La iniciativa oficial está incluida en el paquete de la reforma laboral. Desde el SADOP, aseguran que es "ilusorio y poco serio que los sindicatos promuevan negociaciones paritarias que pongan en jaque la estabilidad de los trabajadores".
En el mismo sentido desde el gremio aseguraron que esto sucede en un contexto económico complicado por el impacto de las devaluaciones, los tarifazos, la inflación y los condicionamientos de las pautas generales presupuestarias. Señalaron que «esta idea remite a los convenios colectivos de trabajo de cada sector, de acuerdo para determinar sus cupos, la asignación estímulo -no remunerativos-, la organización de tareas y las cargas horarias».
Los docentes privados, en la posición de Lazzaro, aseveran que «la iniciativa oficial resulta funcional a los intereses de las grandes empresas y los capitales trasnacionales que, a través de la instrumentación de esas medidas, pueden recurrir a mano de obra barata bajo la ponderable justificación de la enseñanza laboral». Sostienen que «el proceso que concluyó con la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional en 2005 fue precedido por un abanico de consultas a sindicatos, empresas y gremios docentes», aunque explican que con la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006 se crearon ámbitos de participación, como el Consejo Económico-Social, homologado como Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (Conetyp).
«Ninguna de esas instancias, y tampoco de modo técnico el Conetyp, fue consultada sobre esas propuestas, pero Trabajo lo integra a través de la Secretaria de Empleo», enfatiza la dirigenta, quien agregó: La agenda de una educación para el trabajo debe asentarse en «la defensa de los derechos laborales y la justa distribución de la riqueza, y en fuertes inversiones en ciencia-tecnología para vivir con lo nuestro». Y finalizó asegurando: La educación para el trabajo requiere de manera indispensable e insustituible un proyecto de Nación en el marco de un modelo de país con tendencia industrialista, protector de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), con barreras ante la importación indiscriminada y con fuerte énfasis en la promoción integral del trabajo y de los trabajadores».
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