Se sabe que líderes de varios países del mundo tienen que dar explicaciones sobre montañas de dinero que tenían, según creyeron, a resguardo de miradas indiscretas y ahora quedan al desnudo. Tres presidentes en ejercicio de Latinoamérica -Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader, de República Dominicana- y once ex mandatarios, entre ellos de Perú, Colombia, de Paraguay. En la volteada aparecen el rey emérito de España Juan Carlos I (cuándo no), el rey de Jordania, presidentes de Ucrania y Kenia, el primer ministro checo.
Se sabe también que Argentina se ubica en el podio de los mayores implicados en este tipen el índice de “beneficiarios finales” de empresas radicadas en esas cuevas fiscales por millón de habitantes, sería el primero lejos.
Se sabe, además, que hay implicados deportistas, cantantes, dirigentes políticos, que eligen escamotear sus ingresos del escrutinio del resto de la población para no aportar su cuota parte en el mantenimiento de las comunidades en las que viven y de las que extraen esos beneficios.
Todos en mayor o menor medida están dando sus explicaciones. Algunos es escudan en que el hecho de formar una empresa offshore no es ilegal, o que tenían el dinero declarado de alguna manera no tan visible.
El expresidente Mauricio Macri, a modo de ejemplo, cuya familia suele aparecer en este tipo de investigaciones y ahora no fue la excepción, declaró hace un mes que “para ganar plata hay que evadir impuestos”. Y no hubo un escándalo nacional por esas palabras en los grandes medios, esos mismos que ahora presentaron el informe conocido como Pandora Papers. Lo que no aventura demasiado escándalo en algunos lugares del mundo.
Como sea, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) forman parte de los diarios más influyentes de varios países del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, Alemania. Por Argentina participaron periodistas de La Nación, Infobae y ElDiarioAR. El trabajo fue sin dudas inmenso ya que se trató de casi 12 millones de archivos provenientes de 14 empresas de servicios offshore y participaron más de 600 periodistas y analistas informáticos de 117 naciones durante dos años hurgando en esa enorme cantidad de material.
Pero hay algunas lagunas en la información que, posiblemente se comiencen a develar en los próximos días -la información va saliendo a cuenta gotas por una estrategia mediática comprensible- o que quizás no tengan respuesta.
El agregado de “Paper” a la revelación de información secreta nació en los 70 con los Pentagon Papers, la primera gran filtración de documentos sensibles producida por un analista del departamento de Estado, Daniel Ellsberg, sobre la guerra de Vietnam, en 1971. No la pasó bien Ellsberg y a punto estuvo de ser juzgado por traición a la patria durante el gobierno de Richard Nixon.
En lo que va del siglo, el caso que más trascendió también tenía relación con aventuras bélicas de Estados Unidos y fueron los documentos que otro analista, Chelsea Manning, filtró sobre atrocidades en Irak y Afganistán de tropas de ese país en 2010 a través del sitio WikiLeaks. Tampoco la pasó bien Manning, detenida en una prisión de máxima seguridad de EEUU e indultada por Barack Obama como un gesto final antes de dejar el gobierno, en 2017. El que la pasa peor es el australiano Julian Assange, el creador de Wikileaks, una plataforma que usa servicios encriptados para proteger a quienes compartan información que afecte a la sociedad en manos de pocos y poderosos, ya sean gobiernos o individuos.
Pandora Papers tiene el mayor volumen de datos de alguna filtración, según quienes investigaron el caso. Supera a los anteriores Panama Papers, Paradise Papers y Offshore Papers en cantidad de información: son casi tres Terabytes. Todos estos escandaletes salieron a la luz mediante plataformas encriptadas.
Lo que algunos malpensados sostienen es que si bien aparecen datos a granel sobre estudios y consultoras que realizan la tarea de crear esas compañías en cuevas fiscales, no hay de Estados Unidos ni de su mayor distrito con protección para inversores, que es Delaware. Por casualidad, se diría, ese pequeño estado es el que el actual presidente Joe Biden representó como senador durante 36 años, desde 1973 hasta que fue vicepresidente de Obama.
Tampoco aparecen las mayores fortunas estadounidenses. Apenas un no tan conocido Robert F. Smith, un multimillonario que ya tuvo algunos problemas con la agencia de recaudación y debió pagar 140 millones de multa. No es por pensar mal, pero Smith es el afroamericano más rico de EEUU.
Por otro lado, es cierto que los periodistas no deben revelar sus fuentes, pero los mismos medios que en 2010 blandieron la espada de la transparencia sobre las revelaciones de WikiLeaks y luego miraron para otro lado acerca de la suerte de Manning y Assange -que pasó estos últimos nueve años de su vida sin ver la luz del sol, primero en la embajada de Ecuador en Londres y desde 2019 en un penal de esa ciudad- ahora vuelven a mostrar su rol de fiscales sin inmutarse. Ahora, como antes, están el Washington Post, El País de España, The Guardian de Gran Bretaña, Le Monde, de Francia. La pregunta sería quién es capaz de semejante filtración sin sufrir la amenaza de padecer las mismas consecuencias que Assange, por decir algo.
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