La decisión invalida todas las pruebas recogidas por el juez bolsonarista y obliga a reiniciar los juicios desde cero. Esto aleja la posibilidad de condenas rápidas que le impedirían al expresidente participar de las elecciones presidenciales de 2022.
Las sucesivas decisiones de la justicia a favor del dirigente del PT, le han dado impulso en la carrera electoral para 2022, para las cuales las encuestas de intención de voto lo muestran en el primer lugar. Según la última encuesta de Ipee, publicada hoy, Lula tiene una intención de voto del 49% por encima del 23% de Bolsonaro, un porcentaje que se reduce al 41% por ciento frente al 32 del actual presidente entre los evangelistas.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinó que «hay identidad de hechos y jurídica» entre el caso en el cual Moro fue declarado «parcial» y los otros dos que pasaron por las manos del ícono de la Operación anticorrupción Lava Jato en su juzgado de Curitiba, informó la agencia de noticias AFP. Por ello, Mendes ordenó «anular todas las actuaciones decisorias del magistrado, incluyendo los de la fase previa al proceso».
Lula fue condenado por Moro en 2017 a 9 años y medio de cárcel como beneficiario de un tríplex en el litoral paulista ofrecido por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras. Un tribunal de apelaciones confirmó y amplió su condena, lo que le impidió disputar la elección presidencial de 2018 y lo mantuvo preso desde abril de ese año hasta noviembre de 2019. Pero la segunda sala de la corte suprema (integrada por cinco jueces) atendió en marzo los reclamos de la defensa de Lula sobre la «parcialidad» de Moro, que se habría evidenciado entre otras cosas cuando el ultraderechista Jair Bolsonaro, vencedor en los comicios, nombró al juez ministro de Justicia.
Ese fallo fue ratificado por el plenario del STF por 7 votos a 4. Mendes extendió ahora esa decisión a las otras dos causas radicadas en Curitiba, ambas en fase procesal. Una está relacionada con reformas realizadas en una hacienda en Atibaia (Sao Paulo) y la otra con la compra de un terreno para el Instituto Lula. El expresidente (2003-2010), que siempre se declaró inocente, se vio beneficiado en los últimos meses por una serie de absoluciones en muchas denuncias de corrupción tramitadas en varios juzgados del país. Actualmente, aparte de los casos de Curitiba que serán derivados a un tribunal de Brasilia, el dirigente, de 75 años, enfrenta aún otros tres procesos, uno en Brasilia y dos en Sao Paulo.
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