Previo a la Marcha, el Gobierno acusa a las universidades de «inventar alumnos» para cobrar

Previo a la segunda gran Marcha Universitaria, que se dará este miércoles, el gobierno volvió a atacar al sector de la Educación Superior: criticó a los gremios por no aceptar la última propuesta salarial y acusó a las universidades de «inventar alumnos» para tener más fondos.

Quien habló como representante del Ejecutivo fue el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien consideró «una lástima» que los referentes gremiales rechazaran la propuesta salarial «superadora» del 5,8%. Y apuntó: «hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no».

«Con la propuesta equiparábamos los máximos aumentos que se dieron, que era lo que se venía conversando», aseguró el funcionario. Los representantes de los trabajadores calificaron la oferta de «insuficiente» teniendo en cuenta que perdieron un 55% de su poder adquisitivo desde que asumió la gestión de Javier Milei.

«Ellos siempre piden equiparar con la inflación», admitió el secretario en relación al reclamo de los docentes y no docentes. Dijo que se trata de un objetivo «que uno puede plantear con toda razonabilidad pero que se puede ir logrando a partir del déficit cero».

Reconoció que existe un «retraso» salarial, pero que se está «conversando: se hizo una propuesta de mejora y ahí es donde uno ve, lamentablemente, una posición más política».

No hay drama

Respecto a la marcha del próximo miércoles, Torrendell negó la versión de las universidades al señalar que «no hay ningún escenario dramático». A pesar de que los propios números oficiales reflejan un desfinanciamiento crucial de las casas de altos estudios.

Recalcó la importancia de «repartir bien los recursos educativos». Y las acusó de «inventar alumnos» para «multiplicar los cargos»,

«Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, es el 38% de los alumnos, y los fondos se dan a partir del número total de estudiantes», sostuvo.

Y acotó: «Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso. Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades, sobre todo cuando hay facultades que empiezan a perder alumnos».

Carlos Torrendell calificó a la marcha universitaria como «política» y negó problemas de fondos

Según expuso el secretario de Educación, el presupuesto de su área se ha destinado en gran parte a pagar deudas del 2023 y a actualizar los gastos de funcionamiento congelados desde octubre de 2022: «respecto a los gastos de funcionamiento no nos han vuelto a pedir nada. Si hay un problema con los reactivos, lo que hay es un problema entre el rectorado, que es el que maneja los gastos, el consejo superior y las facultades».

Antes de la movilización, el secretario calificó la protesta de «marcha política» y aseguró que trabaja para impulsar «la revolución de honestidad» que apuesta a «combatir la corrupción y empezar a administrar bien los recursos».

«Tenemos un déficit grave de equidad educativo. En las universidades, los chicos que terminan graduándose son los que tienen más recursos», completó.

Se viene una nueva Gran Marcha Universitaria

La semana que pasó, las federaciones que representan a los trabajadores docentes y no docentes de las 61 universidades nacionales coincidieron en un paro general el jueves que en varias se extendió por 48 y hasta 72 horas. El acatamiento, aseguran, fue total. El miércoles habrá otro paro y una nueva marcha federal.

El reclamo se enfoca en la defensa de la universidad pública que se centra en la lucha por el salario de sus casi 200 mil docentes y 50 mil no docentes. Desde la asunción del gobierno, los salarios perdieron más de 50 puntos con relación a la inflación.

Los gremios denuncian que el derrumbe de los haberes que ya perforaron la línea de indigencia, obligó a muchos docentes a abandonar sus puestos para orientarse a la enseñanza media donde las remuneraciones, por primera vez en la historia, son superiores. La política de asfixia salarial, aseguran, apunta a un vaciamiento de las casas de estudio y, llegado el caso, a un arancelamiento que afectará a dos millones de estudiantes que cursan en todo el país.

El 23 de abril se realizó la primera movilización universitaria que, en todo el país, logró la adhesión activa de más de 1,5 millones de personas. La acción sirvió para que el gobierno liberara los fondos para el funcionamiento de las casas de estudio aunque a cuenta gotas y en forma discrecional. Sin embargo, esas partidas representan apenas el 8% del presupuesto total: el 92% restante son las remuneraciones de sus trabajadores.

