Llamó a una Asamblea Constituyente pero no con los partidos políticos sino a través de los sectores obreros y campesinos y los municipios.
Junto con sus ministros y el alto mando militar en el palacio de Miraflores, Maduro firmó la noche del lunes el decreto que según aclaró, activa una «Asamblea Nacional Constituyente popular, ciudadana y revolucionaria».
En virtud de la Constitución de Venezuela, el depositario del poder en el país es el pueblo, puntualizó, el que puede convocar una Constituyente para transformar el sistema estatal, crear un nuevo orden jurídico y redactar una nueva Constitución.
«Yo he designado una comisión presidencial que se activó hoy mismo en la mañana, presidida por el compañero Elias Jaua Milano, constituyente del año 1999, ministro de Educación, vicepresidente de las Misiones Socialistas, hombre estudioso», expresó Maduro.
Al enumerar los objetivos, mencionó el establecimiento de «nuevas formas de democracia participativa y protagónica, de la democracia directa», aunque no dio detalles.
En declaraciones ofrecidas desde el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores (sede de Gobierno) y transmitidas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, el mandatario señaló que esta constituyente servirá «para perfeccionar la constitución del 99, para mejorarla, para consolidarla, para reforzarla».
Esta asamblea está conformada también por Cilia Flores, jurisconsulta; Aristóbulo Isturiz, maestro, constituyente del año 1999; Delcy Rodríguez Gómez, Canciller y jurisconsulta; Iris Varela, ministro de Asuntos Penitenciarios; Hermann Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Nohelí Pocaterra y Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo.
Rechazo opositor
«Lo que está proponiendo Maduro en su desesperación es que Venezuela más nunca logre votar en unas elecciones directas, libres y democráticas», manifestó Julio Borges, presidente del Parlamento, único de los poderes que controla la oposición.
Maduro, elegido hasta enero de 2019, hizo el anuncio durante un mitin en el centro de Caracas con motivo del Día del Trabajador, mientras se cumplía una nueva jornada de las protestas opositoras que iniciaron hace un mes para exigir su salida del poder.
Enfatizó que se trata de una «Constituyente ciudadana, no de partidos políticos», para lograr la paz que necesita el país» y «derrotar el golpe fascista».
También, para consagrar un modelo económico que supere el rentismo petrolero, elevar a rango constitucional los programas sociales y reforzar la lucha contra el terrorismo.
Para redactar los cambios, el gobernante precisó que serán electos unos 500 representantes, la mitad por sectores sociales como obreros y campesinos, y la otra por municipios.
Tras manifestar su rechazo, la oposición realizó un fuerte cacerolazo en varios sectores de Caracas, llamó a «trancar las calles» a primera hora del martes y anunció una «mega» protesta para el miércoles.
Maduro pidió también rectificar a los países de la región que se han pronunciando sobre la situación de Venezuela. «Yo le pido a todos estos gobiernos intervencionistas que rectifiquen, necesitamos unirnos, tratamos de ayudar a Colombia y el presidente Santos se negó a que lo ayudáramos», expresó el mandatario.
Poder popular
«El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución», expresa el artículo de la Carta Magna de 1999 al que apelan las autoridades chavistas para este llamado.
La Constitución vigente, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), fue redactada por 131 constituyentes electos por voto directo, universal y secreto, y luego aprobada en referendo.
Esa normativa establece en el artículo 348 que el presidente puede convocar una Asamblea Constituyente, sin embargo, expone que este no puede objetar la Constitución que resulte aprobada.
El presidente señaló que de los 500 constituyentes que participarán de la confección del nuevo estatuto fundamental de Venezuela, «unos 200 o 250 serán electos por la base de la clase obrera», y señaló que será votada por el pueblo.
«Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, todo lo que hagamos será para fortalecer la Constitución pionera», añadió.
El jefe de Estado argumentó a favor de la reforma que «la oposición venezolana trancó el juego, no quiere diálogo, rechazaron el cronograma electoral del año pasado». Y abundó: «Hoy han llegado al nivel más alto de la locura, y estamos obligados a detenerlos, a neutralizarlos y que con la voluntad más grande derrotar a los violentos ( ) se puede imponer las bandas criminales que ahora en coordinación la MUD atacan y saquean», manifestó.
En respuesta, Borges, afirmó que la convocatoria a una Constituyente hecha por el presidente Maduro «es el golpe de Estado más grave de toda la historia del país» y llamó a su seguidores a continuar a la calle. «Quiere dar un brinco, de una vez, a un sistema tipo Cuba», expresó a su vez el jefe del Parlamento sobre el jefe de Estado, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos.
«Frente al fraude constitucional que anunció el dictador. ¡Pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!», llamó el líder opositor y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles.
«No vamos a aceptar los venezolanos que siga autogolpe madurista ahora con otro fraude constitucional ¡El dictador Maduro y su narco corrupta cúpula pretenden matar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela! ¡No podrán!», continuó Capriles.
El fin de semana, el papa Francisco llamó a acabar con la violencia en Venezuela y renovó la oferta de ayudar a un diálogo, pero con «condiciones muy claras», al recordar el fallido proceso que acompañó el Vaticano a fines de 2016.
Pero la oposición reiteró su negativa mientras no haya «garantías». Ocho países latinoamericanos respaldaron el pedido de «condiciones claras», lo cual fue rechazado por el gobierno como una «injerencia».
Acusándola de impulsar una intervención extranjera, Venezuela inició su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reunirá en El Salvador para tratar la crisis.
Protestas y violencia
Las protestas, que estallaron luego de que el máximo tribunal de justicia se adjudicara temporalmente las funciones del Parlamento, han derivado en una espiral de violencia que deja 28 muertes, de las cuales se acusan mutuamente gobierno y oposición.
Este lunes hubo fuertes choques en Caracas cuando un grupo de manifestantes ingresó a una base militar tras romper parte de una valla de protección. En otras ciudades también hubo protestas.
Venezuela sufre una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI cifra en 720% para 2017.
El 1º de Mayo, Maduro aumentó el ingreso mínimo mensual a 200.000 bolívares (280 dólares a la tasa oficial más alta y 50 dólares en el mercado paralelo), pero la oposición afirma que la solución a la crisis es un cambio de gobierno.
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