Trasfondo de una de las peores masacres registradas desde la vuelta de la democracia en un conflicto de tierras ¿Cómo se puede matar o morir por un pedazo de tierra?
La obra le valió a Steinbeck un Premio Pulitzer. Tanto la novela como la película conmueven por el sufrimiento, por la injusticia, por la desesperación de sus personajes. Tal vez no sepan los argentinos de bien que a tan solo 40 kilómetros de sus bibliotecas se repite día a día una realidad que muy poco dista de la novela de Steinbeck. También hay inmigrantes, acosos, salarios bajos, un estado insuficiente y organización comunitaria. Pero esta realidad, quizá por lo cercana, quizá por la falta de información, quizá por prejuicio, no conmueve hasta las lágrimas. Esta novela conurbanense, basada en hechos reales y cotidianos, no llega a sus bibliotecas.
Y cuando algo sucede, cuando de repente aparecen cinco personas asesinadas en la lejana Matanza, la indiferencia se transforma en un leve interés, y en el efímero vistazo a un canal de noticias surge un innato e inquisidor prejuicio: “¿Por qué no van a tomar tierras a su país?” Porque seguro son extranjeros, porque seguro cobran planes, porque seguro no trabajan, porque seguro no fueron a la escuela, porque no son argentinos de bien.
Los primeros titulares que asomaron narrando los hechos acontecidos en el barrio “8 de diciembre” en la tarde del domingo 14 de enero, fueron “Cinco personas murieron en un feroz enfrentamiento por toma de tierras”. El titular parecía estar escrito de antemano. Algunos se animaron a más y hablaron de “enfrentamiento entre bandas narcos”. El cuerpo de las noticias se basaba en algunas especulaciones y en unos escuetos trascendidos de la fiscalía. Los pocos testimonios recogidos en el territorio, contradecían de por sí los sentenciosos titulares.
El gobierno nacional solo se manifestó por tres motivos. En primer lugar, para reafirmar la cadena de desinformaciones de los portales de noticias y confirmar que fueron tomadores de tierras que se mataron entre sí. En segundo lugar, desligarse y responsabilizar al gobierno provincial y municipal. Por último, y montados ya en el festín de tergiversaciones, impulsar un proyecto para deportar a los inmigrantes que tomen tierras de manera ilegal.
Pero hay algo muy cierto en los tendenciosos dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni: “Es gente matándose por un pedazo de tierra”. Y ante esa sentencia, el campo nacional y popular y el progresismo bienpensante poco han hecho. La respuesta por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de La Matanza fue casi nula. Ni hubo declaraciones públicas, ni comunicación con los vecinos, ni comunicación con las familias de las víctimas fatales.
Es que en un punto, para estos espacios de la política que deberían (por el lugar de enunciación que eligen ocupar) defender y dar respuesta a los sectores más vulnerables, el problema del acceso a la tierra los desborda o lisa y llanamente no les interesa. No suma votos, genera disputas de poder, toca intereses. De alguna u otra forma compran y comparten el discurso de las grandes cadenas de televisión (“se mataron entre ellos por un pedazo de tierra”), deslizan si es necesario una serie de latiguillos progresistas (“hay tomadores que son buenas personas”)y dejan actuar a la fiscalía ya que solo es un tema que le atañe a la Justicia.
El valor de un pedazo de tierra
El barrio “8 de diciembre” no era una simple toma, era un terreno loteado y comercializado. La zona conocida como “La Tosquera” integra el extenso territorio de la localidad de González Catán. Lindera al barrio Santa Cecilia, esta zona cuenta con salida directa a asentamientos históricos como el barrio Nicole. También tiene vía directa a la flamante autopista Juan Domingo Perón y al arroyo Morales (que desemboca directamente en el Rio Matanza – Riachuelo). Esta zona de La Matanza limita con Merlo, y está a escasas cuadras del centro comercial de Catán.
