Con el veto a la denominada ley antidespidos todavía caliente, y en un marco de creciente malestar social con las políticas laborales, el gobierno nacional endereza la mira hacia el Congreso nacional, donde buscará asegurarse la aprobación de un régimen de beneficios para empresas que contraten en condiciones de formalidad a trabajadores de entre 18 y 24 años.
La ‘felicidad’ de Mauricio Macri, que anunció la iniciativa con bombos y platillos -y con respaldo de las grandes empresas-, chocó de frente contra los diputados opositores que advierten que el proyecto no sólo amenaza los derechos laborales sino también el financiamiento del Estado. En esa línea, denuncian una estrategia para bajar el nivel de los salarios locales por la vía de la precarización sistemática.
El texto del proyecto de ley del Régimen de Promoción del Primer Empleo y de la Formalización del Trabajo pasó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados el 26 de abril, un día después de que el presidente Mauricio Macri adelantara el envío en un acto político. Desde entonces es objeto de un áspero debate.
El proyecto oficial propone asegurar «estímulos» que alienten a las patronales a crear puestos de empleo y que, en simultáneo, impulse la decisión de las empresas a realizar las contrataciones por las vías legales.
En sus fundamentos, el texto que el PEN envió al Parlamento argumenta que «será preciso remover todas las barreras posibles y facilitar desde el Estado la creación» de los puestos que demanda la sociedad. Para eso, propone avanzar con un «manejo racional de la economía» que permitirá, según postula, retomar el crecimiento del empleo. Esa racionalidad deberá complementarse con «estímulos que apalanquen la decisión empresarial y que orienten el empleo actual y futuro a un nivel de formalización que facilite una relación y digna de inclusión socio cultural de los trabajadores».
En concreto, el régimen consiste en sistemas de exenciones progresivas de las contribuciones patronales e incentivos económicos adicionales por cada empleo creado. La condición, remarca el texto, es destinar ese puesto a una persona de entre 18 y 24 años que no haya tenido nunca un empleo registrado o con una antigüedad menor a los 36 meses como empleado en blanco. Los empresarios también podrán acceder a los beneficios si contratan a personas con certificado de discapacidad sin que a estas se les computen aportes previos.
Se trata de una exención mensual porcentual de las contribuciones patronales a la seguridad social que «se determinará según la cantidad de períodos aportados» del trabajador contratado «hasta los 36 meses y de acuerdo a la dotación de personal que registre la empresa, pudiendo llegar al 100%» de las mismas. Los porcentajes se ajustarán en los casos de empleos a tiempo parcial.
Tiempo intentó hablar con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sobre este proyecto pero no obtuvo respuesta.
En tanto, los legisladores de la oposición están en pie de guerra. Para el diputado Néstor Pitrola (PO-FIT, Buenos Aires), el marco legal que busca el macrismo y el veto a la llamada ley antidespidos «son señales de que viene nueva reforma laboral en el país». El legislador consideró que se trata de un objetivo común de «todas las fuerzas políticas del sistema» y criticó «la parlamentarización» de las discusiones por los despidos y las condiciones de contratación laboral. «Con el cuento del empleo joven pretenden bajar los costos laborales», afirmó Pitrola e inscribió la intención del macrismo en una línea histórica: «En 2014 se votó la Ley de Blanqueo Laboral pero el empleo en negro no sólo no cedió sino que aumentó. Si no cambia la política recesiva y el ajuste, no va a mejorar la actividad y no se van a crear empleos», finalizó.
El legislador Héctor Recalde (FPV, Buenos Aires) se sumó al cuestionamiento. Denunció que el gobierno busca asegurar una nueva transferencia de recursos desde los sectores de menores ingresos a los sectores dominantes de la economía: «Cambiemos le sigue quitando a los más pobres para darle a los más ricos y fomenta los despidos», dijo. Recalde agregó que la nueva ley favorecería a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas, que «pagarían más contribuciones que hasta ahora». Y sumó que el proyecto «permite que se despida a personal más antiguo sobre el que se pagan contribuciones completas para remplazarlo con personal nuevo por el que se pagarán contribuciones más baratas».
Por su parte, el diputado Facundo Moyano (FR, Buenos Aires) lamentó que la propuesta del gobierno no es otra cosa que «una baja de los costos patronales». A modo de ejemplo, el legislador advirtió que en los cuatro primeros meses del año «la inflación fue de un 20% en la Ciudad de Buenos Aires por encima del aumento del 15% de la jubilación», y que en ese marco «una iniciativa para desfinanciar la ANSES preanuncia un mayor ajuste» para los meses que vienen.
El segundo eje del proyecto oficial es la cuestión del blanqueo de la mano de obra. El empleador, privado o público no estatal, nacional, provincial o municipal, deberá estar en regla con la AFIP. Las contrataciones deberán darse en el marco de las leyes 20.744, de Contrato de Trabajo, y 26.727, de Trabajo Agrario. Para las provincias del norte de país, agrega el proyecto de ley, habrá un régimen especial, para atender a la situación laboral particular de esa zona del territorio. El proyecto prevé un incentivo económico «compensatorio» para los empleadores por cada nuevo trabajador contratado en esas condiciones.
