Más de 35 organizaciones de jubilados marchan a Plaza de Mayo contra el veto de Javier Milei

Unos 500 trabajadores pasivos se reunieron, en forma presencial y virtual, en la sede de la mutual Sentimiento para discutir y resolver una serie de medidas en defensa de la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado la semana pasada. El plenario fue la segunda convocatoria de ese tipo impulsada en común por trece organizaciones de jubilados estructuradas alrededor del país que lograron concitar la atención de otras más de veinte. Entre otras, participaron el Plenario de Trabajadores Jubilados, el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales, la Confederación de Jubilados de la República Argentina, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, Jubilados de Izquierda y un largo etcétera.

La decisión de adoptar una medida de lucha para defender lo conquistado en el Congreso estuvo presente en todas las intervenciones. Es que el presidente Javier Milei ya adelantó su intención de hacer uso del poder de veto que la Constitución le concede.

Ira presidencial

Para el presidente “el proyecto aprobado por el Congreso tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno”. El texto de la norma apenas otorga un aumento de $17 mil para el salario mínimo vital y móvil y consiste básicamente en recomponer los haberes jubilatorios a los niveles de noviembre de 2023 en tanto restituye un 8,1% que es el diferencial entre la inflación de enero y el 12,5% que el gobierno concedió cuando definió por decreto la nueva fórmula de movilidad y su empalme con la anterior.

Además, el parlamento incorporó un artículo que concede un incremento anual de la mitad del porcentaje del diferencial entre la inflación y el RIPTE (salarios) en cada período, si es que el mismo supera al índice de precios.

Para el ejecutivo, la recuperación de esos $17 mil para la jubilación mínima, implica una medida “demagógica”. Desde el gobierno aseguran que “prefieren decir una verdad incómoda que una mentira confortable”. A la vez, aseguran que desde enero a la actualidad las jubilaciones recuperaron un 5% de su poder adquisitivo.

Retroceso

Lo que omiten es que en diciembre la inflación había superado el 25%. Según datos de CELAG entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 cada jubilado que percibe la mínima acumula una pérdida de $704 mil equivalentes a 2,4 jubilaciones mínimas. Dicho de otra forma, en los últimos nueves meses y a valores de noviembre de 2023, los jubilados percibieron sus haberes equivalentes a seis meses y medio.

De hecho, la jubilación mínima se encuentra en agosto de 2024 en los $225.540 que, con el bono de $70 mil, llega hasta los $295.540 y arrastra una pérdida en términos reales de poco más del 5% con relación al mismo mes del año pasado.

Según el comunicado oficial de la presidencia, el costo fiscal de la nueva norma equivale al 1,2% del PBI “o lo que es lo mismo, del 25% del PBI en términos dinámicos”. Sin embargo, para la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aprobación de la ley implica un costo fiscal equivalente al 0,45% del PBI. Se trata de una suma equivalente a la que surge de las modificaciones al impuesto a bienes personales aprobadas con la ley de paquete fiscal.

Debate, bronca y acción

El plenario que duró más de tres horas abordó la problemática de los ingresos a la que se sumaron las denuncias por la interrupción en la entrega de medicamentos de parte del PAMI y los intentos del gobierno por restituir el sistema de AFJP así como hacerse con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.  

Finalmente las agrupaciones presentes decidieron convocar a todas las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, de derechos humanos y barriales a participar el miércoles de una movilización desde Plaza de los Dos Congresos hasta la Plaza de Mayo con un propósito muy definido, impedir el veto del gobierno o, a su turno, ratificar lo votado por el parlamento sobre la base de conquistar los dos tercios necesarios en cada cámara para lograr el objetivo.

Los jubilados presentes definieron el reclamo de que la jubilación mínima se equipare en los valores de la canasta del adulto mayor valuada por la Defensoría de la Tercera Edad en poco más de $900 mil así como ratificar su reclamo del 82% móvil para el resto de los jubilados. Además ratificaron el reclamo de la jubilación para todos los trabajadores “incluyendo aquellos que han sido víctimas de fraude laboral (trabajo en negro)”.

Al mismo tiempo que reclaman la derogación de las jubilaciones de privilegio exigen la defensa de las cajas provinciales y los regímenes especiales que pretenden confundirse con las primeras pero que, por el contrario, implican mayores alícuotas en los aportes de sectores particulares durante toda su actividad laboral.

El plenario resolvió marchar también con el reclamo de poner fin a la informalidad laboral que afecta a más del 40% de la fuerza de trabajo activa y que, aseguran, es el punto de partida para sostener un sistema previsional sustentable. Finalmente además de la movilización de este miércoles, las organizaciones definieron movilizaciones todos los miércoles con especial en el tercero de cada mes y preparar una gran movilización para el 20 de septiembre, día del jubilado.

Nora Biaggio, dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados señaló a Tiempo que «estamos haciendo una gran campaña contra el veto de Milei a la ley de movilidad votada en el congreso que aún siendo una ley con límites que no recompone lo que perdimos con Macri, Fernández y Milei, consideramos que nos pertenece y lo tienen que pagar«. La ley, explicó, «también establece que tienen que pagar los aportes a las cajas provinciales. El recorte es un vaciamiento enorme y es una injusticia. La ley plantea que hay que pagar los juicios con sentencia firme de recomposición de los haberes. El degenerado es Milei que se vale con los fondos de los jubilados para pagar la deuda con el FMI y decir que tiene superávit fiscal. El degenerado es él porque hizo que el PAMi no pagara casi los medicamentos. El jubilado hoy tiene que determinar si come, paga los medicamentos o las tarifas», concluyó.