Más de 50 organizaciones lanzan un plan de acción contra la ofensiva al fuero laboral

Participaron e hicieron uso de la palabra el presidentes de la AAL Matías Cremonte. dirigentes de las dos CTA (Pablo Micheli y Pedro Wasiejko), el ex juez de la Corte Suprema y dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) Eugenio Zaffaroni, Hugo Godoy de ATE Nacional y representates de la Unión de Empleados de la justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), las Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), , el Comité de Acción Jurídica (CAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) así como de sindicatos como el SiPreBA, la CONADUH, AGTSyP, SITRAIC y la Federación de Aceiteros, entre muchos otros.

El disparador de este plan de acción fueron las acusaciones del presidente Mauricio Macri a los abogados laboralistas, a quienes señaló como los líderes de una “mafia de los juicios laborales”. El blanco puntual fue el abogado y diputado nacional del FPV Héctor Recalde pero fue interpretado como un escalón más en los ataques que el gobierno viene desenvolviendo contra el fuero que defiende a los trabajadores en la justicia. 

Es que ya desde julio de 2016 el Ejecutivo había responsabilizado al fuero laboral por las dificultades en atraer inversiones al país. El mismo Macri había señalado que, para eso, el país “necesita una justicia más equitativa”. Esas palabras se tradujeron, más temprano que tarde, en una serie de ataques a los jueces que, desde su lugar, fallaron en favor de los trabajadores.

El caso más resonante fue de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, contra quienes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, realizó un pedido de juicio político luego de que dieran lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato La Bancaria para que los bancos cumplieran con el acuerdo paritario que habían suscripto en diciembre de 2016 con el aval de la cartera laboral. 

Pero hubo otros casos de pedidos de juicio político a jueces del mismo fuero por hechos de naturaleza similar. Se trata de los jueces Diana Cañal y Luis Raffaghelli que habían dictado un fallo de reinstalación de trabajadores despedidos por el Enacom y el de la jueza Mirta González Burbridge que reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional.

Además, a nivel de la provincia de Buenos Aires, el ejecutivo promovió la recusación de la jueza Dora Temis que había fallado a favor de la restitución de los días descontados por huelga a los docentes bonaerenses que resultara de una presentación realizada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

El titular de la AAL, Cremonte, situó el comienzo de la ofensiva a partir del intento del gobierno de designar a dos jueces de la Corte a través del decreto 83/2015 algo que, según “desde 1862, ningún presidente elegido democráticamente había intentado”. 

Las organizaciones convocantes coincidieron en que detrás del ataque al fuero judicial el gobierno pretende “preparar a la opinión pública para su proyecto de desregulación y flexibilidad laboral” para el que necesita una “justicia dócil y sumisa que no le ponga palos en las ruedas”. Según Cremonte, el gobierno apuesta a imponer «un plan económico similar al de la dictadura cívico militar de 1976 a 1983».

El dirigente adelantó que se van a presentar dos denuncias internacionales. Una ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH”.

El acto recogió dos hechos que recalientan el conflicto y ratifican la política del gobierno hacia este fuero en particular y los trabajadores en general. Por un lado la resolución  de la Corte Suprema de Justicia que obliga a un trabajador a hacerse cargo de los costos de un juicio laboral si pierde, con el evidente propósito de desestimular las acciones legales en el fuero laboral. Por el otro la intervención del pasado lunes al sindicato de Canillitas liderado por Omar Plaini en lo que representa una nueva escalada contra la autonomía de las organizaciones sindicales con relación al Estado. Pablo Micheli, antes los nuevos hechos, opinó que «está a la orden del día que todas las centrales convoquen a un nuevo paro nacional de actividades». 

Matías Cremonte, presidente de la AAL señaló a este diario que el acto ”es un punto de partida de una serie de acciones y actos que se puedan plantear a partir de ahora porque el ataque es muy grave.” 

Sobre el fallo de la Corte, Cremonte explicó: «No es una novedad, es el principio que se aplica en toda la justicia, el que pierde paga. Lo extraño es que la Corte se expida en un tema de costas. En este contexto parece un mensaje de que la corte no va a tolerar más juicios laborales. Sin embargo es una confirmación de que no existe una industria del juicio precisamente por eso, porque los abogados sabemos que las reglas indican que si perdés pagás, no vamos a juicio si no tenemos elementos para demostrar que tenemos razón.”