Previsiblemente, las grandes empresas apoyaron la iniciativa con firmeza. El 4 de mayo el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, y la cúpula de la Unión Industrial (UIA), coincidieron en la necesidad de generar nuevas formas que estimulen la contratación.
En diálogo con Tiempo, el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, definió el proyecto del gobierno como «prioritario», especialmente para las pymes, que podrán valerse de la contratación de mano de obra juvenil «para arribar a costos compatibles con su competitividad».
El hombre de la UIA advirtió que «hay sectores que no lo van a usar porque están estancados, como la industria automotriz y la autopartista» y reclamó complementar el proyecto con una «simplificación para la constitución de las empresas desde el punto de vista fiscal». El dirigente empresario, finalmente, le restó importancia al impacto fiscal de la medida que impulsa el macrismo: «Hoy no es relevante porque los sistemas de la seguridad social no son más financiables por el sistema de aportes, los países más desarrollados tienden a financiarlo con impuestos más generales».
Los estudiosos del mundo laboral también se metieron en la polémica. Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales (TEL) planteó que «está demostrado» que este tipo de medidas no funcionan para contratar: «Los empresarios prefieren contratar empleo en negro; además, es un despropósito usar el presupuesto público para esto». Para Martínez, el proyecto «va en línea con el fin de quebrar los convenios colectivos».
Por su parte, el abogado laboralista de la CTA Autónoma, Horacio Meguira, recordó que «siempre que convivieron sistemas subvencionados con sistemas no subvencionados el primero se terminó comiendo al segundo». Para el letrado, la historia reciente reveló el carácter falaz de la propuesta oficialista: «En los 90 hubo una rebaja del costo laboral en la flexibilidad de ingreso y sin embargo se llegó a una desocupación de dos dígitos», concluyó. «
El acuerdo con McDonald’s: un salario sin base legal
El acuerdo entre el gobierno nacional y Arcos Dorados para que pibes de entre 18 y 23 años trabajen en las casas de comida rápida de la cadena McDonald’s fue blanco de críticas en ambientes políticos y sindicales mientras que fue respaldado en el universo empresario.
Es que bajo la cobertura de la «capacitación laboral», según la explicación oficial, hasta 5000 jóvenes trabajarán 30 horas a la semana (un trabajador contratado a jornada completa lo hace por 48 horas semanales) «con prácticas formativas y laborales reales en un ambiente de trabajo efectivo», con acuerdos de un año de duración. Quienes accedan a estos contratos recibirán un salario mensual de 4500 pesos (de los que $ 1000, un 22%, los aportará el Estado), cobertura de salud provista por la obra social Elevar (Pasteleros) y un certificado de entrenamiento laboral.
El caballito de batalla que usa el gobierno para promover este convenio es que está dirigido a «poblaciones vulnerables laboralmente». Se trata de un universo social que también justifica el proyecto de empleo joven y blanqueo laboral que está para el debate de los diputados (ver nota principal), en el que se asegura que hay 750 mil argentinos de entre 18 y 24 años que no trabajan ni estudian.
La primera pregunta que genera este acuerdo es acerca de su legalidad, en particular en lo que hace al salario. Los $ 4500 por 30 horas semanales se encuentran a mitad de camino entre el salario mínimo actual (de $6060) y el que quedará establecido en enero próximo ($8060). Es decir, equivale a un salario de $ 7200 por una jornada completa de 8 horas y 48 horas semanales. Pero cuando es septiembre, el mínimo legal en todo el país sea de $ 7560, el sueldo del acuerdo quedará por debajo de la proporcionalidad correspondiente.
Para la diputada Graciela Camaño (FR, Buenos Aires), «el gobierno nacional no entiende la realidad federal del problema del empleo, está gobernando para los pibes de la capital que pueden recurrir a un empleo en McDonald’s sin caer de bruces bajo la línea de pobreza». La caracterización forma parte de una acusación que el massismo repetirá con más fuerza desde esta semana: «Cambiemos gobierna para el Obelisco, pero no para todo el país». El señalamiento ya retumbó duramente dentro del Congreso y desató la furia de macristas y radicales. Desde la Casa Rosada, defienden la iniciativa del proyecto de empleo joven y, sin mencionar al massismo, reivindican el acuerdo firmado con Arcos Dorados para afianzar un plan que, aseguran, será el primer paso de una serie de medidas que «terminarán con esta mentira de la crisis del empleo en el país». «Los empleos que ellos critican de McDonald’s, los vienen a buscar los jóvenes de los países limítrofes, así es que tan malos no son, lo que pasa es que acá miran otra realidad», contestó un secretario de Estado que relativiza, sin inmutarse, los cuestionamientos de la oposición.
Un dato preocupa en Cambiemos: según el Informe de Resultados 1007, elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censo del Gobierno porteño, la población desocupada de la Capital pasó de 115.667 personas en diciembre a 142.117 en marzo. Es decir, la ciudad más rica del país tiene 26.456 desocupados nuevos. Un reflejo del país a escala porteña.