Aquella marcha fue un duro golpe para el gobierno, que presenció como gran parte de su base electoral rompió activamente con el programa libertario. Ahora se espera una nueva marcha de proporciones que se perfila como un canal para que se exprese el malestar general de la población.

Chantaje

Consciente de esa situación, el gobierno convocó el jueves a una paritaria de la que notificó a los gremios con solo tres horas de anticipación. Allí ofreció un aumento del 5,8% para octubre que los gremios rechazaron en forma unánime. Se trata de apenas un 10% del reclamo que llevan adelante.

El rechazo ya se había producido en anteriores oportunidades, cuando el gobierno ofreció aumentos irrisorios que, sin acuerdo gremial, igual ejecutó. Esta vez, un comunicado del Ministerio de Capital Humano señaló que su propuesta “habría llevado sus ingresos a niveles equivalentes” a los del resto de los empleados públicos nacionales. El rechazo gremial, dicen, “frustra un avance salarial histórico”.

Los sindicatos calificaron esa actitud como “un chantaje” para desmontar la movilización que, aseguran, será todavía más imponente. El comunicado, dicen, generó una enorme indignación.

Cómo impacta el ajuste en las universidades

Este domingo, Tiempo publicó una entrevista con Martín Kaufmann, rector de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), quien definió a la crisis del sector como la más “drástica” de las últimas décadas, y advirtió sobre sus efectos en el funcionamiento académico cotidiano.

Dificultades de los alumnos de poder ir a estudiar, autoridades y docentes que ponen de su bolsillo para hacerse cargo de tareas o insumos, tarifas millonarias de luz y gas; recorte de programas de investigación; becas que no superan los 20 mil pesos. El planteo de Kaufmann va en línea con el que compartieron sus pares a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En un comunicado emitido esta semana, cuestionaron que “no ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo” por parte del gobierno, que “la situación hoy es más crítica que a comienzos de año” y que “al mismo tiempo que se amenaza con el veto (a la Ley de Financiamiento Universitario), se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación”. Sobre este punto, un dato que impacta: “nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”.

–¿Qué diferencia a la actual crisis de otras previas que afectaron a las universidades?

–Creo que es mucho más drástica que otras. En los últimos 20 años no hubo una situación como la que estamos viviendo. En su momento en abril tuvimos la necesidad de mejorar los gastos de funcionamiento y parcialmente se cumplió, pero hoy el tema principal son los salarios de docentes y no docentes, muy por debajo de lo que deberían estar.

–¿Qué cambios debieron implementar en el funcionamiento de la universidad en función de esta situación?

–Tuvimos que racionalizar mucho la oferta académica, y eso genera problemas para los alumnos. Todavía no vivimos renuncias de docentes, pero no podemos abrir todas las materias que quisiéramos. Porque tenemos una planta estable y docentes específicos que contratamos para algunas asignaturas: ahí tenemos que racionalizar bastante. Crece la oferta virtual y hay cuestiones que estamos obligados a modificar y achicar. Como ofertas de posgrado y cuestiones prácticas como el tema de la seguridad: tenemos un contrato, una licitación con una empresa, y nos está costando mucho cubrirlo. Ya hay menos personal.

–¿En qué medida impactan el aumento de tarifas y otros incrementos en los gastos?

–Las tarifas han impactado mucho. Lo otro que impactó mucho son las obras paradas. Teníamos dos obras importantes que se estaban haciendo: un edificio en un 50%, que está parado absolutamente, y otra obra que estaba licitada y adjudicada y nunca se pudo iniciar. Son aulas, un edificio académico y otro para terminar el campus de la universidad. Parte se hizo con recursos que teníamos, cuestiones básicas de agua y electricidad, y ahora estamos viendo con la Provincia de Buenos Aires si podemos hacer algún acuerdo para terminarlo.