Fue por un Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicó el último este lunes a horas de que deje la presidencia. El presidente había homenajeado en octubre a los soldados caídos en ese operativo que se conoció como Operación primicia.
El DNU 2019-829 establece una compensación económica en beneficio de los militares que “hubieran fallecido o sufrido lesiones gravísimas o graves”. En el caso de los fallecidos, establece que sus “herederos” recibirán una remuneración mensual. La autoridad de aplicación del decreto quedó en manos del Ministerio de Defensa.
El decreto justifica la compensación con la calificación establecida en el Código Penal en la «defensa de las instalaciones de esa unidad militar perpetrado durante un gobierno constitucional, lo que importó una afrenta a las instituciones constitucionales y democráticas».
Sin embargo, en los argumentos del DNU quedó expuesto de forma explícita el sesgo ideológico del beneficio. Por un lado, equipara esa acción guerrillera con el Terrorismo de Estado de la dictadura cívico militar que desapareció, asesinó, torturó, secuestró y robó bebes, y por otro, enaltece la figura del militar héroe que combate el enemigo interno, un subterfugio ideológico que Cambiemos impulsó desde el inicio de su gestión.
“Este evento tuvo una innegable incidencia en los hechos de violencia que se sucedieron trágicamente en nuestro país durante la década de los años Setenta”, señala el DNU. Y completa: “A más de cuarenta años de aquellos funestos hechos el Estado Nacional no había brindado ni los homenajes y honores correspondientes ni el reconocimiento económico merecido por tan honrosa tarea”.
El beneficio que fijó Macri este comenzó a tomar forma el 5 de octubre pasado cuando participó en el acto de homenaje y reivindicación de los 12 militares muertos en el ataque al Regimiento de Infantería 29 de Monte durante un intento de copamiento realizado por Montoneros que se conoció como Operación Primicia. En ese homenaje que se realizó en el Regimiento de Patricios de Palermo, además del secretario de DDHH, Claudio Avruj, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, participó Jovina Luna, hermana del conscripto Hermindo Luna e impulsora de una investigación penal contra militantes y de la compensación.
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En ese intento de copamiento murieron el Policía provincial Neri Argentino Alegre y los militares Ricardo Eduardo Massaferro (teniente Post-Mortem); Víctor Sanabria (el sargento Ayudante PM) y los cabos Post-Mortem Antonio Ramón Arrieta; Heriberto Dávalos, José Mercedes Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna.
En la “Operación Primicia”, realizada sobre el final del gobierno de María Estela Martínez de Perón, murieron también 9 militantes de Montoneros y el Ejército asesinó a luego a otros tres jóvenes que no tenían que ver con el ataque.
Pero el episodio sirvió como excusa para el decreto de aniquilamiento de la subversión que inició el camino para el golpe del 24 de marzo 1976 y el terrorismo de Estado. De hecho, luego los militares asesinaron a prácticamente todos los militantes que participaron.
El decreto viene a completarla línea ideológica que demarcó Cambiemos desde el inicio de su gestión. Uno de esos pasos fue la presentación del Nunca Más en la Feria del Libro en el marco del 40 aniversario del golpe de Estado sin el prólogo de 2006. Ese texto, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en 2006 para el 30° aniversario del golpe y buscaba corregir la doctrina de los dos demonios que recorría el prólogo original, para re-encuadrar la teoría del terrorismo de Estado. En ese momento, Avruj consideró el segundo prólogo como “aditamento ideológico”.
El DNU publicado en su último día de gestión, Macri aclara que la intención del Estado Nacional es “ofrecer un reconocimiento de tipo económico que pueda mitigar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida por tantos años de olvido».
Entre los fundamentos, también aclaró que impone por decreto de necesidad y urgencia el beneficio -que debería ser dispuesto por ley- porque los proyectos que llegaron al Congreso no prosperaron y porque hay receso legislativo.
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