El 8 de diciembre del 2023 (de ahí el nombre del barrio), personas conocidas como “los delegados” comienzan el loteo, la venta y la ocupación de la zona. Se asientan unas 70 familias, habiendo lugar para muchas más. Se empieza a consolidar el barrio. Durante las semanas siguientes se continúan vendiendo los lotes de las seis manzanas estipuladas y comienzan los trabajos de instalación de servicios precarios: tendido eléctrico (enganchado), apertura de calles y pozos de agua.
Al día de la fecha, los diferentes testimonios de vecinos y vecinas identifican a cuatro “delegados” o “representantes”: Irma Rosa Coronel “La Rosi, de nacionalidad paraguaya; Juana Correa Villalba de nacionalidad boliviana; y Emmanuel Lugo “Juanito” (esposo de Villalba) de nacionalidad paraguaya.
“La gente se quejaba. Si no dabas la plata, venían a tu casilla con armas y te hacían pagar la cuota que pedían. Por ejemplo, pedían para el tendido eléctrico y si no querías dar, iban a tu casa y te atracaban, te sacaban y vendían tu terreno”, comenta nerviosa una vecina del barrio relatando el modus operandi de quienes anteriormente lotearon y comercializaron los terrenos. “Había que pagar 10500 y si no lo hacías, después te cobraban el doble”, agrega un vecino.
El valor de los lotes comenzó en 20 mil pesos, subiendo luego a 500 mil. Para mediados de enero ya valían 2 millones de pesos. También había un esquema de seguridad “privada” con grupos armados y, según el testimonio de algunos vecinos, contaban con apoyo de patrulleros de la policía. Si la cuota no se pagaba, tal como dicen los testimonios, se sancionaba con aumentos en la cuota o la expulsión. También había sanciones por no ocupar el lote, tener el pasto alto y no pagar la seguridad del predio.
Esta situación, sumado al intento de loteo de zonas comunes (como la plaza) generó un enorme malestar en el barrio. Ante las diversas quejas, los “delegados” a una asamblea para el domingo 14 de enero a las 14 Hs.
Los hechos
Sumado al conflicto por las excesivas multas y el loteo de zonas comunes, alguno relatos hablan de vecinos que respondían a la municipalidad y quienes traían la propuesta de hacer un censo. Otros mencionan al “Chino”, un vecino de nacionalidad boliviana que comenzaba a “hacerles frente” al grupo de loteadores con algo de poder de fuego. “El Chino siempre ha tenido armas”, comentan los vecinos.
La asamblea se realizó en la casa de Juana Correa Villalba que está en el ingreso al barrio, en la parte alta, y que cuenta con un patio grande. La reunión, como era de esperarse, se tensó. En el momento de mayor conflicto, tres jóvenes que bajaron de un auto con armas cortas (algunos dicen una camioneta) ingresaron a la asamblea y comenzaron a amedrentar a los participantes. Algunos vecinos sospechan que se trata de un grupo armado (posiblemente ligados a las bandas narcos que operan en la zona) contratados por los “delegados” o con algún nivel de vínculo estrecho entre ellos (algo que queda a revelar).
La reacción de los vecinos fue expulsarlos de la asamblea con botellazos e insultos. Este reducido grupo comienza un repliegue hacía la zona del arroyo El Pantanoso, mientras dispara a la multitud a la altura de los pies, hiriendo a varios de los vecinos. Es en ese momento, cuando detrás de una de las lomadas propias del terreno irregular de una vieja tosquera, sale un grupo con armar largas (se encontraron casquillos de FAL) que comienza a disparar hiriendo gravemente a varias personas. Varios de esos heridos son rematados luego.
Los cinco muertos oficiales hasta ahora son Luis Vascopé de 17 años, Eduardo Rivera de 24 años, Tomas Velázquez Chávez de 27 años, Leonel Tuco Tapia de 28 años, y Gregorio Mamani Choque de 40 años. En los últimos días se instaló el rumor de que los lotes de la plaza (elemento de tensión entre la comunidad y los “delegados”) habían sido vendidos a narcotraficantes (conocidos como “Los Paraguayos”) para que monten una cocina.
El fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, está a cargo de esclarecer el hecho. El pasado jueves una masiva movilización por las calles de San Justo pidió justicia por las víctimas. Los vecinos rebautizaran al barrio como “14 de enero”. Al día de la fecha no hay detenidos oficiales.
Un complejo entramado
Queda demostrado que este hecho, casi sin precedentes en la historia argentina desde la vuelta de la democracia, es más que un mero enfrentamiento en un intento de toma de tierras. Es el desenlace fatal de un mecanismo irregular de acceso al terreno propio que va más allá de la nacionalidad de los compradores.
El mecanismo es siempre el mismo. Una persona o un grupo de personas con cierto capital, mediante algún mecanismo de información (del municipio, de la provincia o de la nación) acceden a un terreno con litigios (el más común es problemas sucesorios, pero también pueden ser terrenos fiscales), luego fabrican algún mecanismo legal que les dé sustento, y por ultimo lotean los terrenos para venderlos. Esta persona o grupo, cuenta con espalda judicial (que elabora el papeleo), política (que encubre o facilita), policial (que garantiza seguridad) y/o parapolicial (quien hace el trabajo sucio).
Quienes compran, lejos de ser meros tomadores de tierras, son personas estafadas de todas las nacionalidades. Están quienes vienen de países limítrofes por trabajo, están quienes vienen de las provincias por el mismo motivo y están quienes escapan del hacinamiento de las grandes villas del AMBA, buscando en ese terreno barato y flojo de papeles, el sueño de una vivienda propia.
“El lote lo inicio María Isabel Carballo con su esposo y sus hermanos. Contó con la complicidad de la comisaría, algunos funcionarios municipales y sus abogados. Inició el negocio en el año 2013 vendiendo a paisanos de la colectividad boliviana. En ese entonces los terrenos los vendieron a 50000 pesos, luego lo subió a 150000 pesos y así sucesivamente. Actualmente siguen vendiendo a 30000 dólares. Luego apareció Rolando Pardo Villarruel, paisano nuestro, y junto con él continúan el negocio”. El relato es de un vecino de “Puente 13”, barrio ubicado entre la autopista Riccheri y Ruta 4, en la localidad de Ciudad Evita. Distintos lugares, un ismo método.
Esto no solo sucede en La Matanza, sino en todos los partidos del conurbano bonaerense. Y en definitiva, los casos de “Puente 13” y “8 de Diciembre” (y el de los miles de barrios populares que se conformaron de esta manera) no son más que el correlato marginal y empobrecido de las anomalías con las que se manejan en las altas esferas. Supongamos que en algunos años, el magnate británico Joe Lewis decide lotear y vender los terrenos irregularmente obtenidos en Logo Escondido ¿Cuánto dista de estos casos? Los sectores oprimidos mayormente reproducen las prácticas de sus clases dirigentes.
Puede que este sea el momento de que alguien impulse un ejemplo distinto. Una política planificada de lotes con servicios es algo no tan complejo de pensar ni tan costoso de ejecutar. Por el contrario, revitaliza la obra pública y garantiza acceso al suelo urbano para miles de familias que sueñan con un terreno propio. A mediado del 2022, la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), presentó un llamado a la compra de tierras para el desarrollo de 50 mil lotes destinados a familias de los sectores populares. Esta política, al igual que otras, hoy peligra.
Y es que de no discutirse a fondo un programa para la tierra y la vivienda en un país con 16 habitantes por kilómetro cuadrado, el negociado (más o menos turbio) del suelo seguirá imponiéndose, y realidades como la del barrio “8 de diciembre” seguirán existiendo ocultas detrás de las lomadas de una tosquera abandonada. Y todo seguirá igual, matándonos entre nosotros por un pedazo de tierra.
(periodista, redactor en ARG Medios)
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