El fallo considera que la comunicación era engañosa y contraria a la soberanía argentina, reconocida en la Constitución Nacional, y podría sentar precedente en la regulación de la publicidad de viajes que incluyan territorios en disputa.
En los sitios web de la empresa se ofertaban cruceros con itinerarios que incluían las Islas Malvinas y las Georgias del Sur, identificando al Reino Unido como país de destino. Además, en algunos casos se utilizaba la denominación «Port Stanley» en referencia a Puerto Argentino, lo que el juez consideró un intento de reforzar la imagen británica del territorio.
Los letrados que llevaron a cabo la denuncia, Facundo Roitman y Melisa Guevara, se basaron en el Código Procesal para las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires para argumentar que las publicidades no solo eran engañosas al inducir a confusión sobre la soberanía de las islas, sino que también afectaban la dignidad del pueblo argentino y deshonraban a los que lucharon por las Malvinas en 1982.
Ante esta situación, el magistrado ordenó a Cruiseline S.R.L corregir sus publicidades, especificando que las Islas Malvinas, así como las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, deben ser anunciadas como parte de la República Argentina. Cánepa sentenció que las publicidades eran contrarias al orden jurídico argentino y a la dignidad colectiva, ordenando a la empresa ajustar toda publicidad futura bajo estas directrices en un plazo de 5 días.
El fallo agrega que en futuras publicaciones deberá consignar a la República Argentina como país de destino para cualquier itinerario que incluya a las Malvinas, Georgias del Sur o Sándwich del Sur. También ordenó la publicación de un aviso rectificatorio en sus sitios web y redes sociales, y el envío de una comunicación a todos los clientes que hayan adquirido los pasajes en cuestión.
Cruiseline S.R.L. alegó que solo actuaba como intermediaria en la comercialización de los pasajes y que no tenía control sobre la información proporcionada en los anuncios. Sin embargo, el juez rechazó esa defensa argumentando que la empresa participa activamente en la cadena de comercialización y tiene responsabilidad directa sobre el contenido publicado en sus plataformas. Además, recalcó que cualquier omisión o inexactitud en las publicidades que pueda llevar a confusión o engaño sobre la ubicación geográfica de los destinos turísticos es considerada ilícita.
El juez subrayó que este tipo de mensajes afectan «la dignidad colectiva del pueblo argentino» y van en contra de lo establecido en la Constitución Nacional y la normativa vigente. Asimismo, indicó que las ofertas contenían inexactitudes y ocultamientos, lo que generaba confusión entre los consumidores sobre los países que visitarían en su travesía. El fallo podría sentar un precedente en la regulación de la publicidad de viajes que incluyan territorios en disputa, reforzando la postura argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Fuente: El Ciudadano
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