«Lo hice por joder, pero me usaron políticamente para que sirviera de ejemplo»

Hace exactamente un año atrás, los vecinos de la calle Aconcagua al 1600, de Villa Bosch, vivieron lo que solo habían visto en películas. Unos 50 efectivos de la División Cibercrimen de la extinta Policía Metropolitana, acompañados de perros y drones, perimetraron la cuadra e irrumpieron en un chalet. «Están buscando a Bin Laden», bromeó un curioso, incapaz de imaginar que no estaba tan equivocado.

En la casa allanada vivía Miguel de Paola, estudiante, entonces de 21 años, que luego pasaría 53 días detenido, acusado de intimidación pública agravada por terrorismo. ¿Qué había hecho? «Estaba con un grupo de amigos y se nos ocurrió crear una cuenta falsa de Twitter de un árabe. Lo hice jodiendo, y en uno de esos tuits mencioné a Macri. Después me enteré que lo consideraron una amenaza directa al presidente».

Desde la cuenta creada como @HassanAbuJaaf, con el hashtag #PrayForArgentina, De Paola tuiteó mensajes anunciando posibles atentados a la Casa Rosada o a una línea de subterráneo. Lo hizo, según sus palabras, «para joder un rato», pero en la Metropolitana no pensaron lo mismo y junto a la Policía Federal desplegaron un operativo –que también presenció la jueza María Servini de Cubría, que estaba de feria– que terminó con la detención de De Paola y un sobrino suyo en una vivienda de Villa Ortúzar. «Lo dejaron incomunicado y me empecé a preocupar, hasta que a las nueve de la noche prendo la televisión y el tema ya era cadena nacional. Estaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dando una conferencia de prensa con cara de susto, como si hubieran encontrado una célula del ISIS en la Argentina. Así empezó el desastre», recuerda Nora Donda, la madre de Miguel.

El joven fue alojado en una comisaría hasta su traslado a la Unidad 29 de Comodoro Py. Luego permaneció cinco días en la Unidad 28 de Tribunales, sobe la calle Lavalle, hasta que se decidió llevarlo a la cárcel de Devoto. Allí no lo recibieron porque tenía una medida de resguardo físico y fue devuelto a la U 28 hasta su estadía final en el Complejo Federal de Ezeiza.

«Tenía una celda individual pero nada más. Un preso me pasó sábanas, un té y algo de comida. Fui al Módulo Uno, que es lo mejor. Estaba lleno de colombianos, imagino que eran narcos, y todos los días me cruzaba con Mangeri (el portero condenado por violar y asesinar a Ángeles Rawson) y con los músicos de Callejeros, y me hice compañero del hijo de Mameluco Villalba».

Durante el allanamiento a la casa de los De Paola, la policía secuestró siete computadoras, entre notebooks y CPU que la familia usaba para trabajar: la madre es perito calígrafo y el padre, contador público). «Nos dejaron incomunicados porque también nos sacaron los celulares. De todo eso, solo nos devolvieron las cédulas de los autos. Tuvimos que empezar desde cero», recuerda Nora. Miguel De Paola padre, en tanto, reconoce que nunca podrá perdonar al gobierno nacional por todo lo que sufrieron. «¿Cómo se entiende que a un chico sin antecedentes, que tiene domicilio fijo, que colaboró con la Justicia, que nunca se resistió, lo hayan dejado tanto tiempo preso? Lo usaron políticamente para que sirviera de ejemplo. Lo que hicieron fue una injusticia total.»

Disidencia y libre expresión

El caso de Miguel fue visible porque se lo castigó de manera desproporcionada. La Asociación de Pensamiento Penal y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron un amicus curiae cuestionando la aplicación de la ley antiterrorista. Pero existen muchos otros ejemplos de personas judicializadas por expresar opiniones contrarias al gobierno en redes sociales. Mónica Sterky es una docente universitaria de 53 años que fue imputada por intimidación pública, un delito que prevé de dos a seis años de prisión.

