El jueves pasado, la Policía Civil de Río de Janeiro realizó una operación en la villa de Jacarezinho: mató a 27 personas. Un policía también murió. Incautaron armas y drogas. La operación Exceptis, además de combatir el tráfico y el robo, tenía por objetivo combatir la cooptación de jóvenes. La operación fue organizada por la comisaría de protección de niños y adolescentes y movilizó a 250 policías, helicópteros y blindados.
Desde junio de 2020, por determinación de la Corte Suprema, las operaciones policiales en las favelas de Río solo son realizadas en casos excepcionales, deben ser notificadas a la fiscalía y cumplir determinados principios: contar con ambulancias, no usar helicópteros como plataforma de tiro, no usar escuelas y hospitales como base de operaciones, mantener intactas las escenas del crimen y otros procedimientos. Resultado de una articulación de movimientos sociales, defensoría pública e investigadores, la ADPF das Favelas, fue acogida por uno de los miembros de la corte durante la pandemia y ampliada luego para regular las operaciones policiales. El objetivo es disminuir la letalidad policial, que tiene proporciones inadmisibles. En 2019, la policía de Río mató a 1810 personas, el equivalente a cinco por día. En 2020, la letalidad cayó un poco, por la acción de la ADPF.
La operación de la Policía Civil parece ser una respuesta directa a la ADPF. La operación Exceptis fue presentada como una operación legal: excepcional, como dice su nombre, y como manda la Corte. El subsecretario operacional de la Civil acusó al activismo judicial de impedir el trabajo regular contra el crimen y a los “pseudoespecialistas en seguridad” que reivindican otra forma de operar, como los responsables por la muerte del policía. A diferencia de otras represalias realizadas por escuadrones de la muerte, los 25 muertos representan la mayor masacre policial de Río desde el retorno democrático y expresan la política de seguridad de los gobiernos del estado y del nacional, sintonizados políticamente y afinados institucionalmente. Coincidentemente, un día antes de la operación, el presidente Bolsonaro y el gobernador Castro se encontraron en Río.
Normalizada como forma de actuación policial, la violencia letal en los territorios populares acumula números inauditos para un Estado democrático, impactando principalmente jóvenes negros y pobres, no redujo los mercados ilegales, expuso a las fuerzas de seguridad y garantiza la expansión de los negocios de las milicias (http://geni.uff.br/wp-content/…), organizaciones vinculadas a operadores de las fuerzas de seguridad y políticas. La tragedia de la violencia en Brasil se amplifica y la gravedad institucional que significa su adopción como política de Estado parece comenzar a ser percibida en las altas esferas judiciales. Para miles de personas, la tragedia cotidiana continua.
El 4 de julio de 1976 no fue ningún divisor de aguas en la represión en Argentina. Revela, tal vez, lo que estaba en juego frente a la normalización de la violencia a cada límite moral e institucional traspasado. La masacre de Jacarezinho tiene el mismo poder revelador. «
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