Las vistas aéreas de los fuegos dejan entrever intencionalidades en los terrenos. El antecedente de 2023 y la intención ruralista de derogar la Ley de Manejo del Fuego.
En la mañana de este viernes estaban siendo contenidos los focos ígneos de Villa del Dique y Malagueño. Según se informó oficialmente, 80 bomberos de cuarteles de Traslasierra trabajan en un incendio forestal en Ambul, entre Mina Clavero y Salsacate; mientras que otro fuego se registra en el predio del Tiro Federal de esta capital, camino a La Calera.
En este último siniestro, trabajan bomberos voluntarios con colaboración de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía.
En el de Ambul, en tanto, más de 80 bomberos, personal del ETAC y el Plan Provincial de Manejo del Fuego, y aviones hidrantes combaten las llamas, según precisó la Secretaría de Gestión de Riesgo, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia.
Los incendios de Villa del Dique y La Calera, que afectó la autopista Córdoba – Carlos Paz, ya fueron contenidos y están en guardia de cenizas. El jueves hubo familias evacuadas en los alrededores de la autopista.
Jorge Molina, el jefe de Bomberos de Salsacate, dijo que el fuego comenzó el jueves por la noche y, dadas las condiciones, “se ha extendido bastante” por la presencia de pajonales y vegetación alta. Debido al viento del noreste, las llamas se dirigían hacia la localidad de Ambul.
Poco después, la Policía informó un nuevo foco ígneo, sobre la ruta 5. Según indicaron, se trata de un incendio sobre pastizales, a la altura de barrio Universitario de Horizonte, al suroeste de la Capital.
Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Prevención de Riesgos, indicó que el incendio de La Mezquita fue declarado “circunscripto”: “fue un incendio explosivo por la velocidad de propagación por la manera en que se dio, por la forma en que avanzaba y se propagaba. Fue una cosa complicada”.
“Se inició cerca de la avenida Don Bosco, se llevó al sur, a cerca de la Shell. Se evacuó a la gente de la estación, de un geriátrico que hay. Cuatro bomberos sufrieron quemaduras, tres ya fueron dados de alta y uno estuvo en terapia intensiva”, agregó el funcionario.
Las zonas y formas en que fueron generados los incendios en zonas de pastizales, generaron los resquemores de una intención detrás de los episodios. Las imágenes aéreas sirvieron para graficar cómo se fueron dando las llamas, casi delimitando los diferentes terrenos.
Hay un antecedente cercano: los fuegos de octubre del año pasado en la región serrana de Córdoba, con los que se denunció la voracidad inmobiliaria.
“Todos sabemos cómo son los especuladores inmobiliarios en Punilla y en Córdoba. Prendieron fuego medio Punilla y los responsables sabemos quiénes son”, expresaba en ese entonces a VillaNos Radio Federico, vecino de Cuesta Blanca. Su casa fue devorada por las llamas.
Jorge Boido, coordinador del Departamento de Comunicación de la Cooperativa Integral (Coopi) de Villa Carlos Paz, mencionó al joven que admitió haber hecho una fogata para hacerse un café: »Un chango que hizo fuego para calentar algo para tomar. Pero está siempre la metodología de lo inmobiliario…. Fuego y luego loteo».
La sospecha no es fortuita ni exagerada. Cuatro semanas antes de aquellos fuegos, la Secretaría de Ambiente provincial estaba desarrollando una audiencia pública para evaluar el estudio de impacto ambiental del emprendimiento Club Vacacional Veneto 360.
Se trata de cuatro torres de departamentos, un centro comercial, un restaurante, predio deportivo, pileta y las oficinas de la propia desarrollista. Pretendían emplazarlo en un predio de siete hectáreas, en los alrededores de la torre de El Pato, a 900 metros del lago San Roque y muy cerca del límite con Villa Carlos Paz.
Foto: @PoliciaCbaOf
¿Cuál es la cuestión? Precisamente esa zona fue afectada por un voraz incendio en el año 2020.
La Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa) se manifestó categóricamente en contra del emprendimiento que pretendía emplazar “en una zona con bosque protegido”.
“Esa zona es categoría roja según la Ley de Bosques y no se debe desmontar”, remarcaron desde la ONG que, entre otras destacadas acciones, ya logró impedir con un amparo ambiental el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario en San Antonio de Arredondo también proyectado sobre zonas amarillas y rojas.
En un comunicado, ADARSA planteó que “en la misma comuna en donde se va a desarrollar este emprendimiento hay una marcada escasez de agua en época estival. A pesar de esto, el proyecto incluye -sin sonrojarse- varias piscinas con borde infinito y una cascada de grandes dimensiones. Ocupará un total de 7 hectáreas, con un complejo de 32 mil metros cuadrados y seis torres, impactando directamente en el embalse y el bosque nativo que se está recuperando naturalmente luego de los incendios del 2020”.
Foto: @PoliciaCbaOf
En este contexto sobresale la reciente propuesta del diputado nacional por la Libertad Avanza, Beltrán Benedit, de derogar la Ley 27.604 de Manejo del Fuego. La Sociedad Rural de Rosario se pronunció abiertamente a favor de la iniciativa, calificando la normativa vigente como «inútil e ineficaz».
La ley en cuestión, popularmente conocida como “Ley Máximo” por el impulso recibido de parte de Máximo Kirchner, fue implementada en 2020 con el objetivo de proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales. Introdujo una modificación en el artículo 22 bis de la Ley de Manejo del Fuego 26.815, estableciendo la prohibición de vender terrenos incendiados por un período de entre 30 y 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios descontrolados.
La Sociedad Rural de Rosario, en un comunicado sacado en julio, argumentó que esta ley «es inútil e ineficaz» y que «se violan competencias jurisdiccionales». Guillermo Farbman, socio y asesor de la entidad, declaró que la normativa «afectó durante mucho tiempo la producción agropecuaria» y que «no tiene ni pie ni cabeza». Para Farbman, la ley actual obliga al abandono de los campos incendiados, impidiendo su uso productivo durante décadas, lo que considera «sumamente arbitrario» y «no científico».
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) también expresó su rechazo a la ley actual, describiéndola como un «nuevo intento de avance sobre la propiedad privada». Para CAIR, la prohibición de actividades agrícolas en terrenos incendiados constituye una «confiscación estatal sin precedentes», que solo sirve para «espantar la inversión productiva».
Mientras, el gobierno sigue desfinanciando el área de manejo del fuego, y escatimando el aporte de recursos a provincias que suelen ser críticas con los incendios, como Córdoba y Santa Fe. Para algunas regiones como Punilla, la suerte está echada. Y algunas desarrolladoras inmobiliarias se frotan las manos.
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Pero no esta vivente la ley del fuego? Si, les parece que en terrenos militares haria falta quemar si quisieran hacer un emprendimiento inmobiliario?????