El Ejecutivo incluyó en el temario la propuesta para que la única planta de papel de diarios del país pueda optar por no abastecer al mercado y decidir a qué medios les vende.
El proyecto ingresó por mesa de entradas del Congreso el 9 de noviembre. Emilio Monzó, presidente de la Cámara, rápidamente le dio giro a la comisión de Comercio presidida por Miranda que convocó a reunión del cuerpo –que hasta ese momento se había reunido dos veces en todo el año–, para el 14 de noviembre. Ese mismo día se dictaminó pese a que el Frente para la Victoria pidió que se amplíe el giro a la comisión de Libertad de Expresión y se convoque especialista en el tema. Así las cosas, en cinco días, y sin abrir la discusión, el oficialismo y el peronismo no kirchnerista dejaron al proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto.
«Es una de las tres cosas que pidió Clarín», explicó Tiempo un importante asesor del bloque de la UCR resignado pero firme. El texto presentado por Bossio consta de tan sólo dos artículos. El primero plantea derogar gran parte de los artículos de la Ley 26.736 que declara de interés público de la producción y comercialización de papel para diarios. El otro es de forma.
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En 2010, cuando el kirchnerismo impulsó la ley de regulación para el papel prensa, la discusión también fue fuerte y los bandos fueron los mismos. Lo que cambió es la relación de fuerzas y, desde ya, el rol institucional. En aquel entonces, como ahora, la oposición objetó los giros y dio una fuerte discusión en la comisión de Comercio y en el recinto. El Grupo A, como se denominaba el armado parlamentario de la oposición, no pudo torcer la voluntad del kirchnerismo que avanzó con la norma, pero a diferencia de lo que sucede ahora, convocó a expertos y a una serie de audiencias públicas para debatir el texto y construir un fuerte consenso antes de elevarlo al recinto.
En concreto, el proyecto propone derogar artículos de la Ley 26.736, de 2011, que declara «de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios». Puntualmente los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 Y 41.
El proyecto recoge sin miramientos ni matices los reclamos de la empresa Papel Prensa y de diarios del interior del país, agrupados en la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina (Cooppal), quienes reclaman que la ley «impide la libertad comercial, encarece los insumos y obstaculiza inversiones». Sin embargo, el proyecto propone derogar el Artículo 20, con lo cual elimina la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago. Sin este artículo, las proveedoras de este insumo pueden vender a un valor preferencial a ciertos medios como Clarín y La Nación, copropietarios junto al Estado de Papel Prensa.
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En la misma línea, propone derogar los artículos 24, 25, 26 y 27, mediante los cuales se regula la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios, a fin de asegurar el abastecimiento pleno del mercado local. Por lo tanto, no habrá garantías para que los diarios locales puedan acceder al papel que se produce en Argentina. Y en ese contexto se propone la derogación del artículo 40 que obliga a Papel Prensa a operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel.
Los beneficios que le traerá la modificación de la norma a los dueños de Papel Prensa están claros, igual que los perjuicios para el resto de los medios que se verán sometidos a la voluntad de sus competidores que sustentan una posición dominante.
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