El gobierno aceptó cambios en la propuesta sobre jubilaciones, retirar la privatización de YPF, y activar la comisión bicameral que analizará empresa por empresa. La redacción del dictamen no está cerrada.
Si esa aspiración del oficialismo se cristaliza, es posible que la Cámara Baja sesione el miércoles, cuando la CGT concrete el primer paro nacional contra las reformas que impulsa el presidente Javier Milei, o en su defecto el jueves.
A las 18 comenzaron a llegar los enviados del Gobierno para hacer una devolución a cada bloque sobre los planteos que venían transmitiendo desde el lunes. En nombre de la Casa Rosada, el cierre preliminar de la negociación estuvo en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos y de Santiago Caputo, considerado por Milei como «el arquitecto» de la victoria electoral de La Libertad Avanza junto a su hermana Karina. El coordinador en las sombras de la política comunicacional del Gobierno implicó un negociador de diálogo directo con el presidente. Junto a Francos, acompañaron al presidente de la Cámara Baja, Martin Menem y Eduardo «Lule» Menem, primo de Martin Menem, hijo de Eduardo y posible secretario administrativo de la cámara.
A diferencia de las rondas anteriores, esta vez hubo respuestas concretas que fueron anticipadas por los principales dirigentes de cada bloque involucrado. Cuando el presidente del bloque radical Rodrigo De Loredo salió de la reunión se animó a aportar detalles concretos del intercambio y anticipó los contornos principales de los principios de acuerdo. Los más importantes están puestos en la reforma de la fórmula jubilatoria, porque el Gobierno está dispuesto a introducir una exigencia innegociable que había planteado el radicalismo: suspender la fórmula por seis meses pero a cambio de implementar una actualización mensual con el índice de precios al consumidor del mes anterior. Si esa opción no prospera, el Ejecutivo esta dispuesto a sacar ese artículo, omitir el tema y dejar la discusión para más adelante.
La respuesta fue la misma que escucharon las autoridades de los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, dos conglomerados que suman 32 voluntades determinantes para que el proyecto avance o naufrague. Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Pamela Caleti no sólo corroboraron la predisposición del oficialismo para modificar la discusión previsional. También les confirmaron que el Gobierno sacará a YPF del paquete de 41 empresas que pretenden privatizar y que además activarán la comisión bicameral de privatizaciones para que luego de declarar a cada empresa sujeta a privatización, el Congreso pueda volver a intervenir a través del análisis del pliego de cada empresa. Si no es aprobado el proceso quedaría suspendido.
Con esa fórmula también podría quedar frenada la posible privatización del Banco Nación, otra de las empresas que HCF no quiere enajenar junto a Arsat, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Las demás pasarían por la bicameral de reforma del Estado y dependerán de la aprobación de los pliegos.
Otro eje que destrabó la negociación pasa por el capítulo fiscal. Tanto Francos como Caputo confirmaron que cederán en las retenciones a las exportaciones. Todavía no hay precisiones sobre las industriales, pero buscarían reducir a cero las exportaciones de economías regionales, uno de los temas que más resistencias habían generado.
Aun falta que cada uno de los puntos se plasmen a la redacción del dictamen que están pactando. Los representantes del oficialismo prometieron mandar un borrador a partir del domingo, aunque la dimensión del proyecto requiere otras definiciones. Resta saber qué quedará en pie de los capítulos de Cultura, Medio Ambiente, Educación, Reforma Penal y Justicia.
La reforma electoral no quedó completamente descartada, aunque Francos había dicho durante el plenario de comisiones que estaban dispuestos a resignarla por completo. La aplicación del sistema uninominal quedó enterrada, pero falta definir qué hacer con las PASO porque el Gobierno no quiere descartar la posibilidad de eliminarlas o «mejorarlas».
En la ronda, el oficialismo se concentró en el primer anillo de aliados. Antes de las reuniones en el Congreso, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, tuvo un encuentro con Francos. Sus voceros se apresuraron en vender que estaba todo cerrado, aunque a esa hora seguían las diferencias con la actualización jubilatoria y con la reforma electoral. Si bien la predisposición del bloque amarillo encierra un fuerte respaldo a casi todo el proyecto, sus integrantes también reclamaron un método de actualización que no sea por decreto, aunque estarían dispuestos a aceptarlo por uno o dos años. La otra discrepancia gira en torno al capítulo electoral, porque el PRO no quiere eliminar las PASO.
Cerca de Ritondo reinvidicaron la reforma de 100 de los 664 artículos del proyecto. Fue una forma de posicionar al PRO como interlocutor privilegiado, aunque las principales modificaciones fueron motorizadas por HCF, la UCR e Innovación Federal. Entre los puntos que fueron resignados por el Gobierno también está el artículo 654, que establecía la ratificación del DNU 70/23 como una forma de abrir el decreto y transformarlo en ley.
Los cuatro días de negociaciones que empezaron el lunes, tuvieron un foco estratégico: dejar afuera de la negociación al bloque de Unión por la Patria y al FIT, las dos fuerzas que podrían haberse quedado con un dictamen de rechazo por la mayoría si la Casa Rosada no cedía. En medio de ese juego, hubo mucho malestar entre los representantes del panperonismo porque los tuvieron esperando hasta último momento un posible plenario para este viernes. Se enteraron que recién sería la semana que viene cuando corroboraron que las autoridades de las comisiones del plenario ya estaban en sus provincias.
El destrato no pasó inadvertido para las espadas del panperonismo, que habían postergado el regreso a sus provincias mientras esperaban una precisión operativa que nunca llegó.
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