Por un lado una populosa marcha de apoyo en San Pablo y en otras ciudades brasileñas. Por el otro reunió a la gran mayoría de los gobernadores y también recibió la adhesión de un amplio sector del poder Judicial.
«No vamos a permitir que la democracia escape de nuestras manos», prometió el izquierdista la noche del lunes en un reunión con 23 de los 27 gobernadores en Brasilia, tras la cual bajó por la rampa del Palacio de Planalto, la casa de gobierno, que sufrió daños de consideración, con los jefes estatales hacia la Corte Suprema.
El mandatario de 77 años, que asumió el poder por tercera vez hace una semana tras vencer a Bolsonaro en las presidenciales de octubre, había encabezado más temprano una inusual declaración conjunta con los titulares del Senado, la Cámara de los Diputados y el Supremo Tribunal Federal.
Los titulares de los tres poderes del Estado cerraron filas contra los «actos de terrorismo» del domingo, cuando miles de simpatizantes del expresidente de extrema derecha invadieron durante casi cuatro horas las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema exigiendo una intervención militar para sacar a Lula del poder.
De momento, según el ministro de Justicia y Seguridad, Flavio Dino, 1.500 personas han sido detenidas por los desmanes, ocurridos mientras Lula visitaba un municipio en Sao Paulo (sureste) afectado por lluvias.
La condena también tuvo eco en las calles de Sao Paulo, en la icónica Avenida Paulista, donde entrada la noche miles de personas se dieron cita para «defender la democracia» y exigir «prisión a los golpistas».
«No viví lo que he vivido para ver lo que vi ayer, que mi pueblo, mi tierra, esté dividida de esa forma. Es inadmisible, triste, estar aquí es estar en defensa de la democracia», Edi Valladares, una profesora de 61 años.
Lula lideró reuniones desde temprano en la sede de gobierno, pese a los visibles daños en la estructura, como ventanas rotas y oficinas destrozadas. Los incidentes recordaron los ataques al Capitolio en Washington hace dos años, llevados a cabo por simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Bolsonaro.
Los actos en la capital brasileña fueron condenados al unísono por la comunidad internacional, con el presidente estadounidense, Joe Biden, brindándole respaldo irrestricto a Lula. En una llamada telefónica, «Biden expresó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la democracia de Brasil», dijo la Casa Blanca en un comunicado, agregando que el mandatario estadounidense invitó a Lula a visitarlo «a principios de febrero».
El líder de izquierda, quien según el texto aceptó el convite, fue enfático a lo largo del día sobre la necesidad de sancionar a los responsables de los disturbios y a sus eventuales financiadores.
La mayoría de los 1.500 detenidos, según el ministro Dino, estaban en un campamento en Brasilia desde donde salieron buena parte de los atacantes y que fue desmantelado este lunes tras una orden de un juez de la Corte Suprema.
Policías y militares también levantaron estructuras similares en Rio de Janeiro y San Pablo, instaladas al frente de centros del ejército desde hace dos meses para exigir una intervención militar que pretendía impedir el regreso de Lula al poder.
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