Más de un centenar de delegados de prensa votaron una jornada nacional de lucha por el Día del Periodista

Por: Alfonso de Villalobos

El viernes 5 de junio es la fecha elegida para visibilizar la situación salarial, los despidos, el espionaje estatal y la ausencia de una política para garantizar la continuidad de los medios cooperativos y recuperados por sus trabajadores.

Mediante una plataforma virtual 130 delegados y dirigentes de 14 sindicatos de prensa a nivel nacional se reunieron el sábado 30 de mayo durante casi cuatro horas con el propósito de evaluar la situación que atraviesa el gremio en el marco de la pandemia de coronavirus.  Allí se tomaron resoluciones con el propósito de visualizar el proceso de deterioro de las condiciones de trabajo de la actividad que arrastra desde bien antes de la cuarentena pero que se profundizaron con la misma. 

Es que, durante los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, la pérdida del poder adquisitivo del convenio que rige la actividad en la Ciudad de Buenos Aires llegó hasta un 35% con la destrucción de 4.500 puestos de trabajo por despidos, retiros voluntarios y cierres intempestivos. 

Si se tomara como referencia el año 2013, el retroceso del salario real alcanza un 50% hasta diciembre de 2019 a lo que habría que añadirle la pérdida del primer semestre de este año en el que sólo percibieron los $ 4 mil dispuestos por decreto presidencial en diciembre último. 

Es que, la paritaria 2019 quedó interrumpida por la cuarentena cuando se disponía a discutir la actualización del segundo semestre del año con un acumulado de apenas un 15% durante los primeros seis meses del año. Ahora, ya vencida, no hay señales de que se retome esa negociación ni la correspondiente al período en curso. Así las cosas el salario testigo de un redactor se ubica unos 5 mil pesos por detrás del valor de la Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza.

Pero además, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, se conoció el anuncio del cierre de Publiexpress que edita revista Pronto así como despidos encubiertos de unos cuarenta trabajadores en editorial Atlántida inducidos mediante el retraso y no pago de los sueldos a acojerse a retiros voluntarios.

Ambas medidas constituyeron una violación de lo dispuesto por los DNU presidenciales y, en el primer caso, la patronal hizo caso omiso de la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral sin que se hubiera producido sanción alguna. 

Pero la cuarentena, denunciaron, se ha transformado en el escenario para que las empresas periodísticas dispongan a su gusto de los salarios de los trabajadores. El multimedio Clarín, por ejemplo, decidió en forma unilateral disponer el pago escalonado de los salarios de abril y mayo aduciendo una supuesta crisis. Lo mismo hicieron los medios pertenecientes al Grupo que edita el diario La Prensa, La Capital de Mar del Plata y la Voz de Tandil. El Diario Popular, por su parte, solo dispuso del pago del salario correspondiente al programa de ATP al que, masivamente, se acogieron decenas de patronales de medios como el mismo diario La Nación de la familia Mitre. 

El plenario tuvo una marcada participación de representantes de medios cooperativos y recuperados por sus trabajadores de todo el país que destacaron el contraste entre el profuso otorgamiento de subsidios por ATP a las patronales privadas y la ausencia de políticas de asistencia para el sector autogestivo en el marco de la emergencia que sufren por la pandemia. Además, varios delegados destacaron la ausencia de un bono por trabajo esencial ni la provisión de herramientas de trabajo y cobertura de gastos generados por el teletrabajo que, además, denunciaron, se constituyó como la herramienta más eficaz para avasallar el convenio e imponer la multitarea sobre los trabajadores de prensa. 

También se pusieron de relieve las condiciones de los trabajadores precarizados bajo la forma de “colaboradores” que sufren la disminución de sus notas así como la obligatoriedad de sostener el pago del monotributo.

Por último, el plenario denunció, por un lado, el ataque que sufrieron los trabajadores del diario EL Litoral de Corrientes cuando agentes policiales irrumpieron en la redacción para impedir la realización de una asamblea y, por el otro, el espionaje a trabajadores de prensa realizada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que involucró también a un periodista de Tiempo Argentino.
La principal resolución se llevará a cabo el próximo viernes 5 de julio y consistirá en una jornada nacional de visibilización de la problemática de los trabajadores del sector bajo las consignas #PeriodismoEsencial y #PrensaPrecarizada. 

Con ese marco, según las resoluciones publicadas en la web oficial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, los reclamos consistirán en “impulsar el proyecto «Del Covid 19 a las buenas noticias»” que dispone “un impuesto a las grandes plataformas para defender el trabajo periodístico y la comunicación autogestiva en Argentina”; así como “apoyar el proyecto de impuestos a las grandes riquezas” y, entre otras, “repudio al espionaje ilegal de la AFI a trabajadores de prensa”.

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