Los casos de abuso que se esconden tras las cifras de embarazo adolescente

En enero de 2018, Unicef anunció con bastante preocupación que en la Argentina, desde hace 25 años, el 15% de los nacimientos corresponde a madres niñas y adolescentes. El porcentaje representa a más de 5 millones de entre 10 a 18 años.

Pero al profundizar en los detalles, en las últimas semanas se conoció una cifra abrumadora. La provincia de Misiones anunció oficialmente que 202 niñas fueron obligadas a parir durante 2017. El número fue dado a conocer por Lisandro Benmoar, ministro de Desarrollo Social de la provincia, donde del 22% de los nacimientos que suceden allí corresponde a madres menores de 19 años.

En el caso de las 202 chicas, tienen entre 9 y 14 años, por lo cual se deduce corresponden a casos de abusos y estupro. Ninguna de ellas tuvo acceso a lo que les corresponde por derecho: la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que está vigente desde 1921. Al negar ese derecho, los profesionales no denuncian los casos.

Las ILE que se practicaban en varios hospitales de la provincia ahora sólo se realizan en Posadas. Eso implica que, si a una mujer embarazada del interior de la provincia se le muere su hijo durante la gestación, tiene que esperar la derivación para lograr que le practiquen la interrupción.

La situación se repite en varias provincias, sobre todo del NOA y el NEA, donde los médicos se niegan a realizar los abortos no punibles.

En La Rioja, las militantes feministas denunciaron que la responsabilidad de los médicos en clínicas termina en la derivación al hospital público, pero que en el medio son varios los pacientes que no llegan al hospital, es decir que no hay un seguimiento. 

Uno de los casos de gran resonancia sucedió hace semanas en Salta, donde una nena de diez años ingresó a un hospital que se negaba a practicar una ILE. A partir de la polémica que provocó el caso, la provincia decidió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción del Embarazo, decreto que fue elaborado por el gobierno nacional en 2015. «

Misiones, al tope

«Estamos hablando de un ministro de Desarrollo Social que es médico, y que lo que hace es plantear que van a trabajar sobre la prevención de detectar a niñas posibles de ser violadas. El planteo es en términos de que las niñas son ‘capaces de contraer un embarazo’. Como si fuera algo que se contrae, como si fuera que las violaciones de niñas fueran lo mismo que el sarampión», dice Mariana Pizarro, docente, actriz y militante feminista.

«Es una provincia donde hace más de dos décadas que no se puede bajar el 22% de mujeres y niñas menores de 19 años obligadas a parir. El ministro se jacta de que bajó un punto, pero lo cierto es que la provincia sigue siete puntos arriba de la media nacional, que es 15. En algunas zonas de Misiones escala a un 28%», expresa.

Según la activista, históricamente obligan a parir a las niñas violadas dentro de una cadena de impunidad nefasta. «No hacen la denuncia del abuso, hacen supresión de identidad porque no anotan al bebé a nombre de la niña obligada a parir sino a nombre de la madre del abusador o inclusive a veces a nombre del abusador. Es decir que las niñas tienen que volver a la casa de sus abusadores y no se pueden ir porque no quieren abandonar al niño».

El ministro Lisando Benmoar expresó públicamente que el año pasado parieron 5000 niñas y adolescentes. De ese total, 202 fueron obligadas a continuar con su embarazo, y habían sido víctimas de abusos en una provincia que cuadriplica la media nacional de denuncia por delitos sexuales. «Es escandaloso cuando el mismo ministro reconoce ese número porque a su vez, reconoce que no se aplicó el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, que en Misiones está vigente y es uno de los mejores. La situación es muy grave porque la provincia lidera las estadísticas de trata de personas, de venta de bebés, de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. A los docentes que detectan abusos los persiguen y a los directivos que encubren no les ponen sanción. Lo mismo pasa con los médicos que esperan que avance el embarazo y les dicen a las madres que es más peligroso abortar que parir».

La Rioja, la provincia que se niega a aplicar la ILE

La Rioja es una de las provincias que tiene un elevado porcentaje de embarazos no intencionales en adolescentes, pero no hay u na cifra exacta sobre la cantidad de niñas obligadas a continuar con su embarazo, sí se sabe que no hay un normal funcionamiento en cuanto a la aplicación de la ILE.

Florencia Dalmazzo es psicóloga integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir. «El panorama en el hospital público es nefasto en cuanto a lo que se refiere el acceso al ILE por causal violación o salud. La mayor parte del Comité de Ética del hospital son pro vida y por lo tanto someten a las pacientes a varias instancias y luego encima rechazan el pedido y las mujeres tienen que continuar con el embarazo. Desde la red, hicimos un planteo en este sentido a la senadora Inés Brizuela y Doria y nos planteó que había que ‘darles tiempo a los profesionales objetores’. ¿Cuánto tiempo más si la ley tiene 97 años?», cuestiona la psicóloga.

Entre las problemáticas más grandes de la provincia están los delitos sexuales. De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Seguridad riojano, la mayor parte de los presos lo están por haberlos cometido. Si bien no hay demasiados registros acerca de embarazos por abusos, cuando hubo casos en el hospital, las víctimas  tuvieron que seguir con sus embarazos. «Todos los casos han tenido obstáculos para acceder a la práctica del ILE. A una niña con parálisis física se le impidió directamente. Nunca pensamos que una chica cuadripléjica  adolescente y con una edad mental de cuatro o cinco años que no puede hablar vaya a elegir libremente tener relaciones sexuales, eso es causal violación. Se lo negaron rotundamente. Tuvo un parto prematuro producto del nivel de excitación emocional que tenía por la situación que vivía.

También se le negó a una niña violada de 13 años y a una mujer con insuficiencia renal grave con un riesgo alto de morir. Cuando tuve que comunicarle la decisión del comité de ética, me pedía a los gritos que no la deje morir.»