Buscan señalar al pueblo mapuche como agresor externo para enfrentarlo vía militar

El trágico incendio que desde hace una semana consume al Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, desató una nueva cacería racista contra las comunidades mapuche tehuelches de la Cordillera, a las que insisten en convertir en el enemigo interno del Estado y la sociedad con acusaciones punitivistas y categorías propias de la Conquista del Desierto, del siglo XIX. Y ahora con el agravante de etiquetarlos como extranjeros y terroristas, y exigir sus capturas aun sin causa judicial

Apenas comenzado el incendio que ya consumió más de 3000 hectáreas de bosque nativo milenario, el gobernador chubutense Ignacio Torres (alias “El Nacho”) articuló con la élite económica local y los medios de comunicación una embestida contra las comunidades, a las que culpó sin pruebas ni argumentos como los causantes intencionales de la tragedia.

El ataque antimapuche se nacionalizó en la semana al sumar a las primeras líneas del Gobierno libertario, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, y hasta fue replicado por oradores en el debate parlamentario por la llamada ley ómnibus. Su común denominador fue la palabra terrorismo.

Las grandes empresas de comunicación de Buenos Aires reprodujeron acríticamente las acusaciones del gobernador y sumaron denuncias anónimas de supuestas víctimas que reflotaron la inexistente Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), coronaron como su nueva líder a la referente comunitaria Moira Millán y adjudicaron el incendio al militante mapuche Cruz Cárdenas.

Referentes Mapuches

Cárdenas es un hombre de la montaña que dedicó parte de su vida a proteger los bosques nativos como miembro de las brigadas de lucha contra incendios forestales. También es el referente de la Lof Paillako que en 2020 protagonizó la recuperación de un territorio ancestral, conocido como El Maitenal, dentro de Los Alerces y sin conflicto ni con la Justicia ni con las autoridades del Parque Nacional.

Moira Millán es una weychafe (guerrera) del pueblo mapuche tehuelche que logró ampliar significativamente el marco de alianzas y apoyos a la reivindicación política e identitaria de las comunidades. Militante territorial y cultural, su libro “El tren del Olvido” fue traducido a varios idiomas y adquirido por una productora europea para llevarlo al cine.

En los hechos, el ataque contra Millán y Cruz viene a cubrir el vacío de enemigo principal de los negociados inmobiliarios y forestales que dejó la ausencia de Facundo Jones Huala desde que fue extraditado a Chile el pasado 4 de enero. La figura de Jones Huala le permitía a la derecha regional corporizar la amenaza y materializar la organización clandestina criminalizable.

Pero pese a todo jamás hubo evidencia material sobre la existencia de la RAM. Solo algunos panfletos muy elementales que aparecen cerca de incendios sospechosos jamás esclarecidos, y denuncias repetidas que los medios multiplican con abundantes adjetivos pero jamás un dato veraz o contrastable.

No obstante, el fantasma de la RAM permite iluminar un grupo social para deshumanizarlo y convertirlo en enemigo interno: indio malo, delincuente, salvaje. A ello se añade terrorista incendiario y extranjero para construir un sentido contra un enemigo deshumanizado y criminalizado de manera de poder reprimirlo sin demasiado costo político y social.

“Debemos ir a fondo para desalojar a los delincuentes que ocupan nuestro Parque Nacional. Hay que separar a los mapuches buenos de la RAM, que son unos delincuentes que tienen negocios inmobiliarios y toman tierras. Hay que poner un freno definitivo”, acusó el gobernador Torres tras exigir a la Justicia Federal de Esquel la erradicación inmediata de los mapuches que habitan el Parque y en tono de “solución final”.

Torres protagonizó durante la semana un raid mediático autopromocional para ahondar esas acusaciones reproduciendo denuncias anónimas de supuestos vecinos: “La nueva líder de la RAM es Moira Millán, que genera este tipo de actos terroristas”.

En diálogo con Tiempo Argentino, Millán definió a sus acusadores: «Son personas con causas judiciales por racismo y violencia racial. Me incluyen en una selección que hacen para desacreditar voces que están legitimadas, que tienen capacidad de articular las luchas mapuches con las ambientales, las de género y muchas otras, que pueden ampliar”.

“Ellos quieren reducir la lucha mapuche a un grupo de encapuchados tirando piedras. Pero cuando ven a un pueblo que tiene una multiplicidad de frentes y capaz de desarrollarse de manera autónoma, tratan de desacreditarlo, de mentir para estigmatizarlos, para que su voz no tenga peso”, añade.

Y define: “Confrontar indios buenos, indios malos y extranjeros, es para justificar la extranjerización de nuestra identidad y actuar en el plano militar. Atravesamos la fase del enemigo interno y ahora pasamos a una nueva donde extranjerizan nuestra presencia para asimilarlo como si fuésemos terroristas invasores. Esto es gravísimo.

La renovada embestida antimapuche ocurre en contexto nacional que muestra agravantes respecto a situaciones anteriores, como la intención del Gobierno libertario de utilizar a las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior, y las políticas contrarias a la protección del medio ambiente para facilitar los negociados inmobiliarios, forestales, mineros y petroleros en la Patagonia. También la extranjerización del agua y la tierra.

La Casa Rosada ya hizo trascender su intención de modificar el decreto reglamentario de la ley de defensa nacional para ampliar el espectro de enemigos a confrontar vía militar. La ley de defensa ordena a las FF AA a intervenir ante “una agresión de origen externo”, que el decreto reglamentario define como “un Estado extranjero”. El cambio quitará “Estado” y hablará solo de “agresión externa” para dejar implicados en la acción militar al crimen transnacional, el narcotráfico y una amenaza de pueblos originarios si son definidos como extranjeros. Tal y como desde hace décadas exige Estados Unidos.

El proceso de criminalización y extranjerización de las comunidades mapuches y de las recuperaciones de territorios ancestrales, cuenta con una significativa participación de los grupos económicos dominantes en la zona, las comunidades empresariales que articulan entre sí negociados inmobiliarios, forestales, rurales, alimenticios, turísticos y de la construcción, entre otros, que cuentan con generosa cobertura y protección de las empresas de medios de comunicación de la región.

Y no es solo una cuestión ideológica y racista, sino de limpiar de obstáculos a los negocios. Se trata de grupos articulados entre sí que suelen apropiarse irregularmente de tierras fiscales vía la compra de “derechos de ocupación” a viejos pobladores, mayormente ancianos, o a sus herederos, y que las recuperaciones territoriales mapuches ponen en crisis al evidenciar los negociados que necesitan de silencio y oscuridad para ser viables y sostenibles.

La sólida alianza de la política y los negocios que se ha instalado a escala nacional, se reproduce milimétricamente en los pequeños pueblos patagónicos y, en ambos casos, requiere de crecientes cuotas de violencia institucional para desarrollarse y sacar del medio a toda disidencia.