Soria se reunió con la Corte y cuestionó el retraso del tribunal en las causas por crímenes de lesa humanidad

El ministro de Justicia, Martín Soria, entró a las patadas al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Su primera visita protocolar a la Corte Suprema no fue una tranquila ceremonia de apretujones de manos y gestos de caballerosidad. Lo mismo que repite en público sobre el funcionamiento del Poder Judicial lo manifestó en privado a los cuatro jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Y, de yapa, les dejó una carpeta con un reclamo de organismos internacionales relacionados con la ONU manifestando la “profunda preocupación por la ostensible demora en que viene incurriendo el Máximo Tribunal en resolver las causas de lesa humanidad”.

Soria sabe que en el Poder Judicial no es una figura aprobada, mucho menos querida. Lo asumió y fue a expresar lo que el Gobierno piensa del Poder Judicial. No está claro (sólo el tiempo lo dirimirá) si la confrontación fue una buena elección o si hubiera sido mejor una política de seducción y puentes de comunicación que hoy no existen.

La frontalidad y el estilo directo de Soria cayeron como una bomba en el flamante presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Sobre todo, cuando Soria le reprochó la forma en que fue elegido al frente del tribunal, con su autovoto, y el de su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, en una jugada tan audaz como cuestionada para postergar y desplazar el retorno de Ricardo Lorenzetti a la presidencia de la máxima instancia judicial del país.

“El pueblo argentino es profundamente democrático: si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos auto-votos, difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia”. Rosatti entendió de qué se trataba, y prefirió el “silenzio stampa” por todo comentario.

La cuestión de los derechos humanos fue un mazazo al corazón del tribunal. En vida, Carlos Fayt le disputaba a Néstor Kirchner la decisión de pulverizar las leyes de impunidad y reabrir los juicios por delitos contra la humanidad cometidos por la dictadura. Fayt, a quien sus pares actuales suelen invocar como un faro incluso contra el kirchnerismo en materia judicial, sostenía que había sido la Corte la que, en definitiva, había permitido la reapertura de los juicios para saldar cuentas con el pasado más oprobioso de la Argentina.

Los herederos de aquella Corte recibieron hoy un documento enviada por la jefa de la Subdivisión de los Procedimientos Especiales de la ONU, Beatriz Balbín, al embajador de la misión permanente de la República Argentina ante la ONU, Federico Villegas. En esa carpeta, la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones forzadas o Involuntarias; la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatoría Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados señalaron con carácter de «urgente” al gobierno argentino «la ostensible demora en que viene incurriendo la Corte Suprema en resolver causas por crímenes contra la humanidad y graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, cometidos durante la dictadura militar, que espetan resolución desde hace años».

La nota alude a 55 expedientes e incluye con identificación resaltada a 22 causas de delitos de lesa humanidad, entre ellas causa «Ledesma», sobre la situación de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Enrique Lemos.

Los organismos dependientes de la ONU, además, le reprocharon a la Corte, así como la Cámara Federal de Casación, que «no habrían respondido ni atendido los reiterados reclamos y pedidos de información sobre el estado de las causas y los recursos pendientes efectuados por los querellantes y las organizaciones de la sociedad civil».

«Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por los numerosos procesos judiciales relativos a las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar 1976-1983 que se encuentran pendientes de tratamiento y resolución ante la Corte Suprema desde hace varios años».

Tras entregarle ese documento a Rosatti, el ministro Soria dijo en la reunión, que para ese entonces ya se enmarcaba en una atmósfera espesa: “La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o como hace ahora con el caso Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi”.

El único juez que recibió con cierto regocijo los reclamos de Soria fue Lorenzetti. Todo lo que el ministro reclama ocurrió desde que él dejó la presidencia, primero por una jugada de Rosatti para ungir a Rosenkrantz y luego por otra para encumbrarse a sí mismo.

Todos escucharon los reclamos del ministro sobre la tolerancia (acaso también el aval, del que el propio Lorenzetti no es ajeno) a la existencia de la “mesa judicial” de Cambiemos. La mesa judicial, según les espetó Soria a los jueces, tuvo como misión “influir ilegalmente en la administración de justicia”.

“Se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia”.

En ese contexto, el ministro les reprochó a los jueces “la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”.

Los jueces de la Corte eligieron las respuestas de compromiso, cuando no el silencio, ante la andanada de reclamos del ministro. Interpretaron que Soria no era sólo Soria; que estaba allí con un mensaje y un respaldo del presidente, Alberto Fernández. Y por estas horas analizan cómo seguir, convencidos –como siempre- que en definitiva tienen el poder para interpretar qué es constitucional y qué no, respecto de las decisiones de gobierno que se adopten en la Casa Rosada.

“El Congreso puede sancionar todas las leyes que sean necesarias para reformar la justicia pero, si en última instancia, la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación”, profetizó el ministro.

Aún invadida por el desprestigio y el descrédito, saben que esta no es la Corte de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano. Y que Alberto Fernández no es Néstor Kirchner, ni tiene el estilo de aquel para provocar la renovación más importante del último siglo en la máxima instancia judicial.

Soria planteó la necesidad de reformas estructurales en el funcionamiento de la máxima instancia judicial, sobre todo en la administración de los tiempos de tramitación de los expedientes.

“Necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente, con perspectiva de género y que se ocupe de los problemas que le preocupan al pueblo, que lamentablemente dejó de confiar en la Justicia como una institución capaz de responderle a sus demandas”.