentran imputadas 13 personas: los/as agentes Rubén Alberto García, Manuel Monreal, Leonardo Daniel Ecilape, Mariano Alejandro Ibáñez, Julio Franco Micucci, José Alfredo Domínguez, José Manuel Durán, Héctor Enrique Ángel, Melina Noelia Bianco, Nadia Alejandra Genaro, Cristian Alberto Righero y Juan Manuel Gutiérrez, y el secretario de Seguridad municipal de ese momento -y también ex policía- Claudio Ismael Martínez.

“Con posterioridad a esta masacre, comenzaron a circular en la comunidad y en los medios de comunicación múltiples relatos sobre violencias policiales previas e invisibilizadas. Relatos que daban cuenta de violencias estatales que fueron naturalizadas –e incluso justificadas– generando las condiciones de posibilidad para que este hecho se produzca”, remarca el informe, que fue presentado este viernes, antes del mediodía, en el Centro Tradicionalista Martín Fierro, de Monte, y que contó con la presencia del Padre Pepe di Paola, familiares de las víctimas y, según la denuncia de la CPM, de “infiltrados».

“Se presentaron dos personas que enseguida nos parecieron policías de civil, se sentaron en la última fila, luego se levantaron los dos juntos y fueron al baño. Después salieron del salón y subieron a un auto nuevo sin patente. Varios de los presentes los reconocieron de haber estado también el día lunes, durante un acto organizado por los familiares frente a la municipalidad. Claramente es un acto de espionaje ilegal y de comportamiento mafioso que busca amedrentar. Ya hicimos una presentación ante el procurador general de Buenos Aires, Julio Conte Grand, para que se investigue porque lo que pasó fue muy grave”, le cuenta a Tiempo el Coordinador de la Comisión Roberto Cipriano García.

La visita no deseada en la presentación del informe no evitó que se difundieran algunas consideraciones, en especial, aquellas que señalan la responsabilidad política.

“El gobierno actual ha consolidado esta definición profundizando el control y la presencia policial en las calles y legitimando el uso letal de la fuerza policial. La consecuencia de estas políticas es la vulneración sistemática de derechos humanos”, destaca el documento y concluye: “La muerte de los cuatro jóvenes de San Miguel del Monte no fue una tragedia, no fue un accidente ni fue un error humano. Fue una masacre ejecutada por agentes policiales que actuaron en el marco de políticas de seguridad que promueven y habilitan estas acciones. Por eso el Estado es responsable”.