Macri se niega a aumentar el impuesto a la riqueza pedido por los gobernadores

Aunque no ocupa el mismo cargo desde la última corrida cambiaria, el ex vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, no ha perdido poder. Lo demostró esta semana en la Casa Rosada, delante de distintos funcionarios del Ejecutivo, cuando revisaba la hoja de ruta de la negociación presupuestaria del gobierno con las provincias. En medio del poroteo para delinear los contornos del primer Presupuesto de Cambiemos en base a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ex CEO de Lan hizo llegar una decisión directa del presidente Mauricio Macri: no aumentar el impuesto a los bienes personales en el exterior del 0,25% al 1%, por dos razones incuestionables: preservar a los beneficiados por el blanqueo de capitales que dispuso el gobierno y permitirle a Cambiemos reeditar la aministía fiscal durante un eventual segundo mandato del líder del PRO.

La directiva presidencial fue comunicada por el «controller», un día después de la reunión que encabezó Macri con 20 de los 24 gobernadores provinciales para construir una foto de gobernabilidad y apoyo al ajuste acordado con el Fondo. «Solamente ha perdido un quinto de su poder», confió a Tiempo un destacado integrante del Ejecutivo, para confirmar el rol de Lopetegui antes, durante y después de la puesta en escena del martes pasado, que originalmente iba a estar dedicada a la negociación presupuestaria. Por la presión de las provincias, la reunión fue realizada a «agenda abierta». Allí, los caciques opositores plantearon su preocupación por el recorte de obras públicas y el impacto del desempleo por el recorte de programas nacionales. Esos lamentos fueron el escenario elegido por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para confirmar un reclamo que ya le había anticipado a sus pares: actualizar de acuerdo a la inflación de este año los 65 mil millones de pesos que recibirá por el Fondo del Conurbano, y elevar esa cifra a los 90 mil millones de pesos.

Cuatro quintos que pesan

Dentro del tironeo del Ejecutivo con las provincias, el aumento del impuesto a los bienes personales en el exterior respondía a un «acuerdo marco», entre los 19 caciques opositores y los cinco oficialistas para «aplicar el ajuste, pero equilibrarlo con el aumento de los recursos». Ese axioma responde a la concesión de los gobernadores para hacerse cargo de 100 mil millones de pesos, dentro de los 400 mil millones que Cambiemos pretende podar dentro del armado del Presupuesto 2019. Esa división de costos sobre el ajuste fiscal avanzó a cambio del compromiso federal con las provincias para aumentar la recaudación de los impuestos coparticipables (como Ganancias y Bienes Personales). También de firmar una adenda para el Consenso Fiscal de 2017, con el fin de retrasar la reducción de gravámenes provinciales, como el Impuesto a los Sellos y a los Ingresos Brutos.

En ese tironeo, la posibilidad de aumentar los impuestos a los argentinos que tienen posesiones en el exterior formaba parte de una estrategia del gobierno para equilibrar la densidad del ajuste, pagado en su mayoría por los que menos tienen. Hasta la irrupción de Lopetegui, munido de los «cuatro quintos de poder que no perdió», el plan de las carteras de Interior y Hacienda apuntaba a incrementar los impuestos para los poseedores de bienes en el exterior, pero también gravar a los propietarios dentro del país que tengan casas valuadas por encima de los 500 mil dólares.

Parte de ese esquema respondía a los planteos de los ministros de Hacienda de las provincias gobernadas por la oposición, durante los tres meses de negociaciones que mantuvo el gobierno para diseñar el ajuste impuesto al Presupuesto 2019, que originalmente debía cumplir con una reducción del 1,3% del PBI, una meta que se achicó al 0,5%, tras la última corrida cambiaria y el pedido de Macri al FMI para adelantar la ayuda prevista para los años 2019 y 2020.

Blanco móvil

La decisión presidencial de evitar un aumento impositivo sobre los millonarios que blanquearon sus bienes en el exterior, revisita una herida íntima de Cambiemos, especialmente desde que el periodista Horacio Verbitsky reveló que los principales beneficiados por el blanqueo fiscal eran empresarios vinculados al entorno de Macri, como el magnate energético Marcelo Mindlin, el hermano presidencial Gianfranco, el exsocio y amigo «del alma» del mandatario, Nicolás Caputo y los empresarios Alfredo Coto, Marcela Rocca, Daniel Novegil, Miguel Madanes, María Bulgheroni de Luque y Alejandro Jaime Braun Peña, entre otros que engrosaron los 116.800 millones de dólares blanqueados en abril del año pasado. De ese total, el 20% está radicado en el país y el 80% restante en el exterior, es decir, unos 93.300 millones de dólares, pertenecientes a 254 mil contribuyentes, que ahora zafaron de una triplicación de la tasa del 0,25% que pagan actualmente.

La última palabra sobre la decisión presidencial de blindar el blanqueo (y pensar en una remake para 2020) no depende de Lopetegui, sino del Congreso, que recibirá este lunes el proyecto de Presupuesto para el año que viene. El pronóstico del gobierno no sale de la cautela, y a veces roza el optimismo: una percepción que no se condice con la preocupación de las provincias con respecto a la cantidad de temas que no fueron saldados en tres meses de negociación con la Casa Rosada y que ahora quedaron librados a la suerte legislativa, donde el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Sus operadores aseguran que están a «21 votos» de obtener la sanción «en octubre», aunque todavía no evalúan el impacto que tendrá la decisión presidencial de aplicar un presupuesto diseñado por el FMI, en el que los que más tienen no afrontarán ningún costo del ajuste. «