El gobierno asegura que el foco es el combate al "narcoterrorismo" pero en los altos mandos advierten que ese terreno es fértil para que se comentan "excesos".
El texto, enviado al Congreso el jueves pasado por el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, propone que las FF.AA, trabajen de forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad para enfrentar al terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas. Además, busca habilitar la detención en flagrancia, atribución que la ley actual prohíbe.
En tanto, el proyecto dispone que la calificación de “actos terroristas” quedará a consideración de la jurisdicción en la que se conforme el comité de crisis a cargo de abordar los ilícitos. En este sentido, en caso de aprobarse el texto, lo que en una provincia puede ser considerado un delito “común”, en otra puede ser ponderado como terrorismo.
Este último punto, explican fuentes del gobierno, encuentra sentido a partir de la presencia del narcotráfico en Rosario y la voluntad del oficialismo por juzgar a los implicados bajo el delito de “narcoterrorismo”. Con esta nueva calificación legal, quedaría habilitada la obtención de una pena mayor en caso de encontrar culpabilidad. Así lo anunciaron el propio Petri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 21 de marzo pasado, en el marco del plan de seguridad montado para la ciudad santafesina.
Esta modificación de la Ley de Seguridad Interior se encuadra en la perspectiva del oficialismo de combatir a un potencial enemigo externo, centrando sus sospechas en el ensanchamiento del poder de Hamas, la organización palestina que el oficialismo declaró como grupo terrorista el pasado 12 de julio. En tanto, y aunque desde el gobierno insisten en no hablar del caso, las amenazas de muerte que recibió hace algunas semanas el presidente Javier Milei pusieron en alerta a las cúpulas de seguridad, quienes trabajan en silencio para fortalecer los organismos de control que garantizan la integridad del primer mandatario.
En sintonía, con el regreso de la SIDE, el gobierno anunció la creación de un departamento especial dedicado a la seguridad exterior. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) tiene entre sus funciones la recopilación de información estratégica alrededor del mundo y la “cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas”. La misma quedó a cargo de Alejandro Colombo, quien supo ser delegado en Roma durante el menemato, y tiene línea directa con el asesor todoterreno, Santiago Caputo.
A pesar del entusiasmo del gobierno, y según pudo saber este medio, la medida no cayó en gracia en las altas esferas castrenses. Luego del inicio de los juicios por los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar y con la sanción de la ley 24.059, de seguridad interior, en 1991, la actuación de las Fuerzas Armadas se limitó al estricto cuidado nacional, sin intervención alguna en el control interno, lo que garantizó una convivencia pacífica entre la sociedad y las fuerzas militares que esta ley, con importantes vacíos legales, amenaza corromper.
Para algunos miembros de la familia castrense, la posibilidad de que se cometan “excesos” en estos posibles operativos es prácticamente incontrolable, lo que configuraría un terreno fértil para cometer delitos de exceso de fuerza. “Los altos mandos saben que esto puede traer consecuencias desastrosas para ellos y especialmente para la población. Puede haber víctimas inocentes por el accionar de las Fuerzas que siempre tienen armamento letal”, enfatizó una fuente calificada a Tiempo.
La intención del oficialismo, decidido a montar una coreografiada puesta en escena a la altura de una nueva entrega de Top Gun, es volver a poner en el centro del ecosistema político a las FFAA. Así quedó expuesto durante el despampanante desfile militar que se montó sobre la Avenida Libertador para celebrar el Día de la Independencia. El retorno de esta procesión contó con el despliegue de centenas de agentes y la participación estelar de un tanque de guerra desde el que Javier Milei y Victoria Villarruel consiguieron su última foto juntos antes de que la interna presidencial se desatara por los aires.
Como casi todos los anuncios que se suceden desde el 10 de diciembre, la voluntad de recuperar el protagonismo de la familia castrense responde a un nuevo capítulo de la batalla cultural que desvela al presidente. Para las primeras líneas libertarias, el control de la agenda y la construcción de un relato robusto es fundamental para allanar el camino a los cambios económicos que buscan imponer.
Al igual que con el resto de sus aspiraciones legislativas, el oficialismo deberá juntar a la oposición para lograr la aprobación del proyecto algo que, a priori, parecería no ser una tarea tan sencilla. Según pudo saber Tiempo, la visita de los seis diputados de La Libertad Avanza a Alfredo Astiz y otros genocidas detenidos en la cárcel de Ezeiza puso en alerta a los aliados circunstanciales del oficialismo, quienes podrían negarse a votar esta iniciativa para marcarle la cancha a un oficialismo dispuesto a desempolvar rancios vicios militares. «
Para el exministro de Defensa, Agustín Rossi, el proyecto del Ejecutivo implica un «estado de sitio encubierto».
«Después de haber leído el proyecto completo de modificación a la Ley de Seguridad Interior, ratifico lo dicho. Y agrego: es una reforma peligrosa para toda la sociedad argentina y una humillación al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas» escribió en la red social X.
Rossi sostuvo que lo que está en peligro son «las Fuerzas Armadas de la democracia. Si meten a las FFAA en seguridad interior van a socavar la confianza y el respeto alcanzado hoy».
El exministro lanzó un vaticinio: Milei y Villarruel terminarán degradando al personal militar, desviándolos de sus misiones principales. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para las nuevas tareas que este gobierno les quiere asignar. La solución intermedia ya existe: se llama Gendarmería y Prefectura. ¿Por qué no avanzan en su mejora y fortalecimiento?».
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