Manual de Cambiemos para vaciar un organismo público

Se trata de un organismo que en poco tiempo logró desarrollar una política pública poniendo en el centro de su accionar los derechos de las audiencias de radio y televisión. Institución novedosa en el mundo, que fue valorada y reconocida por otros países (tanto a nivel estatal como ciudadano) por haber traducido en acciones el derecho humano a la comunicación.

Los primeros cuatro años la defensora del público fue la periodista Cynthia Ottaviano, nombrada por el Congreso en el marco de la ley de servicios de comunicación audiovisual y avalada por más de 800 adhesiones y una sola impugnación presentada por el grupo Clarín. Al finalizar su mandato en noviembre de 2016 la comisión bicameral responsable no nombró a nadie en su lugar, razón por la cual el organismo quedó a cargo de la abogada María José Guembe quien era directora de Protección de derechos y se constituyó un directorio con las y los directores que junto a todo el personal mantuvieron las acciones de la DPSCA.

Tanto desde ese directorio como desde diversas organizaciones del campo de la comunicación se reclamó constantemente que el Congreso de la Nación iniciara el proceso de designación de nueva/o defensor/a. Sin embargo de manera imprevista e irregular la comisión bicameral decidió intervenir la institución en septiembre de 2018. Desde ese momento hasta ahora en tiempo récord han vaciado la Defensoría. “Nos quieren transformar en eso que ellos acusaban que éramos”, dijo una compañera sobre la falta de trabajo durante todo un año.

Como balance de este año podemos presentar los Diez pasos del Manual de Cambiemos para vaciar un organismo.

1. Nombrar personas ineptas.

La mayoría lograda en la comisión bicameral por parte de «Cambiemos» y aliados designó un interventor sin presentar su currículum. Cuando se pudo acceder al CV se confirmó que la persona nombrada no tenía ninguna pertinencia con el cargo asignado. Ese interventor sin experiencia en el campo de la comunicación y los derechos humanos fue nombrando sucesivamente a funcionarios políticos con salarios altos como responsables de áreas sin conocimiento del tema y sin experiencias previas en la gestión de un organismo de esta naturaleza. Quienes hablaron de la “grasa militante” a comienzos del gobierno macrista terminaron contratando personal cuyo único mérito es ser parte de alguno de los partidos de la alianza PRO/UCR/CC.

2. Evitar contacto directo con la gente.

La DPSCA tuvo entre sus políticas más interesantes la convocatoria a audiencias públicas en todo el territorio nacional para conocer las opiniones e informaciones que la ciudadanía tenía para compartir sobre la aplicación de la ley de servicios audiovisuales y sobre el panorama de la comunicación en cada región. Los primeros seis años se realizaron 24 audiencias en 18 provincias cubriendo todas las regiones del país.

La intervención no hizo en todo un año ni una sola audiencia pública aunque está obligada por la propia LSCA en su artículo 19, inciso f.

3. Romper lazos con organizaciones.

Desde su creación la DPSCA trabajó con cientos de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, academia y espacio público, capacitando miles de personas en diversas líneas de acción (Juventud, Accesibilidad, Géneros y diversidad, Migrantes, Medios comunitarios y de pueblos originarios).

La intervención desactivó la enorme mayoría de los vínculos con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y hasta del espacio público, dejando de lado la misión de acompañar a las audiencias en el ejercicio del derecho humano a la comunicación.

4. Desactivar federalismo.

La presencia de la DPSCA en todo el territorio nacional fue una constante entre 2012 y 2018. Tanto con el equipo de capacitadora/es como del área de investigación y de asesoría jurídica. El trailer con la Defensoría Móvil llevó por todo el país un estudio de radio y uno de televisión para que las audiencias pudiesen conocer de modo directo la cocina de los medios y producir contenidos propios.

La intervención reemplazó las acciones territoriales con cursos virtuales, muchos de los cuales se venían realizando como complemento del trabajo presencial.

