El Acuerdo de Barbados llevó concordia. Pero el gobierno impugnó el plenario opositor que designó los candidatos. Nuevos cruces.
La Comisión Nacional de Primaria informó, luego de la jornada autogestionada del 22 de octubre, que entre 2.300.000 electores dentro y fuera de Venezuela, la exasambleísta Machado resultaba victoriosa con 93% de los votos emitidos entre una decena de precanditatos. La impugnación sobrevino desde el gobierno de Maduro, en principio porque denunció que no alcanzó esas cifras de participación y que no hubo un protocolo para garantizar la transparencia del proceso que no tuvo asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE). Cierto es que la autoridad dilató la confirmación durante meses hasta que a último momento propuso aplazarlo un mes para gestionarlo, lo que no fue tomado por la oposición.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó supuestas pruebas del «fraude» y concluyó que «no había una capacidad instalada para que votara, ni siquiera, un millón de personas». Pero también hubo cuestionamientos dentro del mismo bloque opositor. El precandidato de Acción Democrática, Carlos Prósperi, que quedó segundo en la contienda con el 4,6%, venía denunciando en días previos “irregularidades” en la organización de los comicios internos. Lo mismo hizo su copartidario, el diputado Luis Martínez. En la red X afirmó que en el proceso «plagado de vicios e irregularidades desde el principio», participaron apenas 635.000 ciudadanos: «2,72% del padrón electoral venezolano votó, 97.28% no lo hizo. Es un proceso que desde el principio nació mal y lo advertimos, fue excluyente”. Sin embargo, el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, reconoció un triunfo “contundente, muy claro y rotundo” de Machado.
Ahora el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una investigación por las primarias a las que tildó de «evento bufo» y de «teatro de utilería». Para ello citó al titular y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús Casal y Mildred Camero, respectivamente, en calidad de investigados por presuntas irregularidades.
Machado en cambio afirma que el proceso fue transparente y que “ha sacudido gente fuera y también dentro del oficialismo”. “El propio régimen no se imaginó jamás una respuesta de esta magnitud; la primaria como hecho político ya ocurrió y no hay nada que puedan hacer para revertirlo”, sostuvo.
La dirigente de VV, además, está inhabilitada por la Contraloría para ocupar cargos públicos por 15 años, una cuestión que la oposición espera saldar en las negociaciones con el Ejecutivo tras el acuerdo de Barbados y que la candidata considera que quedó zanjado en la opinión de las “dos millones y medio de personas” que la eligieron.
Machado tiene 56 años, es ingeniera industrial y entró en la política en 2002 con una ONG que impulsó un frustrado referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. Luego fue electa diputada en 2011 hasta su destitución en 2014 por asistir como «embajador alterno» de Panamá a una reunión de la OEA en la que denunció supuestas violaciones a Derechos Humanos durante las protestas que ese año pedían «la salida» de Maduro y dejaron 40 muertos.
Conservadora, promotora del libre mercado y las privatizaciones, es la nueva esperanza del Departamento de Estado de los Estados Unidos para derrotar al chavismo en las próximas elecciones. La propia embajada en Venezuela se pronunció en su apoyo, al igual que el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. Además recibió el nada sorprendente aval del grupo Idea, que integran presidentes y expresidentes iberoamericanos de derecha y extrema derecha, como el colombiano Álvaro Uribe, el argentino Mauricio Macri, el español José María Aznar y el mexicano Vicente Fox, entre otros.
Por su parte, Maduro no confirmó que se presentará a elección, pero la falta de promoción de un candidato que lo suceda (en principio se hablaba de la vice Delcy Rodríguez pero fue diluyéndose), se especula con que será el candidato oficialista.
El pasado 17 de octubre se firmó en Bridgetown, Barbados, el acuerdo entre el gobierno y la Plataforma Unitaria que planteó una agenda para llegar a elecciones transparentes para el segundo semestre de 2024 con observación internacional, y la posible revisión de las inhabilitaciones de opositores. En ese acta, EE UU se comprometió a levantar temporalmente algunas sanciones que recaían sobre los sectores petroleros y gasíferos y el gobierno a liberar varios presos políticos, cosa que ambos cumplieron.
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