Los empresarios analizan el acuerdo y su posición final ante el Congreso

Por: Martín Ferreyra

Tanto los sectores cercanos al llamado Círculo Rojo como los que representan a las pymes tienen expectativas de que sirva para "salir de la crisis".

A última hora del viernes, los empresarios que integran el Grupo de los Seis (G6) esperaban una convocatoria para participar el próximo martes de la sesión en la que la Cámara de Diputados tratará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Si bien trascendió en estos días una confirmación de la asistencia de esos dirigentes al Congreso, el titular de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, aseguró a Tiempo que todavía no habían sido llamados. En caso de que la invitación se concretase, agregó el mercantil, la respuesta de la cámara será positiva. Una posición idéntica se informó desde la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Además de la CAC y la SRA, el G6 está integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Asociación de Bancos (Adeba) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, encabeza también el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), que congrega a buena parte del llamado Círculo Rojo.

De confirmarse la invitación a participar del debate parlamentario, además del G6, serían de la partida la federación pyme Cgera, la CGT y la CTA.

Al cierre de esta edición, entidades como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) no se habían pronunciado sobre el acuerdo con el Fondo Monetario.

El dirigente del FCE y miembro del directorio de IDEA, Miguel Blanco, definió el entendimiento con el organismo internacional como «un primer paso imprescindible para poder empezar a tomar las medidas necesarias para salir de la crisis», y agregó a este medio que «por sí solo, no va a solucionar la situación, pero la alternativa del default era mucho peor».

Esta se desprende como la posición predominante entre los hombres de negocios. En la misma tónica estuvieron declaraciones de dirigentes como Gustavo Weiss, presidente de Camarco, y de Marcelo Fernández, presidente de Cgera.

Fernández en particular consideró «necesario que avance en el Parlamento el entendimiento con el FMI, para que los proveedores no nos dolaricen y también para que los empresarios podamos acceder a más y mejores créditos para la producción».

También desde el universo fabril, el titular de la organización Industriales Pymes Argentinas (IPA), Daniel Rosato, abogó por la firma del acuerdo «para poder lograr la reinserción de la Argentina en los mercados mundiales y lograr el financiamiento para las inversiones locales», destacó la entidad en un comunicado.

También se resaltó el pronunciamiento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham). Esta entidad comunicó que «celebra y apoya al gobierno argentino habiendo llegado a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda contraída con ese organismo multilateral de crédito».

Amcham reclamó también que la administración nacional «realice los cambios requeridos para generar las condiciones de estabilidad macroeconómica necesarias, abordar los desafíos estructurales y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo».

Esas definiciones, argumentó, redundarán en un impacto positivo «en el clima de negocios, y posibilitarán que las empresas aceleren sus programas de inversión y aprovechen las múltiples oportunidades que la Argentina ofrece, siendo el sector privado el actor fundamental para la recuperación económica de nuestro país».

Más repercusiones

La Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) celebró que el acuerdo con el FMI «ya está estabilizando la macroeconomía» y auguró que el sector será protagonista de la actividad económica en los próximos meses.

Y los think tank acompañaron la mirada. Por caso, el economista Germán Fuentes, de la Universidad de Belgrano, expresó que «la idea de esta refinanciación del stand-by otorgado en junio en 2018 es alcanzar las obligaciones pautadas con el FMI, ajustando los bolsillos de los argentinos lo menos posible, al mismo tiempo que lograr un consenso político y social, de forma tal de llegar a 2034 habiendo servido la deuda», completa. «

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