5. Profundizar precariedad laboral.

A una planta permanente de alrededor de 100 trabajadores se suman 17 empleados en planta transitoria y contratos de locación de servicios. Desde que asumió la intervención esos contratos que antes se renovaban anualmente para dar alguna tranquilidad dentro de una condición precaria, el último año fueron renovados cada dos meses provocando angustia en los trabajadores que además no pueden planificar sus tareas con tan poco tiempo garantizado.

6. Persecución ideológica.

La primera decisión que tomó la intervención fue realizar una falsa auditoría que pretendió analizar en un mes el trabajo de seis años. Como resultado de esa auditoría y luego de un informe con clara persecución ideológica fui desplazado como director de Capacitación y Promoción, una de las direcciones sustantivas, responsable del trabajo territorial y la organización de las audiencias públicas.

Siguió esa política de hostigamiento con la directora de Protección de derechos María José Guembe y con el director de Investigación Santiago Marino a quien no se le permitió presentar el trabajo de monitoreo de noticieros de la TV abierta que realiza esa dirección.

Así quedaron vacantes las tres direcciones sustantivas del organismo.

7. Firmar convenios absurdos.

Para mostrar actividades y alianzas con espacios públicos o no gubernamentales la intervención se dedicó a firmar convenios sin sentido con organismos “amigos” que no tienen que ver con la naturaleza de la Defensoría. Hicieron convenios por ejemplo con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y con el Ciclo Básico Común (CBC) sin que los mismos estén relacionados con demandas de las audiencias.

8. Marketing.

La intervención se dedicó a organizar reuniones intrascendentes y a sacarse fotos con personas cuestionadas. Valen como muestras de muchas otras las reuniones con el director de Radio Nacional Córdoba (quien censuró a una periodista de esa radio al aire luego que ésta entrevistara a la madre del activista mapuche Jones Huala), con un candidato en Entre Ríos procesado por narcotráfico o con el sindicalista Luis Barrionuevo.

Como parte de esa práctica emitieron comunicados para pronunciarse sobre temas que nada tienen que ver con el organismo como por ejemplo un editorial del diario La Nación, cuando la ley que regula la acción de la DPSCA solo abarca a radio y televisión.

9. Paralizó el trabajo de todas las áreas.

La DPSCA se caracterizó en sus primeros seis años por la respuesta rápida y fundada de las denuncias del público, la participación en eventos y actividades, la capacitación y la investigación.

Durante todo el año de intervención no se publicó ni una sola guía con recomendaciones para comunicadores, no se produjeron nuevos videos para divulgar nuevas prácticas de la comunicación, no se convocó a foros de intercambio entre medios, comunicadores y audiencias, no se redactaron nuevos materiales de comunicación y capacitación.

10. Cortar el diálogo con medios de comunicación.

La Defensoría no tiene poder sancionatorio. Es por eso que se promovió el diálogo y se desarrolló una tarea pedagógica con comunicadores y responsables de medios.

La intervención interrumpió la interlocución con canales de televisión y radios, que tendían a lograr cambios hacia una comunicación respetuosa de los derechos y promovían reparaciones frente a las denuncias del público. Hoy la respuesta del organismo es netamente burocrática y formularia.

Podrían sumarse detalles, (in) acciones, anécdotas. Quedan estos diez puntos para recordar qué cuando desde un gobierno neo liberal hablen de eficacia, eficiencia, profesionalismo y modernización del Estado, en realidad están hablando de vaciamiento de políticas públicas, desaparición del Estado como garante de derechos, desatención de los sectores vulnerables dejándolos librados a su suerte individual y “emprendedora”.

Costará recuperar el trabajo virtuoso de la Defensoría del Público.

En la etapa que se abre con la esperanza en la recuperación de derechos para las mayorías populares y con un nuevo rol del Estado, más presente y atendiendo a las necesidades de las audiencias junto al compromiso de un equipo de trabajadores y trabajadoras esa recuperación es posible.