En 2015, la porción de ingresos destinada a esos pagos era del 6%. Es por el ajuste y la dolarización de los servicios.
El gobierno nacional justificó la magnitud de los tarifazos adjudicándole un papel correctivo, ya que con ellos se iba hacia una «normalización» de los precios. Al mismo tiempo, el gobierno impulsó una política de suba salarial a la baja, con lo que los trabajadores debieron destinar cada vez una parte mayor de sus salarios para pagar las tarifas.
«Esta relación se va a mantener o va a aumentar de acá a fin de año», le dijo a Tiempo Santiago Fraschina, coordinador del Obervatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). «La proporción de salario destinado al pago de los servicios públicos no va a bajar y esto será una constante en lo que queda del gobierno de Mauricio Macri», agregó.
Según Fraschina, existen dos razones para que esto sea así: «De un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario exige una mayor quita de subsidios que todavía se destinan a los servicios públicos; del otro lado, la dolarización de los servicios públicos lleva a que con cada devaluación se incremente el valor de la tarifa y, por lo tanto, ocupe una porción mayor del salario», explicó.
La UNDAV realizó un estudio en el que comparó el peso de un grupo de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) sobre el salario mínimo que se paga en un conjunto de países. Así, mientras que en 2015 sólo se destinaba el 6% del salario mínimo en la Argentina para pagar esos servicios, esa proporción pasó al 21% en 2018.
Pero como ese cálculo no incluye los últimos aumentos de luz -ya producidos- y de gas -por venir-, al tiempo que el salario mínimo podría crecer apenas un 25% (ver página 18), esa proporción subiría al 25% a fin de año según un cálculo de este diario.
El estudio de la UNDAV muestra como este derrotero fue específico de la Argentina. En ninguno de los otros siete países analizados se verificó un salto semejante y en cinco de ellos, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, los servicios públicos absorben entre el 14 y el 19% de sus respectivos salarios mínimos. Por encima del caso argentino se encuentran sólo Chile, con el 23%, y Venezuela, con el 33 por ciento.
Otro estudio, realizado por Cifra, centro de investigaciones que desarrolla sus actividades en la CTA de los Trabajadores, mostró resultados similares para la misma época.
Según esta investigación, «el peso del pago de servicios de gas natural se incrementó del 1,0 al 4,2% sobre el salario registrado del sector privado», calculado tres meses atrás en $ 29.140 de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo. Es decir, en este caso, cuadruplicó el peso del valor del consumo de gas natural en el salario entre 2015 y 2018.
En el caso de la electricidad y para el mismo período, su peso se incrementó desde el 0,3 al 3,2 por ciento. Es decir, se multiplicó por 10.
Y si la comparación se hace sumando el peso conjunto del gas y la electricidad sobre el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado, esa proporción pasa del 1,4 en 2015 al 7,4% en 2018, más de cuatro veces más.
La política del gobierno para lo que resta del año es de apretar el acelerador con las subas tarifarias: transporte y electricidad ya fueron ajustados días atrás, mientras que esperan su turno el gas y el agua para octubre y noviembre. Y esto es por ahora, ya que como dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, «aspiramos a que este año no haya necesidad de otro aumento». Pero ello depende de qué pasará en el valor del dólar ya que su fuerte incremento derivó en que los tarifazos sólo sirvan para paliar el incremento de los subsidios y no para reducirlos. Mientras tanto, los salarios no podrán supera la banda del 25% de aumento este año. «
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