Los nuevos incendios intencionales frente a Rosario le dan impulso a una ley nacional de humedales

Nada los detiene. No al fuego, sino a los que lo inician. Luego de causar una masiva movilización de recursos humanos, tecnológicos y económicos para apagar los miles de focos intencionales en las islas del delta de Paraná frente a Rosario y otras localidades de esa provincia y de Entre Ríos, luego de ser noticia nacional por el daño a los humedales y a la salud de los habitantes de varias ciudades, luego de que la justicia imputara a varios dueños de campos por utilizar esa práctica de renovación de pasturas para su ganado en medio de una sequía y con una bajante histórica de los ríos de delta y, finalmente, luego de que las autoridades lograran contener por segunda vez las llamas  descontroladas, los ganaderos de Entre Ríos y Santa Fe volvieron a quemar de manera ilegal.

La concejal Norma López de Rosario fue taxativa: “el objetivo ideológico y comercial es ‘pamperizar’ la gran zona de humedales”, y señaló que los responsables “tienen nombre y apellido. Procedencia política y hasta partidaria” y reclamó la urgente sanción de una ley de humedales. Por su parte, el fiscal federal Carlos García Escalada, de Victoria, ya le pidió al juez a cargo la “inmediata detención” de diez de los propietarios de los terrenos en los que se iniciaron los incendios. La medida fue recibida con beneplácito por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié.

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El gobernador Omar Perotti el martes sobrevoló la zona y señaló que “la diferencia es que esta vez ha habido incendios muy cercanos a nuestra costa, algunos de ellos en territorio santafesino, en la zona de Granadero Baigorria. Eso es lo que ha marcado una diferencia”. Asimismo destacó el trabajo de Ambiente que “ha puesto lo mejor, sin ellos hubiésemos estado muy mal, no hubiésemos tenido la posibilidad concreta de mitigar esto. Es un gran despliegue, y nos hubiera encantado poner esos recursos en otra cosa”. Alrededor de 10 millones de pesos diarios se invierten en controlar los focos de incendio.

En el combate contra los incendios se involucró hasta el Ministerio de Seguridad nacional, cuya titular, Sabina Frederic, reforzó los patrullajes y controles de Prefectura Naval y ocupó tres aviones hidrantes y un helicóptero para sofocar los incendios. En medio de la cuarentena con el peligro de contagio decenas de brigadistas y fuerzas provinciales y nacionales se desplegaron para contener, nuevamente, las llamas fuera de control.

El diputado nacional Leonardo Grosso, que preside la Comisión de Recursos Naturales, presentó un nuevo proyecto de ley de Humedales y convocó a una reunión para el próximo miércoles para tratar todas las propuestas legislativas planteadas hasta el momento. El diputado del Frente de Todos explicó a Tiempo Argentino que el proyecto que él presenta “aumenta las multas a 50 mil salarios mínimos para que sea más contundente (art. 30, punto b), porque hoy los empresarios que destruyen los humedales conscientemente suman a los costos de producción las posibles multas por las violaciones a las regulaciones provinciales, es decir que proponemos regulaciones más pesadas como para que no entre en la cuenta del negocio. Destruir un humedal no puede ser rentable”.



Además, explica Grosso, “en esa misma línea sumamos un capítulo penal, donde las penas alcanzarían hasta los seis años (art. 31), porque hay que ser claro en que las consecuencias ambientales son muy graves y los intereses económicos de algunos empresarios no pueden estar por encima de los intereses colectivos, más cuando los daños son irreparables”.

El mencionado proyecto, que lleva la firma de unos veinte diputados –además del ordenamiento territorial, inventario de humedales, políticas nacionales para recuperar los humedales dañados y fijar prácticas para que los emprendimientos de producción agropecuaria no sean destructivas de ese ambiente, artículos que también aparecen en otras iniciativas– fija multas de hasta 843 millones de pesos y determina que la quema de humedales debe ser un delito penal punible con hasta seis años de prisión. Probablemente, el mayor “incentivo” para frenar los incendios.

Una ley nacional de humedales que proteja estos ecosistemas tan variados que incluyen desde los salares de Jujuy, afectados por la minería de litio, hasta las turberas de Tierra del Fuego, pasando por los del Delta del Paraná, afectados por el agronegocio. Los distintos tipos de humedales ocupan alrededor del 20% del territorio nacional, y organizaciones ambientalistas vecinales y científicas reclaman y trabajan desde hace años para que el Congreso Nacional regule y proteja estos medioambientes. La gran variedad de humedales hace que los intereses presentes sean diversos y poderosos, que el Parlamento nacional con apoyo del Ministerio de Ambiente retome las discusiones que se suspendieron en 2019, es la buena noticia que puede desprenderse del desastre ambiental que hoy afecta al humedal más extenso y biodiverso de la Argentina.