El flamante titular de Transporte asumió el 2 de enero. Las fichas que movió en su primera semana y los pedidos que le realizó el gobernador Axel Kicillof.
Apenas entró en funciones el flamante ministro movió fichas en el organigrama, desvinculó a quienes estaban alcanzados por la denuncia y designó a funcionarios de su confianza en áreas claves. Nombró a Eduardo Feijoó, quien había estado a cargo de Prevención y Seguridad Integral en Trenes Argentinos, como subsecretario de Política y Seguridad Vial. Y eligió a Patricio D’Angelo para la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del ministerio. El funcionario fue director administrativo de AySA bajo la gestión de Malena Galmarini.
Definió también las primeras medidas de gestión, atento a los pedidos que le realizó el gobernador Axel Kicillof cuando lo convocó para reemplazar a D´Onofrio: el refuerzo de la seguridad vial y la revisión tanto del sistema de fotomultas como de las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que aún esperan habilitación definitiva.
En el primer eje, según adelantaron fuentes de la cartera a Tiempo, el objetivo es profundizar los controles viales -más en época estival- y mejorar las campañas de concientización que se llevan adelante para que se cumpla la ley de Alcohol Cero al Volante y ayudar a bajar los siniestros que se suceden a diario.
En cuanto a las multas, Marinucci pidió revisar la homologación de las 1500 cámaras que llevan adelante el control en conjunto con los municipios y también puso el foco en el trabajo que realizan los inspectores del ministerio apuntando a crear un tablero de control en tiempo real. Lo que intentan determinar es si existe una diferencia marcada entre los agentes en la cantidad de multas que realizan en un mismo operativo, y si efectivamente existe una baja en las infracciones, tal como asegura la empresa Secutrans -a cargo de las fotomultas-, que denunció un supuesto esquema paralelo de recaudación para el borrado de multas.
En lo que hace a la VTV, se ordenó una auditoría en las 66 plantas que funcionan en las 16 zonas en que está dividida la provincia y que están a la espera de la habilitación definitiva. «También se desvinculó a todos los agentes que estaban bajo sospecha», exlicaron desde la cartera. Todas las medidas buscan transparentar la gestión del ministerio, con el objetivo de poder alcanzar la certificación ISO 37001 «antisoborno», como ya implementó Marinucci durante su gestión en Trenes Argentinos.
Otra de las prioridades es insistir en el reclamo del Fondo Compensador del Transporte, que fue cortado por la gestión de Javier Milei y ya está en manos de la Corte Suprema, y también pedir que se conforme de una vez la Agencia Metropolitana de Transporte, que deben integrar Nación, Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la cartera de Marinucci entienden que la puesta en marcha de este órgano permitiría echar luz sobre un tema siempre conflictivo: los subsidios que reciben las empresas de transporte público de pasajeros que operan en el AMBA. Hoy los montos son calculados por el gobierno nacional y pagados por la Provincia, pero sin conocimiento de la estructura real de costos que tiene el sistema.
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