La acusación se basa en un tuit que habría escrito Sterky en la época en que el presidente Macri opinó públicamente sobre el asesinato de un ladrón a manos de un carnicero. El texto decía: «Si el Presidente dice que se puede matar a los ladrones, entonces podemos salir a matar al Presidente». «Realmente es un disparate. Para que sean amenazas, tienen que afectar la libertad de una persona, y dudo mucho que Macri se haya enterado», explica su abogado, Adrián Albor.

«Considero –dice Sterky– que estamos frente a un gobierno autoritario, que para llevar adelante su política económica debe callar las voces disidentes. Es necesario disciplinar a la población para que naturalice la miseria económica, la exclusión cultural, la represión de la protesta social, y poner límites a la libre expresión de las disidencias». «

Imputada por amenazar a Antonia en las redes

Una ex empleada del Ministerio de Desarrollo Social escribió en sus cuentas de Twitter y Facebook diferentes mensajes en los que se refería en forma amenazante al presidente de la Nación y a su familia, incluida Antonia. Esos 140 caracteres le costaron un embargo por 150 mil pesos y una imputación que está a cargo del juez Ariel Lijo. La causa se inició el 5 de marzo pasado y los mensajes en las diferentes redes sociales fueron detectados a través de un «ciberpatrullaje» de rutina del Área de Cibercrimen de la hoy extinta Policía Metropolitana. La mujer, que hoy está desempleada, admitió que las frases que escribió en sus redes «fueron una estupidez».

Un caso realmente peligroso: llamadas 911 y una granada

En agosto de 2016, la gobernadora María Eugenia Vidal recibió amenazas telefónicas que, según consta en la causa, ponían en peligro su vida. Los llamados se habían realizado al 911 desde un celular luego identificado como propiedad de Carlos Darío Lares. Este año, el fiscal federal Nº 2 de Morón, Carlos Hernán García, pidió la elevación a juicio oral para el hombre de 30 años, que permanece detenido desde que se identificaron las llamadas. En su domicilio se secuestró una granada marca FK2, por lo que se suma el delito de tenencia de material explosivo sin autorización. Después de estas amenazas, la gobernadora se mudó a la Base Aérea del Palomar.

NO SE LESIONÓ EL ORDEN PÚBLICO, SÓLO BUSCAN DISCIPLINAR

Por Gonzalo Freijedo*. Columna de opinión.

Intentamos darle visibilidad al caso del tuitero Miguel De Paola porque nunca había ocurrido que alguien quedara preso por una acusación como la que él enfrentó. El artículo 211 del Código Penal habla de infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes. Más allá de que la figura no es muy precisa, hay que destacar que los tuits de Miguel no generaron ningún tumulto ni alteraron el orden público: no se cerró ningún shopping ni tuvieron que evacuar una estación de trenes. Tampoco coincidimos en que se le haya aplicado el agravante de terrorismo.

Las fuerzas de seguridad que intervinieron debieron darse cuenta al minuto de allanar la casa de Miguel que no era un terrorista. No encontraron dinamita o elemento alguno que pudiera vincularlo con una organización extremista.

Lo que hay que pensar es que la justicia adoptó la medida más grave que podría tomar, es decir, encerrar a una persona, cuando no se trastornó de ninguna manera el orden público. Dicho mejor: la justicia debería tomar esa decisión sólo cuando se lesiona el orden público.

En la práctica, la mayoría de estos casos trataban sobre amenazas de bomba en los colegios, que generaban la movilización de fuerzas de seguridad con los famosos perros detectores. En el último tiempo se empezó a tomar acciones judiciales, que se resolvían con los pibes haciendo tareas comunitarias o embargando los bienes de los padres, pero con Miguel lo que se estaba discutiendo, lo que se puso de relieve, fue una cuestión de disciplinamiento. «

*Miembro de Asociación Pensamiento Penal, amicus curiae en el caso de Miguel de Paola.