En medio de un nuevo intento del oficialismo por lograr dictamen en el Senado, Unión por la Patria y el radicalismo se expresaron a favor de la conservación del BNDG ante los hipotéticos plenos poderes de Milei en caso de aprobarse la ley. El tabaco vuelve a entrar en la discusión.
El radicalismo, anticipó que, en medio de las negociaciones, se acordó con el oficialismo que el organismo no va a ser tocado. Por estas horas se esperaba que la firma de dictamen de ambos proyectos se iba a postergar para la semana que viene. Sin embargo, se especula que hay acuerdo con bloques de la oposición en la modificación de la redacción de algunos artículos.
En el Salón Azul, preocupada, Carlotto les pidió a los senadores «memoria» para honrar compromisos con el pueblo. En ese sentido, se refirió a la histórica institución que preside resaltando los artículos 3 y 6 de la Ley de Bases, que habilita al Gobierno nacional a eliminar organismos públicos. En particular, a la posibilidad de la eliminación del Banco de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Se trata de instrumentos que han sido necesarios en el marco de la lucha por la búsqueda de los nietos apropiados ilegalmente durante la dictadura militar.
“Son logros de la democracia organismos que nacieron de una demanda social”, dijo la referente. Además señaló: “Seguimos buscando a otros 300 nietos desaparecidos”.
Por su parte, el genetista argentino Víctor Penchaszadeh manifestó que el Banco “es un organismo científico y estuvo siempre sobre la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología hasta que la cartera fue disuelta. Ahora depende de Jefatura de Gabinete sin saberse muy bien qué es lo que va a ocurrir”. “El banco siempre se ha mantenido como pionero de la genética forense. Sin las Abuelas, es muy probable que no se hubiera formado el Banco Nacional de Datos Genéticos”, agregó.
Asimismo, el especialista remarcó: “En el artículo 3 falta mencionar que el organismo debería estar al abrigo de decisiones inconsultas del Poder Ejecutivo y no lo está. Por qué no está en la lista de los que están excluido de posibles resoluciones arbitrarias del gobierno”.
Al respecto, el jefe de bloque de Unión por la Patria José Mayans expresó que “hacer desaparecer es atacar la historia argentina respecto a los derechos humanos. Acá tenemos reglas de la UNESCO, que ha reconocido el trabajo del BNDG en la Argentina”.
“Es un trabajo que se lleva en el corazón porque hay que recuperar a esas personas que han sido víctimas de desaparición, de crímenes, persecuciones y las personas que tuvieron sus hijos en cautiverio. El compromiso de nuestra fuerza es acompañarlos para que el banco nacional genético no desaparezca del presupuesto nacional”, agregó el formoseño.
Con lágrimas en los ojos, la senadora Silva le dijo a Estela de Cartlotto: “Los 33 de nuestro bloque vamos a rechazar el proyecto, porque ningún artículo es bueno. Si hacemos hincapié en uno no alcanzan los votos. Podemos modificar todo lo que se nos ocurra, pero sino rechazamos y vuelve a Diputados, pueden insistir en la redacción original con los votos que le sobran. Corre serio peligros, estamos en problemas”.
Desde el radicalismo, Eduardo Vischi adelantó que su espacio “ya ha puesto entre los condicionamientos de ley que el Banco Genético de Datos Nacional es un instituto que no se debe tocar y se debe mantener”. Por su parte, Martín Lousteau indicó: “La ley 23.511 es una ley de la época de (Raúl) Alfonsín. Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a la enorme tarea y a la impronta que ha tenido Alfonsín en la reconstitución de nuestro modelo democrático de la recuperación de un modo de vida”.
El porteño añadió: “Hoy vemos negacionismo científico porque la ciencia ha determinado que habido supresión de identidad y por ende apropiación. Y la ciencia es histórica para la Argentina porque construye democracia”.
Durante este miércoles, también desde el sector de las tabacaleras, se defendió el capítulo incorporado en la ley Bases a instancias de la oposición en la Cámara de Diputados sobre impuestos internos al tabaco.
Lucio Paz Posse, de la Cámara de Tabaco de Salta, y Pedro Pascuttini, de la Cámara de Tabaco de Jujuy, pidieron resolver la situación de desigualdad tributaria, a partir de la negativa de Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero -conocido como el “Señor Tabaco”-, de pagar el impuesto mínimo, afectando así a la recaudación y asegurando su poderío dentro del mercado.
El texto, que originalmente había sido contemplado por el Poder Ejecutivo, pero luego lo retiró y finalmente la oposición dialoguista logró sumarlo, aumenta la tasa del impuesto interno sobre los cigarrillos del 70% al 73% y elimina el impuesto interno mínimo.
“Los productores tabacaleros en Argentina son empresarios PyME y están atravesando una situación extremadamente delicada”, sostuvo Paz Posse, quien explicó que “del valor del paquete del cigarrillo el 78% son impuestos y además tenemos hoy un impuesto mínimo”. “La ley que hoy tenemos vigente es la ideal, pero lamentablemente por artilugios jurídicos de distintas industrias, que en su momento eran muy pequeñas y hoy tienen más del 50% del mercado, no se está cumpliendo”, apuntó.
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